El Gobierno regional destina 1.5 millones de euros.

Diario "La Opinión"                                                                                                                                                                                                     

Enlace

Los servicios en los turnos de oficio estarán gravados a partir de ahora al 21%.

Catalá solicitó ayer a Montoro mantener la exención fiscal.

Los letrados temen que el cambio de criterio fiscal afecte a sus remuneraciones.

Terremoto fiscal para los abogados y procuradores de oficio. Hasta ahora, los servicios que prestaba este colectivo no estaban sujetos a IVA en la medida en que se entendía que eran obligatorios y gratuitos. Una interpretación que acaba de cambiar. Una reciente consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (DGT) establece que los honorarios en los turnos de oficio, que son abonados a cargo de los presupuestos públicos, deberán gravarse al tipo del 21%. El cambio afecta a 44.000 abogados y ha generado una enorme incertidumbre en el colectivo.

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) fue de los primeros en posicionarse y emitió ayer un comunicado en el que reclama una reunión urgente con los responsables de Hacienda y Justicia de la Administración central y de la Generalitat para evaluar el alcance de la decisión. Las consecuencias del cambio de criterio no están claras. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, pidió ayer a su homólogo de Hacienda, Cristóbal Montoro, que se mantenga la exención fiscal.

Los letrados temen que el cambio de criterio fiscal afecte a sus remuneraciones

Los abogados de oficio se suelen quejar de las bajas retribuciones y temen que la obligación de tributar por IVA reduzca aún más sus remuneraciones. Hoy cobran en torno a 125 euros por caso, un precio alejado del de mercado. Si el gravamen del 21% se aplica sobre los honorarios vigentes, el coste recaerá sobre los presupuestos públicos y afectará a las cuentas del Ministerio de Justicia y también de las comunidades autónomas. Sin embargo, fuentes judiciales temen que la Administración opte por rebajar las retribuciones de los turnos de oficio, lo que supondría que el coste fiscal sería asumido por los abogados de oficio.

Tributos justifica el cambio de criterio en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que pone en duda que la asistencia jurídica gratuita sea obligatoria en la medida en que no todos los abogados prestan ese servicio. Además, Tributos también revisa la idea de que el servicio sea gratuito, el otro elemento que justificaba que no se aplicara el IVA. Hacienda indica que la defensa gratuita que reciben personas con escasos recursos es pagada por un tercero (la Administración). Es decir, el beneficiario directo del servicio no abona la factura, pero ello no significa que no tenga coste. De hecho, el sector público destina más de 200 millones al año a abonar estos servicios.

El abogado y socio del despacho Ático Jurídico, José María Salcedo, recela de los argumentos esgrimidos por la Dirección General de Tributos para justificar que los abogados de oficio apliquen el IVA. Destaca que la justicia gratuita es un derecho constitucional y, en el caso de que no hubiera abogados y procuradores que voluntariamente se adscribieran al turno de oficio, se debería establecer la obligatoriedad. Salcedo también discute el criterio de Tributos que indica que el servicio no es gratuito porque es abonado por un tercero. En este caso, el abogado indica que la norma que regula la asistencia jurídica gratuita establece que el Estado subvenciona los servicios. “Estamos, por tanto, ante una subvención, no una contraprestación, y como tal ha de tratarse a efectos de su posible integración en la base imponible del IVA”, indica.

Más allá del debate jurídico y fiscal, la realidad es que el nuevo criterio es vinculante y de obligado cumplimiento para la Administración y la Agencia Tributaria. Sin embargo, Salcedo asegura que es improbable que Hacienda empiece a realizar liquidaciones y exigir el IVA por servicios ya prestados. Todo indica que el cambio de criterio empezará a regir a partir de ahora, una vez que se ha publicado la nueva interpretación de la Dirección General de Tributos. “Estamos ante una resolución que generará mucho revuelo y afectará a un sector especialmente castigado por la crisis económica”, concluye Salcedo.

Diario "Cinco Días"                                                                                                             JAUME VIÑAS  -   MADRID                                                                                                      

Enlace

12 LOS DEFENSORES DEL CONTRIBUYENTE.

12.7 LA NECESARIA COORDINACIÓN ENTRE EL DEFENSOR DEL PUEBLO Y LOS DEFENSORES DEL CONTRIBUYENTE.

Para terminar, y sin ánimo de ser recurrentes, volvemos a incidir en la idea ya expresada de que el Defensor del Contribuyente, ya nos refiramos al ámbito estatal, autonómico o local, podía haber nacido como órgano específico dependiente del Defensor del Pueblo, o bien, ser sustituido por un reforzamiento de los servicios de éste especializados en cuestiones fiscales.

Pero esto no ha sido así, quizá buscando que cada Administración cuente con un instrumento más que le sirva para un mayor acercamiento al ciudadano, sensación de proximidad; al tiempo que estos Defensores sectoriales contarán también con un mejor conocimiento de la propia Administración controlada, y de los resultados obtenidos por sus intervenciones en cuanto a la mejora de los servicios prestados.

En cualquier caso, la naturaleza jurídica de las instituciones, y los instrumentos a disposición de cada una, son claramente distintos, pero existen, eso sí, unos fines comunes. Por ello, deben arbitrarse sistemas de cooperación entre ambas instituciones, y así, por ejemplo, en el Decreto de creación del Defensor del Contribuyente del Ayuntamiento de Madrid se estableció que “todas las advertencias, recomendaciones y sugerencias hechas por el Defensor del Pueblo a los servicios tributarios municipales, serán remitidas a la Oficina del Defensor del Contribuyente para su conocimiento y efectos oportunos”. Es decir, se atribuye al Defensor del Contribuyente del Ayuntamiento de Madrid la competencia para tramitar las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo que se refieran a los actos o al funcionamiento de la Administración tributaria de dicho Ayuntamiento.

Este precepto, por tanto, trata de coordinar la actividad de uno y otro Defensor, al unificar el tratamiento de las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo de temas tributarios municipales. Esto, al mismo tiempo que coordina, deja constancia del solapamiento existente en esta materia entre ambas instituciones. En la práctica, no ha sido la primera vez, ni será la última, que los contribuyentes presentan ante ambos órganos, quejas, que como ya se ha adelantado, pasarán en todo caso por el Defensor del Contribuyente, dándoles un trato idéntico; resolviendo la queja en el caso de que se interponga ante el mismo, o bien, informando la resolución, en el caso de que se solicite informe por el Defensor del Pueblo. Se llega, por tanto, a la misma solución, reiterando esfuerzos, en ocasiones, para nada.

Todo lo anterior pone de manifiesto lo necesario que hubiera sido el estudio de las interrelaciones entre todas estas instituciones que comparten un fin común, puesto que la colaboración mutua redundaría en beneficio de todos, para evitar duplicidades y respuestas divergentes, que puedan producirse, para los mismos casos.

"Mecanismos de defensa del contribuyente. Los derechos y garantías en la normativa tributaria."

Dr. Joaquín Moya- Angeler Sánchez

12 LOS DEFENSORES DEL CONTRIBUYENTE.

12.6 CONCLUSIONES SOBRE LA FIGURA DEL DEFENSOR DEL CONTRIBUYENTE.

Desde un principio, las características de esta figura hacen surgir argumentos  tanto a favor como en contra de su creación. Dos son las cuestiones especialmente controvertidas, la primera, es su ubicación en la estructura administrativa en relación con un control independiente; y, la segunda, los efectos de sus resoluciones, es decir, el encaje de sus resoluciones en el sistema legal de recursos y reclamaciones existente.

En cuanto a la primera cuestión, se ha criticado su labor en cuanto que este órgano podría estar realizando funciones ya asumidas por otros órganos administrativos, así, por ejemplo, uno de los objetivos del defensor del contribuyente es promover la calidad de los servicios prestados al contribuyente, objetivo que puede solaparse con el de aquellos órganos que existen específicamente creados en las distintas Administraciones para el control y promoción de la calidad de los servicios públicos. Lo mismo ocurriría en el caso que se lleve a cabo un papel de auditoría interna por parte del defensor del contribuyente, en cuyo caso la confusión se puede dar con los servicios de control interno o la Inspección de los servicios, existente en todas las Administraciones.

Las quejas no son recursos, pero promueven una actividad de investigación y someten a los órganos administrativos que han tramitado los expedientes objeto de la queja, a la obligación de evacuar un informe al respecto relativo a la legalidad del acto y al respeto de las normas procedimentales aplicables al caso, lo que permite a algunos críticos mantener que es abrir una puerta de atrás para la impugnación de actos firmes. Estos mismos autores señalan que las resoluciones de los defensores no tienen una eficacia directa e inmediata, que son simples opiniones, sin posibilidad alguna de obligar a su cumplimiento, y que el efecto contrario, es decir, el incumplimiento por parte de los servicios no lleva aparejada ninguna sanción. Esta cuestión es fundamental, como es la propia naturaleza jurídica de las resoluciones que emite el Defensor, ya que no  son acto administrativo, ni supone que tengan una eficacia directa e inmediata. Ahora bien, esto tampoco quiere decir que no tenga importancia alguna en el mundo del Derecho. Es claro, que cualquier funcionario al que se le ponga de manifiesto la inadecuación de una acto administrativo al Derecho, tratará de rectificar, y además, nada impide que las resoluciones de cualquier Defensor puedan ser utilizadas en un juicio para la mejor defensa de su derecho, o como prueba de la responsabilidad de la Administración.

Todo ello, por no hablar de la legitimidad y la fuerza moral que debe arropar la institución, y que sin duda, son la mejor herramienta para la eficacia de sus resoluciones. Así mismo, todo esto debe conjugarse con el necesario diálogo que debe existir en la toma de decisiones con trascendencia tributaria, en supuestos conflictos, entre el Defensor del Contribuyente, y los servicios tributarios de la Administración respectiva.

La creciente expansión de este tipo de órganos en la Administración, piénsese en el defensor del menor, el defensor del vecino, y varios más, e incluso fuera de ella en el ámbito privado, por ejemplo, el defensor del cliente, hace pensar que se trata de una demanda que no había sido cubierta hasta el momento de manera satisfactoria.

En este sentido, se observa la presentación de quejas sobre cuestiones que habitualmente no se impugnan, por falta de cauce procesal probablemente, como los actos de trámite, o bien cuestiones para los que no existe una normativa clara de desarrollo, en fin, se aprecia la utilidad de este medio como instrumento que complementa el régimen general de impugnación. Solamente hay que considerar el elevado volumen de las quejas y sugerencias recibidas por estos órganos.

En conclusión, las críticas a esta figura pueden agruparse en las cuatro siguientes:

1.        Este tipo de órganos dedicados a la defensa pueden solaparse con otros dirigidos a la inspección de servicios o de control interno.

2.     El sistema legal referido a las resoluciones que dicta esta institución, así como sus informes, no está muy definido, además su eficiencia es cuestionable porque no está armado de ninguna fuente legal para imponer decisiones sobre cualquier otro órgano, ni tampoco tiene los medios de reacción necesarios para el caso de incumplimiento de un departamento de la Administración.

3.     Ha desplazado o subsumido el derecho de queja o petición.

4.     Los defensores se justifican, de alguna manera, por el mal funcionamiento del sistema legal de impugnación de actos administrativos.

Sin duda alguna, todas las críticas anteriores tienen su razón de ser, pero al mismo tiempo, la crítica ensalza las razones por las que se han creado, en definitiva, por el déficit en la defensa de los derechos y las garantías de los contribuyentes, que no se encontraba cubierto satisfactoriamente por el derecho de queja o de petición. Además, las memorias presentadas por estas instituciones de defensa se revelan como un buen complemento a los métodos habituales de impugnación.

En nuestro sistema legal, sólo los actos administrativos pueden ser impugnados, sin embargo, muchas cuestiones enmarcadas en la fase preliminar del proceso y que determinan la conclusión final del mismo, no pueden ser impugnadas, por lo que en estas situaciones los defensores del contribuyente pueden actuar, sin tener que esperar al final del procedimiento, y sin entrar en conflicto con los recursos administrativos.

El problema principal radica en la naturaleza de las resoluciones o decisiones adoptadas por el Defensor del Contribuyente. Como es sabido, estas resoluciones no son actos administrativos, ni tampoco sirven como base para exigir a la Administración una acción determinada. No obstante, esto no quiere decir que no tenga ningún significado legal, ya que, como se ha dicho, estas resoluciones, por ejemplo, pueden servir como base, o como prueba complementaria, del control al que se somete a la Administración tributaria por los Jueces y Tribunales.

A pesar de la delicada posición que ocupa en el procedimiento de aplicación de los tributos, el Defensor del Contribuyente es capaz de llevar a cabo satisfactoriamente las funciones para las que ha sido creado, siempre y cuando se cumplan determinadas premisas:

1.     El aspecto más importante de la institución reside en la influencia moral que puede ejercer sobre los contribuyentes y la Administración tributaria bajo su control, aspecto que debe ser analizado junto con su capacidad de persuadir.

2.     Los objetivos establecidos sólo pueden ser alcanzados si se posee una cierta independencia de la Administración que ha de controlar.

3.    La Administración tributaria objeto de control debe asumir, si no desde un punto de vista estrictamente legal, sí desde luego desde el punto de vista moral, las sugerencias y recomendaciones del Defensor del Contribuyente.

4.    La complementariedad de los Jueces y Tribunales con los Defensores del Contribuyente significa que su existencia no da lugar a una innecesaria duplicidad como algunos han aventurado, sino todo lo contrario, permite a los ciudadanos y usuarios de los servicios públicos elegir la forma apropiada de impugnación que prefieran, según sus circunstancias. Alguien que quiera una sentencia, obviamente vinculante, tiene el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Una posibilidad adicional consiste en impugnar ante el Defensor del Contribuyente en lugar de ante un Juez o Tribunal. Eligiendo para ello al Defensor, el ciudadano evita costes y consigue un resultado más rápido. Además los procedimientos de los Defensores son más flexibles que aquellos otros ante un órgano jurisdiccional.

Debido a que en nuestro país existen distintos niveles de Defensores del Contribuyente, como hemos visto, estatal, autonómico y local, cada uno, como no podía ser de otra manera, con competencias materiales y territoriales diversas, se tiene que articular alguna fórmula de colaboración entre ellos. Cuando menos, esto serviría para aunar criterios y compartir experiencias. Hay que hacer notar, que la remisión de quejas entre defensores es habitual, puesto que en muchas ocasiones el contribuyente, desconociendo el distinto ámbito competencial de las instituciones, presenta, por ejemplo, una queja ante el Consejo para la Defensa del Contribuyente relativa a la gestión tributaria realizada por los servicios correspondientes de un Ayuntamiento, y que, por tanto, el Consejo, no es competente para conocer, por lo que la remitirá al Defensor municipal que corresponda.

En cualquier caso, la creación de un Defensor del Contribuyente tiene dos efectos claros:

1.   Complementa los instrumentos de diálogo y de defensa existentes para los contribuyentes; y

2.   Posee, a medio plazo, un efecto positivo sobre el funcionamiento de los servicios públicos, aumentando la eficiencia y la calidad de los servicios que presta la Administración tributaria.

En conclusión, el Defensor del Contribuyente puede ser un instrumento idóneo y fundamental para lograr una mayor transparencia y calidad en la prestación de los servicios tributarios, y para alcanzar el buscado equilibrio en las relaciones entre el contribuyente y la Administración, insistiendo en que para ello, es fundamental el logro de la suficiente independencia de que ha de gozar el Defensor del Contribuyente respecto de la Administración a controlar.

"Mecanismos de defensa del contribuyente. Los derechos y garantías en la normativa tributaria."

Dr. Joaquín Moya- Angeler Sánchez

12 LOS DEFENSORES DEL CONTRIBUYENTE.

12.5 LOS DEFENSORES DEL CONTRIBUYENTE EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

12.5.3            Derechos de los contribuyentes en relación al Defensor del Contribuyente.

Frente a las potestades de la Administración se encuentran los derechos, en este caso, de los contribuyentes, que no son un reflejo literal de los derechos contenidos del artículo 34 de la Ley General Tributaria, dado que estos van de suyo, sino que se trata de determinar los derechos en relación con la labor del Defensor del Contribuyente.

Pues bien, pueden enumerarse los siguientes:

a)                      Los obligados tributarios tendrán derecho a presentar cuantas quejas y reclamaciones tuvieren por conveniente, por los retrasos, desatenciones u otras deficiencias en la prestación de los servicios tributarios del Ayuntamiento de Madrid, así como a formular las sugerencias que crean de interés para mejorar la calidad de los mismos.

b)                      Igualmente, los obligados tributarios tendrán derecho a ser informados, en cualquier momento, del estado de tramitación de las quejas, reclamaciones y sugerencias formuladas y a ser notificados del resultado de las mismas.

c)                      Las quejas y reclamaciones formuladas no tendrán la consideración de recurso administrativo y su presentación no paralizará o interrumpirá los plazos dispuestos en la normativa vigente sobre tramitación y resolución de los procedimientos tributarios en curso en los que el obligado tributario pudiera tener interés directo o indirecto, ni, tampoco, condicionará el ejercicio de cualesquiera otras acciones y derechos que pudieran corresponder a aquellos de conformidad con la legislación en vigor.

12.5.4            Capacidad y legitimación.

Las quejas, reclamaciones y sugerencias podrán presentarse, personalmente o mediante representación, por todas las personas físicas y jurídicas con capacidad de obrar conforme a derecho, españolas o extranjeras, que estén debidamente identificadas, siempre que se refieran a procedimientos administrativos de naturaleza tributaria de la competencia de los órganos municipales con los que aquellas estuvieren relacionadas directa o indirectamente.

12.5.5            Procedimiento: presentación, tramitación y resolución.

El procedimiento de tramitación de las quejas responderá siempre a un esquema sencillo, acorde con la propia organización municipal del Ayuntamiento respectivo. A modo de ejemplo, volvemos a referirnos al procedimiento descrito en el Reglamento regulador de la Oficina del Defensor del Contribuyente del Ayuntamiento de Madrid.

Las quejas, reclamaciones y sugerencias, que no tendrán en ningún caso naturaleza de recurso administrativo, se pueden presentar por diversos canales.

La flexibilidad que debe acompañar la defensa de los contribuyentes exige una amplia gama de posibilidades en la presentación de las quejas, desde la presentación de instancias por escrito en las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano que existen en todas las Juntas Municipales de Distrito, o bien de forma directa, ante la propia oficina del Defensor del Contribuyente, en los registros de los servicios municipales, etc. También podrán ser remitidas por correo ordinario, fax u otros medios telemáticos habilitados a los Registros y Oficinas indicadas, quienes facilitarán al interesado, si lo solicitara, el correspondiente acuse de recibo.

La tramitación de las mismas se regirá por los principios de agilidad, eficacia, imparcialidad y el de búsqueda del mejor servicio al obligado tributario

El Defensor del Contribuyente podrá inadmitir las quejas y reclamaciones anónimas y, además, aquellas otras en las que se produzcan las siguientes circunstancias:

a)                      Que carezcan de motivación o no aporten datos para la determinación y concreción de los hechos objeto de las quejas y reclamaciones.

b)                      Que tengan por objeto la tramitación de recursos o acciones distintas a las competencias específicas del Defensor del Contribuyente.

c)                      Que sean reiteración de otras ya resueltas por el Defensor del Contribuyente presentadas por el mismo interesado.

Ninguna otra oficina municipal podrá inadmitir quejas, reclamaciones o sugerencias referidas al funcionamiento de los servicios tributarios.

La inadmisión será motivada y se notificará al interesado.

Se podrá acordar la acumulación de expedientes en los siguientes supuestos:

a)                      Cuando se trate de quejas o reclamaciones suscritas por distintos interesados pero exista, entre ellas, una identidad sustancial o íntima conexión.

b)                      Cuando se trate de quejas o reclamaciones formuladas por una misma persona y estén referidas a cuestiones de similar naturaleza y no consistan en una reiteración.

Admitida la queja o reclamación, la Oficina del Defensor del Contribuyente recabará, sin mayor dilación, de los servicios responsables cuanta información sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos que las motivan y, en su caso, la determinación de las medidas correctoras que hayan de adoptarse por los mismos.

Dicha información será facilitada por los servicios responsables en el plazo de diez días.

En el ejercicio de sus funciones, el Director o los Consejeros de la Oficina, por delegación de aquél, podrán personarse en cualquier dependencia municipal y hacer las entrevistas que estimen pertinentes, proceder al estudio de los expedientes y documentación necesaria y acceder a cualquier otro dato relativo a la queja o reclamación.

A los efectos descritos, se establece la obligación de los servicios correspondientes de colaborar y apoyar a los miembros de la Oficina del Defensor del Contribuyente en el desarrollo de sus funciones y en la búsqueda de la solución más adecuada a las quejas y reclamaciones formuladas.

Recibida la información solicitada, la Oficina del Defensor del Contribuyente elaborará, en plazo no superior a quince días, la contestación razonada a la queja o reclamación presentada.

La contestación se notificará al interesado en el plazo de diez días.

Cuando las quejas o reclamaciones pusieran de manifiesto conductas presuntamente constitutivas de infracción penal o administrativa, la Oficina del Defensor del Contribuyente realizará cuantas investigaciones sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados. De persistir dicha presunción, se abstendrá de resolver y remitirá, de inmediato, copia íntegra de lo actuado al Área Delegada de Personal para que inicie los procedimientos o actuaciones que correspondan, dentro del ámbito de sus competencias, lo que se pondrá en conocimiento de quien formuló la queja o reclamación.

Los interesados podrán desistir en cualquier momento de las quejas o reclamaciones formuladas, dándose por finalizado el procedimiento, salvo que la Oficina del Defensor del mismo.

En cuanto a la terminación del procedimiento, hay que señalar que las contestaciones dictadas no serán susceptibles de recurso.

En el ANEXO IV a modo de ejemplo, reproducimos los aspectos que hemos considerado más interesantes de la Memoria 2012 sobre la gestión de la Oficina del Defensor del Contribuyente del Ayuntamiento de Madrid, que estuvo en funcionamiento hasta diciembre 2012.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la ciudad de Madrid de 20 de diciembre de 2012 se aprueba tanto el Programa de medidas de eficiencia organizativa y de recursos humanos del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos, como la estructura del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. La Oficina del Defensor del Contribuyente cambió en su estructura y dependencia pasando a denominarse Oficina de Sugerencias y Reclamaciones y de Atención al Contribuyente, con rango de Subdirección General dependiendo de la Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano y aunando en sus competencias la gestión de todas las sugerencias y reclamaciones con independencia de su carácter.

"Mecanismos de defensa del contribuyente. Los derechos y garantías en la normativa tributaria."

Dr. Joaquín Moya- Angeler Sánchez

12 LOS DEFENSORES DEL CONTRIBUYENTE.

12.5 LOS DEFENSORES DEL CONTRIBUYENTE EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

12.5.1            Antecedentes y normativa reguladora.

El derecho de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos es, además de un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución, uno de los pilares sobre los que se asienta la idea de democracia y uno de los procedimientos más eficaces para que aquellos puedan juzgar la acción de sus gobiernos.

Ahora bien, el ejercicio pleno de este derecho fundamental no se agota con la facultad de participar en los asuntos públicos directamente, o por medio de representantes libremente elegidos, sino que abarca un conjunto de libertades conexas que lo refuerzan y complementan, como son los derechos de iniciativa o consulta popular, de petición, de información, y de libre asociación, entre otros.

Una de las fórmulas tradicionales para hacer efectiva la participación ciudadana es la posibilidad de presentar quejas, reclamaciones o sugerencias sobre el funcionamiento de la Administración, o sobre la calidad de los servicios públicos que el ciudadano recibe de esta. Para fomentar este instrumento participativo en las “grandes ciudades”, donde existe un mayor riesgo de distanciamiento entre ciudadanos y gobernantes, la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, en su artículo 132 ha previsto la creación de una Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones, formada por miembros del Pleno del Ayuntamiento, con participación de todos los grupos políticos municipales, con la finalidad de dar participación a los vecinos y para la defensa sus derechos ante la Administración municipal.

Algunos Ayuntamientos de los denominados en la ley “municipios de gran población” como el de Madrid, en cumplimiento de este mandato legal, ya han regulado la composición y funcionamiento de dicha Comisión a través de un  Reglamento Orgánico del Pleno, y en dicho Reglamento se ha previsto la creación de la figura del defensor del contribuyente, para la tramitación de las quejas, reclamaciones y sugerencias que pudieran presentarse en relación con el funcionamiento de los servicios tributarios municipales o los procedimientos administrativos de esta naturaleza, concibiéndola como un órgano encargado de canalizar las relaciones de la Administración municipal con la mencionada Comisión.

El defensor del contribuyente municipal rendirá cuentas periódicamente de su actividad ante la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, y publicará anualmente una memoria en la que se reflejarán el resumen de su actuación a lo largo del ejercicio, y las propuestas de medidas procedimentales o normativas que se consideren convenientes para la mejora del sistema fiscal local y su correspondiente aplicación.

La creación del Defensor del Contribuyente se enmarca, pues, dentro de la voluntad de mejorar la prestación de servicios a los contribuyentes, mediante la técnica de dotar a éstos de un instrumento de fácil acceso y ágil para hacer llegar a la Administración Municipal las quejas sobre el funcionamiento de sus servicios tributarios y las iniciativas para incrementar la calidad de los mismos y obtener de aquella una pronta respuesta.

En el caso del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, se crea, adscrita al Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, la Oficina del Defensor del Contribuyente para la mejor defensa de los derechos y garantías de los obligados tributarios en sus relaciones con los servicios tributarios municipales ^[1].

12.5.2            Funciones del Defensor del Contribuyente en el ámbito municipal.

Sus funciones serán las típicas de la institución, referidas a su ámbito competencial, la aplicación de los tributos por los servicios tributarios municipales.

A modo de ejemplo, en el caso de la Oficina del Defensor del Contribuyente del Ayuntamiento de Madrid, el artículo segundo de su Reglamento de creación (Decreto del Alcalde de 9 de julio de 2004), le atribuye las siguientes funciones:

a)                      Recibir y tramitar las quejas, reclamaciones o sugerencias formuladas por los ciudadanos, relacionados directa o indirectamente con los procedimientos administrativos de naturaleza tributaria, por las tardanzas, desatenciones u otras deficiencias que se observen en el funcionamiento de las distintas dependencias y unidades de los servicios tributarios municipales, recabando de éstos cuanta información fuere precisa para el esclarecimiento de los hechos que las hubieren originado.

b)                      Elaborar los informes y contestaciones que procedan, notificándolas al interesado.

c)                      Remitir, trimestralmente, a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, a través de la Concejalía de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, copia de las quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas, así como de las contestaciones dadas a las mismas.

d)                     Formular a los servicios pertinentes las recomendaciones que estime precisas para la mejor defensa de los derechos y garantías de los contribuyentes en relación a las quejas, reclamaciones y sugerencias presentadas. Simultáneamente, dichas recomendaciones serán remitidas, para su constancia y conocimiento, a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

e)                      Asistir a los ciudadanos en el ejercicio del derecho de petición reconocido en el art. 29 de la Constitución, en materia tributaria, el cual se regirá, en cualquier caso, por su legislación específica.

f)                       Elaborar una Memoria anual en la que quede reflejado el resumen de su actuación a lo largo del ejercicio y se sugieran aquellas medidas procedimentales o normativas que se consideren convenientes para la mejor defensa y garantías de los contribuyentes.

g)                      Tramitar las quejas que el Defensor del Pueblo envíe por el mal funcionamiento de los servicios tributarios municipales.

Todas las advertencias, recomendaciones y sugerencias hechas por el Defensor del Pueblo a los servicios tributarios municipales, serán remitidas a la Oficina del Defensor del Contribuyente para su conocimiento y efectos oportunos.

"Mecanismos de defensa del contribuyente. Los derechos y garantías en la normativa tributaria."

Dr. Joaquín Moya- Angeler Sánchez

12 LOS DEFENSORES DEL CONTRIBUYENTE.

12.4 LOS DEFENSORES DEL CONTRIBUYENTE AUTONÓMICOS.

Como hemos visto en el apartado correspondiente, la figura del Defensor del Pueblo ha tenido un éxito extraordinario en nuestro país, y a los defensores del pueblo que, con diversas denominaciones, han sido creados en las diferentes Comunidades Autónomas, se han añadido figuras de parecido contenido con un ámbito de competencias sectorial tales como defensores del menor, el defensor del vecino, del usuario, del asegurado, del cliente bancario, y otras muchas, tanto en el sector público como en el privado.

A esta tendencia no se ha sustraído la materia tributaria, y aun existiendo en el ámbito autonómico la institución del Comisionado Parlamentario, entre cuyas competencias está el velar por el buen funcionamiento y el respeto a los principios tributarios constitucionales y estatutarios por parte de las Administraciones tributarias autonómica y local en su ámbito territorial, en muchas Comunidades Autónomas se crea la figura del Defensor del Contribuyente de ámbito autonómico, y como veremos después, también defensores del contribuyente en los Ayuntamientos, con el consiguiente solapamiento de las funciones de todos, incluido el propio Defensor del Pueblo estatal. No obstante, las funciones del Defensor del Contribuyente son, en cualquier caso, mucho menos pretenciosas que las de un Defensor del Pueblo en esta materia.

Como era previsible, la figura del Consejo para la Defensa del Contribuyente estatal se ha extendido a las Administraciones autonómicas y locales, incluso podría decirse que la actual LGT parece imponerlo, si tenemos en cuenta que aspira a regular los aspectos esenciales del régimen de los tributos autonómicos y locales ^[1].

Hay que decir, no obstante, que en esta materia tal vocación de aplicación generalizada se ve entorpecida por la mención expresa de la Secretaría de Estado de Hacienda como órgano del que depende el Consejo, puesto que es evidente que este órgano sólo existe en la Administración General del Estado. Esto tiene como consecuencia, por ejemplo, que las normas reglamentarias que rigen el Consejo estatal no se apliquen directamente a las CCAA, sin perjuicio de que puedan ser modelo a tener en cuenta en las regulaciones reglamentarias que se hagan de estos órganos defensores autonómicos.

Ejemplos de estas instituciones a nivel autonómico son el Defensor del Contribuyente de la Comunidad de Madrid, creado por Decreto 22/1999, de 11 de febrero, como órgano de estudio y formulación de propuestas de resolución de las quejas formuladas por los contribuyentes por retrasos o anomalías en el funcionamiento de los servicios tributarios de la Comunidad de Madrid, y el Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente de Castilla y León, creado por Decreto 98/2004, de 2 de septiembre, el primero unipersonal y el segundo colegiado, por citar algunos.

Esta institución puede configurarse como órgano unipersonal, o bien, como órgano colegiado. No cabe la menor duda de que un órgano unipersonal presenta como ventajas la sencillez en su funcionamiento y la rapidez de actuación; pero, por el contrario, la existencia de un órgano colegiado garantiza una mejor distribución de responsabilidades.

Lo que parece claro es que si se prefiere la existencia de un órgano unipersonal la designación debería recaer sobre alguien ajeno a la organización de la Hacienda a la que, al menos de forma teórica, como magistratura de opinión, debe controlar, lo que sucede, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid.

La existencia de un órgano colegiado plantea, sobre todo, el problema de su composición. Posiblemente la mejor solución sería designar a personas que no tuvieran relación con la Administración controlada, pero no son desdeñables los argumentos que pueden esgrimirse a favor de la presencia en el órgano de control de algunos miembros de la Hacienda pública implicada, pues de este modo se cumplen dos finalidades:

a)                      El procedimiento de resolución de las quejas puede simplificarse porque, al poderse oír su voz en el órgano de control, ya no es necesario establecer expresamente un trámite de audiencia o alegaciones de la Hacienda afectada.

b)                      De este modo, conoce de primera mano los motivos de la insatisfacción de los ciudadanos con ocasión de la aplicación de los tributos, con lo que puede ponérseles remedio con rapidez.

En la práctica este tipo de órganos suele ser mixto, en el sentido de que está formado por personas vinculadas y por personas ajenas a la Administración Tributaria controlada.

Al igual que cualquier otro órgano defensorial de los que aquí contemplamos, el rasgo fundamental que debe buscarse es la independencia funcional, que le proporciona la necesaria autoridad moral en la que encuentran sustento sus resoluciones. Tratándose siempre de órganos dependientes orgánicamente de la Administración controlada, en su composición y régimen interno estará la consecución de un mayor o menor grado de independencia. En cualquier caso, sería deseable alejar lo más posible incluso orgánicamente la posición del órgano defensorial de la Administración controlada.

Las funciones del Defensor del Contribuyente autonómico, son análogas a las del Consejo para la Defensa del Contribuyente estatal, pero en su propio ámbito competencial. Así:

a)                      Recibir las quejas de los ciudadanos relacionadas directa o indirectamente con los procedimientos administrativos de naturaleza tributaria, por las tardanzas, desatenciones o por cualquier otro tipo de actuación que represente un mal funcionamiento de la Administración tributaria de la Comunidad y de las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario.

b)                      Recabar la información necesaria acerca de las quejas recibidas al efecto de verificar y constatar su trascendencia real y, posteriormente, formular las correspondientes sugerencias para adopción de las medidas que fueran procedentes.

c)                      Recibir las sugerencias, formuladas por los ciudadanos, relativas a la mejora de la calidad de los servicios, al incremento del rendimiento o del ahorro del gasto público, a la simplificación de trámites administrativos, y cualesquiera otras que conduzcan a un mayor grado de satisfacción de los obligados tributarios en sus relaciones con la Administración tributaria de la Comunidad.

d)                     Elaborar propuestas e informes por propia iniciativa en relación con la función genérica de defensa del contribuyente, tanto en lo que se refiere al ámbito de regulación de los tributos como a su aplicación.

e)                      Elaborar una memoria anual en la que quede reflejado el resumen de sus actuaciones a lo largo del ejercicio y se sugieran aquellas medidas procedimentales o normativas que se consideren convenientes para evitar la reiteración fundada de quejas por parte de los contribuyentes.

f)                       Cualesquiera otras que se contemplen en los respectivos reglamentos orgánicos.

El proceso de resolución de las quejas presentadas, fundadas, siempre llevará consigo una labor de investigación que comenzará por el necesario informe de los órganos administrativos afectados.

En el ANEXO III a modo de ejemplo, reproducimos los aspectos que hemos considerado más interesantes de la Memoria 2013 del Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente de Castilla y León.

"Mecanismos de defensa del contribuyente. Los derechos y garantías en la normativa tributaria."

Dr. Joaquín Moya- Angeler Sánchez

12 LOS DEFENSORES DEL CONTRIBUYENTE.

12.3 EL CONSEJO PARA LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE.12.3.1. NATURALEZA JURÍDICA.

12.3.4            Procedimiento para la tramitación de quejas y sugerencias.

Por Resolución de 22 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, se desarrolla el Real Decreto 1676/2009, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente, en cuanto al procedimiento para la presentación, tramitación y resolución de las quejas y sugerencias,  y se crea su sede electrónica.

A)Presentación de quejas y sugerencias.

Actúan como unidades receptoras de quejas y sugerencias la Agencia Estatal de Administración Tributaria, las Gerencias Catastrales y el Tribunal Económico-Administrativo Central.

Las quejas y sugerencias pueden presentarse personalmente o mediante representación por todas las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, y las entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que tengan capacidad de obrar conforme a derecho, siempre y cuando quede debidamente acreditada su identificación. Las quejas relacionadas, directa o indirectamente, con un procedimiento administrativo de naturaleza tributaria, solo podrán ser presentadas por quien tenga el carácter de interesado en dicho procedimiento.

De igual modo, y aunque es importante destacar que las sugerencias también podrán ser presentadas de forma anónima, su objeto se encuentra delimitado, ya que han de estar relacionadas con un procedimiento administrativo de naturaleza tributaria de la competencia de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, o con alguna de las actuaciones de sus servicios dependientes que tengan algún tipo de relación (directa o indirecta) con estos procedimientos.

Por lo que respecta a su presentación, las quejas o sugerencias podrán presentarse, dirigidas al Consejo, en las formas y lugares que autoriza la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aunque lo más común será presentarlas ante cualquier servicio o autoridad de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, ya sea personándose ante cualquier Unidad receptora, o mediante su envío por correo, fax u ser enviadas por medios electrónicos a las Unidades receptoras habilitadas para esta forma de recepción (sin que sea necesaria la obtención de un certificado de usuario).

Los Registros electrónicos de cada una de las Unidades receptoras (la Agencia Estatal de Administración Tributaria, las Gerencias Catastrales y el Tribunal Económico-Administrativo Central) admitirán, a través de las aplicaciones informáticas habilitadas, las solicitudes, escritos y comunicaciones de la competencia del Consejo para la Defensa del Contribuyente. El Registro de quejas y sugerencias será, para cada Unidad receptora, el integrado por las quejas y sugerencias inscritas por cada una de ellas en la aplicación informática del Consejo.

Las quejas y sugerencias podrán realizarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la autonomía en la que las presenten con independencia del medio elegido, del mismo modo que se podrá adjuntar en todo caso la documentación adicional que se considere oportuna para su correcta tramitación.

En este punto es importante destacar que en caso de personación para la presentación, de conformidad con la norma sexta de la mencionada Instrucción, las unidades receptoras deberán auxiliar a los interesados en la cumplimentación de la hoja de inscripción y realizar un sucinto examen de la documentación presentada para que, de observar alguna anomalía, puedan manifestarlo verbalmente y subsanarla en el mismo acto. No obstante, aunque deberán hacer constar sus manifestaciones en una nota adjunta, no podrán rechazar ninguna presentación (a no ser obviamente que existieran omisiones sustanciales), absteniéndose, además, de efectuar cualquier indicación o valoración que pudiera influir en la intención de los interesados, así como de comprometer de algún modo el sentido de la resolución del asunto. Con independencia de la forma de presentación, las unidades receptoras deberán acusar recibo de todas las quejas y sugerencias, imprimiendo y entregando al interesado la hoja de datos de la queja o sugerencia, o mediante su envío por correo cuando se hubieren presentado por procedimiento distinto a la personación en la correspondiente Oficina.

B) Tramitación y resolución de quejas y sugerencias.

Una vez inscritas mediante su inclusión en la aplicación informática del Consejo por la correspondiente Unidad receptora, esta procederá a la remisión electrónica de la queja o sugerencia y, en su caso, la documentación complementaria, a la Unidad de tramitación competente en el plazo máximo de dos días.

En el plazo de diez días a contar desde el registro o inscripción de la queja en la aplicación informática del Consejo y con anterioridad al envío de la misma al servicio responsable, las Unidades de tramitación recabarán la información precisa para un adecuado conocimiento del problema y, en su caso, impulsarán la actividad de dichos servicios a efectos de la adopción de los acuerdos o decisiones relativos a la materia objeto de la queja.

Las Unidades de tramitación procederán a la remisión electrónica de las quejas a los servicios que hayan motivado su presentación, para su contestación a los interesados.

Los Servicios responsables deberán dar respuesta directa y por escrito a los interesados en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente a la remisión electrónica de la queja por la Unidad de tramitación. El Servicio responsable deberá comunicar a la Unidad de tramitación la solución adoptada, mediante la inclusión en la aplicación informática del Consejo de la contestación remitida al interesado. Transcurrido el plazo sin que los servicios responsables hubieran formulado contestación, la unidad operativa requerirá del servicio administrativo afectado la remisión de la respuesta que considerase procedente al interesado, en el plazo de 15 días a contar desde el siguiente a la recepción del requerimiento.

Si, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación de la contestación, el interesado se opone a la respuesta recibida, manifestando su disconformidad con ella expresamente ante el Consejo, o si el propio Consejo no se mostrase de acuerdo con la respuesta dada por el órgano responsable del servicio administrativo, se procederá a la tramitación de la queja ante los órganos del Consejo. El Consejo emitirá, en estos casos, las contestaciones que procedan en relación con los expedientes de queja, comunicándolas a los interesados y dando traslado de ellas al órgano responsable del servicio administrativo afectado por la queja.

Transcurrido los 15 días sin que los Servicios responsables hubieran formulado contestación, o transcurrido el mes sin que los interesados hayan mostrado disconformidad con la respuesta que les haya sido enviada por dichos Servicios, las unidades de tramitación emitirán un informe en relación con estos expedientes y los remitirán a los órganos competentes del Consejo.

Cuando el Consejo tuviera conocimiento de la tramitación simultánea de una queja y de un procedimiento de revisión de cualquier naturaleza sobre la misma materia, podrá abstenerse de tramitar la primera, comunicándolo al interesado, teniendo en cuenta el motivo de la queja y su relación con el objeto del procedimiento revisor del que se trate. La abstención determinará el archivo de la queja presentada, archivo que deberá comunicarse conjuntamente con la abstención.

La abstención no se producirá en relación a las cuestiones relacionadas con las deficiencias en la accesibilidad de las instalaciones, la calidad de la información, el trato a los ciudadanos, la calidad del servicio o el incumplimiento de los compromisos de las cartas de servicios.

De forma excepcional, cuando así lo considere procedente la comisión permanente, en aquellos supuestos en los que se haya acordado la abstención, podrá elaborarse la propuesta o informe a que se refiere el artículo 3.1.e), en atención a las circunstancias puestas de manifiesto en el supuesto de que se trate.

Si el Consejo tuviese conocimiento de la existencia de actuaciones penales en relación con los actos y procedimientos a los que la queja se refiera, se abstendrá de seguir el procedimiento. La abstención determinará el archivo de la queja presentada, archivo que deberá comunicarse al interesado conjuntamente con la abstención.

El plazo máximo de duración del procedimiento será de seis meses. Este plazo se contará desde la fecha en que la queja haya tenido entrada en el registro del Consejo para la Defensa del Contribuyente. La falta de contestación en dicho plazo no implicará la aceptación de la exposición de hechos ni de los argumentos jurídicos que el obligado tributario hubiera incorporado en su escrito de queja, sin perjuicio de que este pueda poner de manifiesto la demora ante el Consejo.

De todos modos, téngase en cuenta que, igual que la propia interposición de quejas y sugerencias, su presentación no será equivalente en ningún caso a la presentación de un recurso administrativo, del mismo modo que no interrumpirá ningún plazo ni impedirá la presentación de los recursos pertinentes a los actos objetos del mismo.

Finalmente, debe añadirse que el interesado podrá desistir de su queja en cualquier momento dando lugar a la finalización inmediata del procedimiento en cuestión, aunque la unidad central podrá acordar la prosecución de la misma por entender la existencia de un interés general en las cuestiones planteadas.

Por lo que respecta a la tramitación de sugerencias, debe resaltarse únicamente que irá a cargo de la Unidad Central del Consejo que informará de las mismas y las remitirá a la Comisión Permanente del Consejo para su estudio y contestación, aunque, cuando así se decidiera, la propia Unidad Central podrá cursar la oportuna contestación.

Cuando las sugerencias pongan de manifiesto el desacuerdo con las normas tributarias, se remitirán, para su contestación, a los órganos de la Administración Tributaria a quienes corresponda la iniciativa para la elaboración de disposiciones en el orden tributario, su propuesta o interpretación.

Por último, debe señalarse que, igual que ocurre en relación con las quejas, las unidades de tramitación podrán acordar la acumulación de expedientes para su tramitación conjunta, ya sea cuando se trate de quejas presentadas por distintas personas que coincidan en lo sustancial de los hechos o problemas puestos de manifiesto, de sugerencias coincidentes en su contenido o, en ambos casos, cuando sean formuladas por una misma persona y referidas a cuestiones de similar naturaleza (siempre que no sean, obviamente, una mera reiteración).

Vista la principal regulación y el funcionamiento del Consejo para la Defensa del Contribuyente, queda claro que, su existencia pretende fortalecer la función de atención al ciudadano, articulando diversos medios de reacción contra los incumplimientos en que pueda incurrir el personal de la Administración Tributaria del Estado y las deficiencias de los servicios, aunque, como ya se ha señalado, la presentación de quejas o sugerencias no interrumpirá ningún plazo ni tendrá nunca carácter de recurso administrativo (artículo 7.3 del Real Decreto 1676/2009).

Asimismo, de conformidad con dicho artículo, tampoco se podrá interponer recurso alguno contra las contestaciones que realice el Consejo o la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, lo que comporta que, a pesar de la idoneidad de la existencia de este órgano como mecanismo de agilización y dinamización de tales presentaciones, su eficacia para el contribuyente afectado se va a ver muy limitada, salvo en aquellos casos en que se hayan producido incumplimientos u omisiones determinantes de revocación del acto por el órgano administrativo competente, a la vista de la propuesta efectuada por el Consejo.

Además la adscripción y supeditación de dicha figura a la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, que tiene además la competencia de reelaborar sus normas de funcionamiento, desdibuja en gran medida su autonomía e independencia, por lo que, a nuestro juicio  hubiera sido más conveniente integrar este órgano en la institución del Defensor del Pueblo, creando una Dirección adjunta especializada en materia tributaria. Así se conseguiría un órgano independiente, que desarrollaría sus funciones sin depender orgánicamente de la Administración cuyo funcionamiento tiene que controlar, del mismo modo que podría dar acogida a las reclamaciones y quejas de los contribuyentes respecto de todas las Administraciones tributarias, incluidas las de Comunidades Autónomas y las Haciendas Locales.

En el ANEXO II del presente trabajo se exponen datos relativos a las actividades del Consejo correspondientes a los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, así como una muestra de las resoluciones del Consejo más significativas.

"Mecanismos de defensa del contribuyente. Los derechos y garantías en la normativa tributaria."

Dr. Joaquín Moya- Angeler Sánchez

12 LOS DEFENSORES DEL CONTRIBUYENTE.

12.3 EL CONSEJO PARA LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE.12.3.1. NATURALEZA JURÍDICA.

12.3.2            Funciones del Consejo.

La actuación del consejo se encuentra dentro del deber de asistencia al contribuyente (como así lo indica la propia Exposición de Motivos de la norma reglamentaria que lo crea) que se justifica por sus labores de simplificación, orientación y facilitación de los obligados tributarios a la hora de ejercer su derecho a la presentación de quejas y sugerencias reconocido en el artículo 34.1.p) de la Ley 58/2003, General Tributaria.

Así, resulta evidente que el Consejo para la Defensa del Contribuyente coadyuva a los ciudadanos en tales actuaciones, del mismo modo que, al velar por la efectividad de los derechos y efectuar las propuestas de mejora oportunas de forma directa a la Administración, les otorga indirectamente más fuerza que si se realizan ante la Administración Tributaria a título individual.

El artículo 3 del Real Decreto 1676/2009, enumera cuales son las funciones propias de este organismo, que son de dos tipos básicamente: función consultora y función de resolución de problemas concretos con motivo de quejas y sugerencias.

A) Función consultora.

Entre las funciones del Consejo está elaborar informes y propuestas por propia iniciativa en relación con la función genérica de la defensa del contribuyente, pero también es función del Consejo la propuesta al Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos de aquellas modificaciones normativas o de otra naturaleza que se consideren pertinentes para la mejor defensa de los derechos de los obligados tributarios (artículo 3.1.e y .h del Real Decreto 1676/2009).

Estas dos funciones evidencian competencias esenciales del Consejo. Si se relaciona esta función con la composición anteriormente reseñada, se comprenderá la importancia que una composición plural tiene para garantizar la mejor defensa de los intereses de los contribuyentes.

Obviamente esta defensa puede articularse tanto desde órganos administrativos de composición estatutaria, como a través de órganos de composición ajena a la Administración. Pero existe una tercera vía, que es la aquí escogida, y que se consideró la más adecuada, que es designar como vocales de un órgano como este a personas que, sin ostentar un mandato representativo, puedan por lo menos llevar al Consejo las distintas posiciones que laten en el sentir de los ciudadanos, sin olvidar tampoco la visión propia de la Administración, si de lo que se trata es de aportar soluciones razonables para la resolución de aquellas inquietudes.

Esta función es calificada como de "enlace" entre la sociedad civil y la Administración Tributaria, llevando al extremo la dicotomía, pues nadie puede olvidar que la Administración está formada por personas que son también contribuyentes. Puede desarrollarse de dos formas, bien a través de las sugerencias presentadas por los interesados, cuando se consideren de contribuyentes, (cuestión que veremos más adelante), o bien directamente por los miembros del Consejo, que, como hemos dicho anteriormente, sin ser representantes de los agentes sociales, sí son conocedores cualificados del ámbito tributario y jurídico en general, y como tales son perfectamente conscientes de los problemas más acuciantes que afectan a los ciudadanos en sus relaciones tributarias.

B) Resolución de problemas concretos con motivo de quejas y sugerencias

El Consejo para la Defensa del Contribuyente atiende las situaciones expuestas por los obligados tributarios en dos frentes distintos, cada uno de los cuales presenta problemas específicos.

1°. Resolución de quejas

Hay que comenzar indicando que cuando hablamos de quejas estamos englobando tanto las quejas, entendidas desde un punto de vista administrativo, en los términos de la Ley 30/1992 y de la Ley General Tributaria, con los matices que más adelante veremos, como lo que el Real Decreto 2458/96 denominaba reclamaciones. Como quiera que en materia tributaria el término "reclamaciones" tiene un significado claro y preciso, y se utiliza para referirse a una suerte de recursos, en particular aquellos que se sustancian ante los órganos económico-administrativos (sección III del capítulo VIII de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, artículos 163 a 171, y normas de desarrollo, vigente hasta 1 de julio de 2004, y posteriormente el Capítulo IV del Título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria), pero siempre refiriéndose a remedios procedimentales de revisión de los actos administrativos de contenido tributario, la Resolución salvó la redacción del Real Decreto 2458/1996 eludiendo hablar de reclamaciones, pero fiel al principio de jerarquía normativa, la disposición primera, letra m) aglutina bajo la forma de quejas tanto unas como otras.

El Real Decreto 1676/2009 ha resuelto definitivamente la cuestión eliminando el término reclamaciones.

Dicho lo anterior para determinar el ámbito de actuación del Consejo, conviene recordar que, tradicionalmente, dentro de los procedimientos administrativos existen dos grandes grupos de quejas:

a)                      Las primeras son aquellas quejas generales que puede darse al margen de los procedimientos individuales.

b)                      Por otro lado, y junto a aquellas, tendríamos las quejas singulares, que se muestran con motivo de actuaciones concretas, en procedimientos tributarios individuales. No se trata ya de lamentos contra la normativa fiscal o el funcionamiento en general de los servicios públicos, sino del malestar que se ha causado a una persona particular, con motivo de un procedimiento tributario en el que esta ha sido parte. Obviamente el Consejo puede y debe dar satisfacción a aquellas quejas generales que evidencian desacuerdo con las normas o un defectuoso funcionamiento de los servicios, pero también debe atender a las segundas.

Precisamente en relación con estas se suscitan los principales problemas, pues dentro de los procedimientos tributarios han existido tradicionalmente dos grandes grupos de quejas singulares, a saber las quejas del artículo 106 de la anterior Ley General Tributaria y 34.1 p) de la actual Ley General Tributaria y las del artículo 24 del anterior Texto Articulado del Procedimiento Económico-Administrativo. Sin entrar ahora en otras consideraciones, sí se debe apuntar que, desde un primer momento, el Consejo entendió que debía irrogarse las funciones resolutorias de la unidad procedimental mediante la inclusión de un órgano ajeno, lo cierto es que este tiene una ventaja sustancial pues es un órgano ajeno, independiente y que no se ve "contaminado" por las disfunciones inherentes a la proximidad. Por esta razón, el Consejo ha desarrollado su función ejerciendo una vis atractiva que le permitiera conocer de estas quejas que pueden denominarse como singulares.

Conforme al artículo 3 del Real Decreto 1676/2009, el Consejo deberá recabar y contrastar la información necesaria acerca de las quejas presentadas, al efecto de verificar y constatar su trascendencia, y realizar posteriormente, en su caso, las correspondientes propuestas para la adopción de las medidas que fueran pertinentes. También deberá remitir informe a los órganos de la Administración tributaria afectados por la queja cuando, durante su tramitación, se hubiesen detectado actos susceptibles de revisión por alguno de los medios regulados en la Ley General Tributaria.

2º. La solicitud de Revocaciones y modalidades de revisión:

Entre las medidas que puede proponer el Consejo a la vista de la queja presentada por un particular el nuevo Reglamento se refiere expresamente a la propuesta de inicio de un procedimiento de revocación del acto administrativo que provoca la queja. Dichas propuestas se adoptan por acuerdo del Pleno y no tienen carácter vinculante y constituyen, por así decirlo, el límite al que puede llegar el Consejo en el caso de aquellos expedientes de los que se deduzca una vulneración de los derechos del contribuyente, dado que el Consejo no es una instancia revisora y como expresamente dispone el Reglamento (art. 7.3º), las quejas y sugerencias no condicionan las restantes acciones o derechos que puedan ejercitar los interesados ya que, las contestaciones y demás actos del Consejo no constituyen ni reconocen derechos subjetivos o situaciones jurídicas individualizadas, no siendo por ello susceptibles de recurso alguno. El Consejo desde 2001 ha dado prioridad a las propuestas de revocaciones, frente a las propuestas normativas.

El Real Decreto 1676/2009 ha extendido a todas las formas de revisión de oficio regulados por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria esta facultad, sin perjuicio de señalar que el Consejo para la Defensa del Contribuyente podrá promover, específicamente, el inicio del procedimiento de revocación (artículo 3. 1.e) del Real Decreto).

3º. Sugerencias

Constituye el segundo gran bloque de competencias del Consejo, con la importante diferencia de que, mientras que para la resolución de las quejas el Consejo está limitado por las circunstancias puntuales del caso, en la tramitación de las sugerencias, el Consejo tiene una libertad de decisión muy superior. Precisamente por esa diferencia entre las quejas y las sugerencias, las normas de desarrollo establecen procedimientos distintos, muchos más flexibles para las segundas, admitiéndose incluso la presentación de sugerencias en forma anónima, como ya se ha dicho.

El Real Decreto 1676/2009 se ocupa pormenorizadamente de la tramitación de aquellas en su artículo 12.

12.3.3            Ámbito de las quejas y sugerencias.

Conforme establece el artículo 7 del Real Decreto 1676/2009, las quejas deberán tener relación, directa o indirecta, con el funcionamiento de la Administración del Estado con competencias tributarias (Agencia Estatal de Administración Tributaria, Catastro, Tribunales Económico Administrativos y otros órganos dependientes de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos.). En particular, podrán presentarse quejas en relación con el ejercicio efectivo de los derechos de los obligados tributarios en el seno de los procedimientos administrativos de naturaleza tributaria, así como relativas a las deficiencias de los servicios (accesibilidad de las instalaciones, la calidad o accesibilidad de la información, el trato a los ciudadanos, la calidad o accesibilidad del servicio o el incumplimiento de los compromisos de las cartas de servicios).

En cuanto a las sugerencias, estas podrán tener por objeto la mejora de la calidad o accesibilidad de los servicios, el incremento en el rendimiento o en el ahorro del gasto público, la simplificación de los trámites administrativos o el estudio de la supresión de aquellos que pudieran resultar innecesarios, la realización de propuestas de modificaciones normativas, así como, con carácter general, la propuesta de cualquier otra medida que suponga un mayor grado de satisfacción de la sociedad en sus relaciones con la Administración Tributaria y para la consecución de los fines asignados a la misma.

Las quejas y sugerencias formuladas al amparo de esta norma ante el Consejo para la Defensa del Contribuyente no tendrán, en ningún caso, la consideración de recurso administrativo, ni su interposición suspenderá la tramitación del procedimiento ni interrumpirá los plazos establecidos en la legislación vigente para la tramitación y resolución de los correspondientes procedimientos. Las quejas y sugerencias no condicionan, en modo alguno, el ejercicio de las restantes acciones o derechos que, de conformidad con la normativa reguladora de cada procedimiento, puedan ejercitar los que figuren en él como interesados.

Las contestaciones y demás actos producidos por el Consejo para la Defensa del Contribuyente no constituyen ni reconocen derechos subjetivos o situaciones jurídicas individualizadas por lo que no son susceptibles de recurso alguno, administrativo o jurisdiccional.

Conforme al artículo 9 del Real Decreto 1676/2009, el Consejo inadmitirá las quejas y sugerencias en los siguientes supuestos:

a) Cuando su objeto no sea susceptible de queja o sugerencia de acuerdo con el artículo 7.

En particular, cuando se pretenda tramitar por esta vía recursos, reclamaciones o acciones distintas a las quejas o sugerencias, así como las denuncias a que se refiere el artículo 114 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin perjuicio del traslado de los escritos a los servicios competentes. Tampoco se admitirán cuando se articulen como quejas las peticiones de información en general, así como las peticiones de información sobre los procedimientos de devolución tributaria u otros sujetos a plazos específicos, formuladas antes de la finalización de los dichos plazos. Ello se entenderá, sin perjuicio de la posibilidad de plantear ante el Consejo para la Defensa del Contribuyente las quejas o sugerencias que se puedan deducir del funcionamiento de la Administración Tributaria en esos procedimientos.

b) No se admitirán las quejas o sugerencias formuladas por quienes no tengan atribuida la legitimación a la cual se refiere el artículo 8 del Real Decreto.

c) Cuando se omitan datos esenciales para la tramitación no subsanables, o bien, cuando, puesta de manifiesto tal circunstancia, no haya sido subsanada por el interesado.

d) Cuando se reiteren por el obligado tributario quejas o sugerencias anteriormente presentadas por él mismo que ya hubiesen sido resueltas, aunque se refieran a actos distintos, si entre la queja anterior y la nueva existe identidad sustancial de objeto.

El acuerdo de inadmisión a trámite de las quejas o sugerencias por alguna de las causas indicadas se pondrá de manifiesto al interesado en escrito motivado. En caso de que los defectos observados sean subsanables, se concederá al interesado el plazo de 10 días, contados desde el siguiente al de la notificación del requerimiento, para que los subsane. En caso de contestación al requerimiento y persistencia de las causas de inadmisión, se declarará ésta definitivamente, debiéndose comunicar dicha circunstancia al interesado. En caso de falta de contestación en plazo, se procederá al archivo del expediente.

La competencia para determinar la admisión o no de las quejas y sugerencias corresponde a la unidad operativa. La comisión permanente del Consejo será informada sobre los acuerdos de inadmisión adoptados y sus causas, pudiendo, en su caso, revisar dichos acuerdos.

No obstante lo anterior, de forma excepcional, cuando así lo considere procedente la comisión permanente, en aquellos supuestos en los que se haya acordado la inadmisión de la queja presentada, podrá elaborarse la propuesta o informe a que se refiere el artículo 3.1.e) del Real Decreto 1676/2009, en atención a las circunstancias puestas de manifiesto en el supuesto de que se trate.

"Mecanismos de defensa del contribuyente. Los derechos y garantías en la normativa tributaria."

Dr. Joaquín Moya- Angeler Sánchez

12 LOS DEFENSORES DEL CONTRIBUYENTE.

12.3 EL CONSEJO PARA LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE.12.3.1. NATURALEZA JURÍDICA.

El Consejo para la Defensa del Contribuyente es un órgano colegiado de la Administración del Estado, integrado en el Ministerio de Economía y Hacienda y adscrito a la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos para la defensa de los derechos y garantías del contribuyente en sus relaciones con la Administración tributaria del Estado. No es, por tanto, un organismo autónomo o ente con personalidad jurídica  y diferenciada, aunque goza de independencia funcional.

La organización y funcionamiento internos del Consejo se regirán por lo establecido en el Capítulo II, del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y del Procedimiento Administrativo Común; por el Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente, por las resoluciones que se dicten en desarrollo del mismo, actualmente la Resolución de 22 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se desarrolla el Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente y se determina su sede electrónica.

La opción por el formato de órgano colegiado es, sin duda, un rasgo peculiar, si se tiene en cuenta que en el Derecho comparado o en otros ámbitos de nuestro ordenamiento (incluidos los no tributarios) la figura del Defensor suele ser un órgano unipersonal. El Consejo para la Defensa del Contribuyente ha sido configurado como un órgano colegiado, en el cual se pretende dar cabida a todos los sectores sociales relacionados con el ámbito tributario. En este sentido, se ideó con el fin de garantizar un mayor acercamiento de la Administración a los ciudadanos, ya que, sin perjuicio de la necesaria integración en su seno de representantes de la Administración tributaria, se pretendió dar entrada a los sectores profesionales y sociales más representativos relacionados con ella aprovechando que, a consecuencia de su trato diario con la Administración, eran los que tenían mejor ocasión para detectar los defectos en su gestión, pudiendo contribuir así en la alerta de su existencia y proponiendo la mejor forma para su corrección.

El artículo 4 del Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, fija la composición del Consejo en dieciséis vocales, nombrados y cesados por el Ministro de Economía y Hacienda mediante Orden ministerial, con excepción de algunos de ellos que tienen la condición de vocales natos en razón del cargo que ostentan.

Los vocales se distribuyen del siguiente modo:

§ - Grupo primero, formado por ocho personas de reconocido prestigio, en representación de los sectores profesionales relacionados con el ámbito tributario y con el de la sociedad en general, nombrados a propuesta del Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos. La mitad de dichos vocales deberán pertenecer al ámbito académico y la otra mitad deberán ser profesionales en el ámbito tributario. De estos vocales, uno con al menos diez años de experiencia profesional y elegidopor acuerdo del Pleno, ostentará la presidencia por un plazo de cuatro años.

§- Grupo segundo, formado por ocho vocales en representación de la Administración del Estado con competencias tributarias; cuatro lo son en representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (dos representan a Departamentos –en la actualidad son vocales la Directora del Departamento de Gestión y el Director del Departamento de Inspección- y otros dos son vocales natos: el Director del Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el Director del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria), otros tres vocales son un representante de la Dirección General de Tributos, un representante de la Dirección General del Catastro y un representante del Tribunal Económico Administrativo Central (actualmente son vocales el DG de Tributos, el DG del Catastro y una vocal del TEAC). Por último, también es vocal nato y Secretario del Consejo, el Abogado del Estado jefe de la Abogacía del Estado en materia de hacienda y financiación territorial de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos.

La composición mixta del Consejo, 8 funcionarios públicos de la Administración Tributaria estatal y 8 representantes de sectores profesionales relacionados con el ámbito tributario y con la sociedad en general, le confiere una gran representatividad de los distintos sectores afectados por la materia tributaria, aportando diversidad en los planteamientos y análisis de las materias, lo que enriquece la calidad de las decisiones.

12.3.1            Funcionamiento del Consejo.

En cuanto órgano colegiado el Consejo actuará en Comisión Permanente (Presidente, Secretario y tres vocales) y en Pleno, contando para la preparación y funcionamiento de dichas sesiones con un servicio de apoyo. La tarea diaria y permanente del Consejo y en particular, la tramitación de las quejas y sugerencias de los contribuyentes, se lleva a cabo por la Unidad Operativa cuyos responsables, así como los del servicio de apoyo están adscritos al Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y asisten a las sesiones del órgano colegiado.

Así pues, el Consejo se organiza en torno a los siguientes órganos:

A) Pleno.

El Pleno está integrado por la totalidad de los miembros del Consejo, bajo la dirección del Presidente y asistido por el Secretario del Consejo (artículo 9 de las Normas de Organización y Funcionamiento vigentes durante 2009). Entre las funciones del Pleno están:

§Establecer las líneas generales de actuación del Consejo.

§Resolver las quejas y sugerencias relacionadas directa o indirectamente con los procedimientos administrativos de naturaleza tributaria que no hayan sido resueltas por los servicios responsables en la forma establecida en el Real Decreto 1676/2009 y la Resolución de 22 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos que, entre otras regulaciones, establece el procedimiento para la formulación, tramitación y contestación de las quejas y sugerencias.

§Elaborar informes o propuestas por propia iniciativa en relación con la función genérica de la defensa del contribuyente.

§Proponer al Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, a través del Presidente del Consejo, las modificaciones normativas o de otra naturaleza que consideren pertinentes para la mejor defensa de los derechos de los obligados tributarios.

§Mención especial merece la aprobación anual de la Memoria a que se refiere el artículo 3.1.f) del Real Decreto 1676/2009, para su elevación al Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, así como a la Dirección General para el Impulso de la Administración Electrónica.

En el ejercicio de su potestad organizativa propia conforme al artículo 22.2 de la Ley 30/1992, por acuerdo del Pleno del Consejo de 24 de Febrero de 2010 se adoptaron las vigentes normas de funcionamiento del Consejo para la Defensa del Contribuyente. 

B) Comisión Permanente.

Es un órgano reglamentario (artículo 4.3 del Real Decreto 1676/2009). La Comisión Permanente está integrada por el Presidente del Consejo, por tres miembros designados por el Pleno del Consejo entre los Vocales, a propuesta de su Presidente, y por el Secretario del Consejo.

Entre sus funciones están las siguientes:

§Decidir la tramitación y distribución de las quejas de acuerdo con lo previsto en estas normas.

§Proponer al Presidente el orden del día de las sesiones del Pleno y la fecha de su celebración.

§Preparar la documentación, informes y estudios necesarios para el mejor conocimiento por los miembros del Consejo de los temas que se hayan de tratar en el Pleno.

§Elaborar el proyecto de Memoria anual.

§Recibir información sobre los expedientes que hayan sido resueltos por los servicios responsables y dar cuenta de dicha información al Pleno del Consejo.

§Recibir los expedientes no resueltos por los servicios responsables y someterlos a la deliberación y propuesta de resolución de las Comisiones de Trabajo.

§Elevar las propuestas de resolución elaboradas por las Comisiones de Trabajo al Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos o al Pleno del Consejo según proceda.

La Comisión Permanente es un órgano básico en el funcionamiento del Consejo. En ella se analizan las propuestas de resolución de los expedientes, dedicando especial atención a los expedientes de disconformidad. Respecto a estos, el método de trabajo seguido es asignar los expedientes a los Vocales del Consejo, quienes elaboran la contestación y son remitidas al Presidente del Consejo, que con el apoyo de un representante de la Unidad Operativa son estudiadas antes de llevarlas a la Comisión Permanente. Con ello se consigue agilizar el trabajo de la Comisión, unificar criterios del Consejo y un control de calidad de las mismas.

C) Sesiones de trabajo.

Las sesiones de trabajo sirven para preparar las reuniones de la Comisión Permanente y agilizar el funcionamiento del Consejo. Normalmente se celebran con el Presidente, los miembros de la Unidad Operativa, el Secretario General adjunto de la Dirección General del Catastro y, como antes se expuso, con algunos Vocales, miembros o no de la Comisión Permanente, y sirven principalmente para el examen y estudio de las quejas presentadas, examinando las contestaciones de los servicios responsables a efectos de proceder en consecuencia sobre la resolución de los expedientes.

D) Presidente.

En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Presidente será sustituido por el miembro del órgano colegiado de mayor antigüedad y, de ser varios, el de mayor edad.

El Presidente tiene, entre otras las siguientes funciones:

§Dirigir, promover y coordinar la actuación del Consejo

§Ostentar la representación del Consejo.

§Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, dictando las directrices generales para el buen orden y gobierno de las mismas, de acuerdo con este último órgano, y moderando el desarrollo de los debates.

§Fijar el orden del día de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente teniendo en cuenta las propuestas y peticiones formuladas por sus miembros.

§Dirigir, en nombre del Consejo, a la Unidad Operativa y el servicio de apoyo.

E) Secretario.

El Secretario del Consejo es el Abogado del Estado Jefe de Hacienda y Financiación Territorial de la Secretaria de Estado de Hacienda y Presupuestos, que es así mismo vocal nato del Consejo.

En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Secretario será sustituido por el miembro del Consejo nombrado en representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que designe el Consejo.

Son funciones del Secretario del Consejo, entre otras, las siguientes:

§Asistir a las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente del Consejo.

§Efectuar la convocatoria de las sesiones por orden de su Presidente, así como las citaciones a los miembros del mismo.

§Recibir los actos de comunicación de los miembros con el Consejo y la Comisión Permanente, así como las notificaciones, peticiones de datos, o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.

§Extender las actas de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, autorizarlas con su firma y el visto bueno del Presidente y dar curso correspondiente a los acuerdos que se adopten.

G) La Unidad Operativa.

Cumpliendo con las previsiones del artículo 6 del Real Decreto 1676/2009, la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha adscrito una Unidad Operativa de apoyo al Consejo encargada de realizar las funciones de comunicación entre los órganos y unidades de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos y los de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la tramitación de los asuntos de la competencia del Consejo por orden del Presidente del mismo, así como de prestar soporte administrativo y técnico de dicha tramitación y de elaborar los informes y estudios, particulares o generales, y proyectos que también le encomiende el Presidente. La Unidad Operativa tiene rango de Subdirección General, integrada en el Servicio de Auditoría Interna, a las órdenes inmediatas del Director del mismo y bajo la superior dirección del Presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente.

La Unidad se estructura en una Unidad Central, competente para la tramitación de asuntos o decisiones relativos a la competencia de los Servicios Centrales, así como los que sean de responsabilidad exclusiva de los órganos directivos del ámbito periférico de los Servicios de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos. Igualmente es competente esta Unidad, cuando se trate de quejas presentadas por entidades o instituciones representativas de intereses colectivos, cuando las quejas se refieran a servicios de ámbito superior al de las Unidades Regionales, o cuando proceda su acumulación en expedientes que gestione la Unidad Central, en todo caso, cuando se trate de sugerencias y en aquellos expedientes en los que concurran quejas y sugerencias.

Dependiendo de la Unidad Central existen dos Unidades Regionales con distinto ámbito, y en la normativa que regula la Unidad Operativa del Consejo figuran también las Unidades Receptoras locales, cuyas competencias se limitan a la recepción de quejas y sugerencias y la remisión de las mismas a las unidades tramitadoras. La titularidad de una unidad receptora local no supone la existencia de un puesto de trabajo diferenciado, habilitándose para su desempeño a funcionarios que ocupan otros puestos de las correspondientes oficinas.

"Mecanismos de defensa del contribuyente. Los derechos y garantías en la normativa tributaria."

Dr. Joaquín Moya- Angeler Sánchez

12 LOS DEFENSORES DEL CONTRIBUYENTE.

12.2  LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE EN LA LEY GENERAL TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 34.1 LGT.

Como ya dijimos al principio de esta exposición, en el apartado 1 del artículo 34 de la actual LGT se recoge y se amplía, respecto de la anterior regulación, el catálogo de derechos y garantías de los obligados tributarios en sus relaciones con la Administración tributaria, entendiendo por Administración tributaria la que corresponde a los distintos niveles de Hacienda, estatal, autonómica y local. Esto no quiere decir, como también se ha comentado, que la lista sea cerrada y se circunscriba al contenido de este artículo, que sólo responde al afán codificador de la norma, puesto que, hemos visto al principio de este informe, que hay más derechos y garantías reconocidos en otros preceptos de la propia LGT, o contenidos en las normas administrativas de aplicación general a los procedimientos tributarios, así como los reconocidos con carácter general en la propia Constitución, cuyo contenido esencial se asume por la norma tributaria.

Estos principios, derechos y garantías despliegan su efectividad frente al legislador, modulando su potestad impositiva, y, en la aplicación que se realiza del sistema impositivo. Los diferentes Reglamentos dictados en desarrollo de la LGT, contienen una regulación más específica, y en ellos se regula la manera en que los obligados tributarios podrán hacer efectivos estos derechos y garantías en el seno de los diferentes procedimientos, por ejemplo, en cuanto al momento y manera de realizar alegaciones, en cuanto al acceso al expediente y la obtención de copias del mismo, a la aportación de documentos, etc. Estasnormasreglamentarias son lassiguientes:

§Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario.

§Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la LGT, en materia de revisión en vía administrativa.

§Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

§Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

La lista de derechos de los contribuyentes no se agota con los enunciados en el artículo 34.1 LGT, como hemos visto, siendo además la enumeración de derechos que realiza este artículo muy heterogénea y deslavazada, por  lo  queresulta útil su sistematización. Siguiendo a CALVO ORTEGA ^[1]los podemos agrupar en:

1. Derechos personales:

§Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al servicio de la Administración tributaria.

§Derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico.

§Derecho al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria, que sólo podrán ser utilizados para la aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de sanciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las leyes.

§Derecho a que las actuaciones de la Administración tributaria que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que le resulte menos gravosa, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

2. Derechoseconómicos:

§Derecho a obtener, en los términos previstos en esta ley, las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y las devoluciones de ingresos indebidos que procedan, con abono del interés de demora previsto en el artículo 26 de esta ley, sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto.

§Derecho a ser reembolsado, en la forma fijada en esta ley, del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado total o parcialmente improcedente por sentencia o resolución administrativa firme, con abono del interés legal sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto, así como a la reducción proporcional de la garantía aportada en los supuestos de estimación parcial del recurso o de la reclamación interpuesta.

§Derecho al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales que resulten aplicables.

3. Derechos de información y asistencia.

§Derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

§Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión.

§Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación o inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que las mismas se desarrollen en los plazos previstos en esta ley.

4. Derechosprocedimentales.

§Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte.

§Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la Administración tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan las actuaciones y procedimientos tributarios en los que tenga la condición de interesado.

§Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por él presentadas, así como derecho a obtener copia sellada de los documentos presentados ante la Administración, siempre que la aporten junto a los originales para su cotejo, y derecho a la devolución de los originales de dichos documentos, en el caso de que no deban obrar en el expediente.

§Derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración actuante, siempre que el obligado tributario indique el día y procedimiento en el que los presentó.

§Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución.

§Derecho a ser oído en el trámite de audiencia, en los términos previstos en esta ley.

§Derecho a formular quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento de la Administración tributaria.

§Derecho a que las manifestaciones con relevancia tributaria de los obligados se recojan en las diligencias extendidas en los procedimientos tributarios.

§Derecho a presentar ante la Administración tributaria la documentación que estimen conveniente y que pueda ser relevante para la resolución del procedimiento tributario que se esté desarrollando.

§Derecho a obtener copia a su costa de los documentos que integren el expediente administrativo en el trámite de puesta de manifiesto del mismo. Este derecho podrá ejercitarse en cualquier momento en el procedimiento de apremio.

La inmensa mayoría de las quejas, consultas y reclamaciones presentadas por los contribuyentes ante los órganos Defensores a que nos venimos refiriendo, traen su causa en un “presunto” mal cumplimiento por parte de los funcionarios y autoridades encargados de la Administración tributaria del primero de los derechos reconocidos a los obligados tributarios en el art. 34.1 LGT, esto es, el “derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias”.

El derecho de información y de asistencia conlleva toda una serie de deberes y obligaciones para la Administración Tributaria fruto de la concepción moderna de una Administración Pública prestacional al servicio del ciudadano y en beneficio de éste, cuyo contenido es objeto de desarrollo en los artículos 85 a 91, regulando también aspectos de esta función los artículos 92, 134, 135, disposición adicional novena y disposición transitoria segunda de la LGT. Además se trata de un derecho que, para todos los administrados, reconoce el art. 35.g) de la Ley 30/1992, LRJPAC, a cuyo tenor, éstos tienen derecho a “obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar”. Su desarrollo reglamentario se realiza por Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, que ha sido modificado por Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general parala mejora de la calidad en la Administración General del Estado y se regulan los Servicios de Información Administrativa y Atención al Ciudadano^[2].

Por tanto, lo dispuesto en el art. 34.1.a) tiene el carácter de norma especial frente a la normativa administrativa común que, en todo caso, tendrá carácter supletorio (art. 7.2 LGT). Esta especialidad se justifica tan sólo en los efectos de exención de responsabilidad que la LGT contempla cuando el obligado lleva a cabo su actividad atendiendo a los criterios expuestos por la Administración.

Como ha quedado expuesto a lo largo de este trabajo, información y asistencia son actividades diferentes. Informar es, básicamente, emitir una declaración de conocimientos, esencialmente unilateral, con la finalidad de orientar la actuación del informado. Sin embargo, la asistencia, supone ayudar al sujeto a cumplir sus obligaciones para con la Hacienda Pública, por ejemplo, confeccionando declaraciones o autoliquidaciones, requerimientos de información, etc.

Nos encontramos ante un deber administrativo de informar, aunque se asimila a un derecho de todos los obligados tributarios, tal y como se define en el art. 35 LGT. Presenta como única finalidad disipar la ignorancia ante la norma, ignorancia que, como sabemos, no exime al administrado, en cualquier caso, de su cumplimiento. Es el principio democrático el que fundamenta, “el derecho de los ciudadanos a contar con una amplia y adecuada información”. (STC 159/1986, de 12 de diciembre. FFJJ 6 y 8).

La información está al servicio de la seguridad jurídica, pero también del derecho a participar en los asuntos públicos y la Constitución la reconoce, especialmente, respecto a materias en relación con las cuales la información ciudadana es especialmente importante, como la tributaria. Dado el carácter esencialmente coactivo de este ordenamiento, serán fundamentos comunes vinculados al principio democrático y no reglas de seguridad jurídica las que justifiquen la información administrativa, en tanto que ésta no predetermina el resultado de la aplicación de la norma al sujeto.

El art. 85.2. LGT nos dice que la actividad de información y asistencia se instrumentará, entre otras, a través de las siguientes actuaciones:

§Publicación de textos actualizados de las normas tributarias, así como de la doctrina administrativa de mayor trascendencia.

§Comunicaciones y actuaciones de información efectuadas por los servicios destinados a tal efecto en los órganos de la Administración tributaria.

§Contestación a consultas tributarias escritas.

§Actuaciones previas de valoración.

§Asistencia a los obligados en la realización de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones tributarias.

Cuando la Administración informa no interpreta. Esto quiere decir, que no puede incluirse en la actividad pública de información funciones como la evacuación de consultas o los acuerdos previos de valoración. Al no conllevar interpretación o valoración de hechos, la información no supone tampoco predeterminación de las consecuencias jurídicas aplicables al obligado, por lo que no responde, expresamente, al contenido del principio de seguridad jurídica.

La condición de simple ayuda o colaboración que tiene la información facilitada por la Administración se proyecta, en primer lugar, en su objeto, ya que se informa de la regulación jurídica de una determinada materia en abstracto, se difunde la existencia de exigencias normativas, labor recogida normativamente en los arts. 86 y 87 LGT. En segundo lugar, afecta a la naturaleza jurídica de la respuesta, que no tiene ninguna trascendencia jurídica no exonerando de responsabilidad al obligado tributario, ya que esta exoneración de responsabilidad prevista en el art. 179.2.d) LGT se refiere exclusivamente a los arts. 88 y 89 LGT, relativos a las consultas tributarias escritas. Es decir, en estos casos, el obligado tributario que haya ajustado la aplicación del tributo al criterio que le haya sido manifestado por escrito por la Administración, no puede ser sancionado, ahora bien, la Administración no tiene que ajustarse a dicho criterio para la aplicación de la norma tributaria, salvo que se trate de una consulta tributaria vinculante, evacuada por el órgano que tenga atribuida la elaboración de las normas, en el caso del Estado, en exclusiva, la Dirección General de Tributos.

Resulta claro, que las consultas tributarias escritas y los acuerdos previos de valoración no responden a la función informativa, pese a venir reguladas en la misma sección. En ambos casos, se realiza la aplicación de normas jurídicas, en el primero de los casos incluso con labor interpretativa, incompatible con el concepto de información ^[3]. Por su parte, los acuerdos previos de valoración se insertan dentro de fórmulas transaccionales o convencionales, suponen la aplicación de normas relativas a bases imponibles y, por tanto, no se trata de mera información ^[4].

El art. 87.1. LGT establece para la Administración el deber de informar sobre los criterios administrativos existentes para la aplicación de la normativa tributaria. En segundo lugar, el deber de facilitar la consulta a las bases informatizadas donde se contienen dichos criterios. Por último, el de remitir comunicaciones destinadas a informar sobre la tributación de determinados sectores, actividades o fuentes de renta.

En cuanto a la asistencia a los obligados tributarios en la realización de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones tributarias prevista en la letra e) del art. 85.2. LGT, hay que decir que en los últimos años, esta labor de facilitación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias al ciudadano, ha proliferado de manera enorme. Esta función se hace efectiva con el establecimiento de un amplio abanico de servicios como son la disponibilidad de modelos de declaración, la proliferación de programas de ayuda para la presentación de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones, y, principalmente, en el establecimiento de servicios gratuitos para su confección de declaraciones, bien sea por los propios funcionarios, en las entidades colaboradoras, los llamados “colaboradores sociales”, o bien, por empresas externas contratadas por la propia Administración.

Es en esta actividad administrativa donde se originan un gran número de quejas y reclamaciones por parte de los obligados tributarios, quizá con razón, puesto que la norma no contiene una previsión en lo relativo a los efectos de las declaraciones presentadas conforme a la confección realizada por estos servicios, administrativos o no, pero, en cualquier caso, vinculados a la propia Administración, pudiendo llegar el declarante incluso a ser sancionado, en una comprobación posterior de la declaración presentada por los órganos de gestión o de inspección tributaria.

A este respecto, el profesor FALCÓN Y TELLA ^[5], opina que “los nuevos mecanismos de ayuda a los contribuyentes, sin duda positivos para éstos, en la medida en que el recurso a los mismos siga siendo gratuito y voluntario, deben comprometer también al sujeto activo de la imposición que los ofrece, directa o indirectamente, en el sentido de que dicho sujeto activo no puede estar sólo a las consecuencias favorables”.

Desde el año 1996, todos los contribuyentes españoles cuentan con la posibilidad de formular quejas y realizar sugerencias relativas a la aplicación de los tributos que realicen los órganos de la Administración del Estado ante una institución creada específicamente para tal fin: El Consejo para la Defensa del Contribuyente.

El Consejo para la Defensa del Contribuyente fue creado por el Real Decreto 2458/1996, de 2 de diciembre (BOE de 21 de diciembre)y se constituyó el 20 de enero de 1997.

En cuanto a la normativa que da cobertura en la actualidad al Consejo en es la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, de 17 de diciembre, que de modo expreso en el artículo 34 apartado 1º, reconoce a los obligados tributarios, entre otros derechos, el de formular quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento de la Administración tributaria. En el número 2º de este mismo artículo se recoge la existencia del Consejo para la Defensa del Contribuyente integrado en el Ministerio de Hacienda, órgano al que se encarga de velar por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios, atender las quejas que se produzcan por la aplicación del sistema tributario que realizan los órganos del Estado y efectuar las sugerencias y propuestas pertinentes, en la forma y con los efectos que reglamentariamente se determinen.

En cumplimiento de esta previsión se dictó el Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente (BOE de 4 de diciembre), que entró en vigor el 5 de diciembre de 2009, derogando el Real Decreto 2458/1996.

La existencia del Consejo se justifica por la enorme transformación operada en la Administración tributaria como consecuencia de la modificación del esquema general de aplicación de los tributos, con la generalización del sistema de autoliquidaciones, pasando la Administración al papel de control del cumplimiento de dichas obligaciones, y transformándose ésta en una Administración prestadora de servicios. Ha sido también fundamental, en este aspecto, la creación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a la que se encomienda la aplicación del sistema tributario estatal y del aduanero.

Las funciones del Consejo se enmarcan fundamentalmente dentro del deber de asistencia al ciudadano en materia tributaria, atendiendo las quejas y sugerencias que presenten los obligados tributarios y en el ejercicio del derecho de petición en materia tributaria.

Además, el Consejo elabora propuestas e informes en relación con los derechos de los contribuyentes, asesora a la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos y realiza propuestas de reformas normativas o procedimentales y sugerencias para mejorar los procesos que sustentan la prestación de servicios de la Administración tributaria, actuando siempre con plena independencia en el ejercicio de sus funciones.

La materia tributaria, por sus especiales características requiere un tratamiento específico, por lo que la profundización en los mecanismos administrativos de defensa del contribuyente revierte tanto en beneficio de la seguridad jurídica como de la necesaria agilidad en el tratamiento y resolución de las cuestiones que se planteen. No obstante, a pesar de que la Ley General Tributaria se declara totalmente aplicable a todos los niveles de Hacienda (artículo 1), el Consejo para la Defensa del Contribuyente, al estar integrado en el Ministerio de Hacienda, sirve únicamente a la Administración tributaria del Estado, por lo que debe remarcarse que no tendrá competencia para recibir y tampoco para tramitar las quejas y sugerencias relativas a las Administraciones tributarias autonómicas y locales, sin perjuicio del lógico interés que sus propuestas y sugerencias puedan tener para los gestores de dichas Haciendas.

"Mecanismos de defensa del contribuyente. Los derechos y garantías en la normativa tributaria."

Dr. Joaquín Moya- Angeler Sánchez

12 LOS DEFENSORES DEL CONTRIBUYENTE.

12.1  INTRODUCCIÓN.

La figura del Defensor del Contribuyente es una nueva manifestación de la Ombusdmanía ^[1], y nace como consecuencia de la regulación de los derechos y garantías de los contribuyentes, surgiendo verdaderos catálogos de derechos sustantivos en materia tributaria, como consecuencia de la transformación de las relaciones entre la Administración y los administrados, en la evolución hacia un modelo de gestión de los servicios públicos más acorde con los principios del servicio al ciudadano propios de una concepción moderna de la Administración tributaria.

Esta figura defensorial de carácter sectorial, inspirada en el Ombudsman, no reúne ninguna de las características esenciales del Defensor del Pueblo, el origen parlamentario y la independencia de actuación en relación con cualquier otro poder. No obstante, ambas instituciones comparten de forma genérica, un interés por la mejora de la calidad democrática del sistema, pues se trata de aplicar medidas de gestión de calidad, lo que significa un paso importante en la apertura de las administraciones a la sociedad civil, así como el procurar ciertos medios de defensa a los ciudadanos frente a organizaciones públicas y privadas.

El defensor del contribuyente podía haber nacido como órgano específico dependiente del Defensor del Pueblo o ser sustituido por un reforzamiento de los servicios de éste especializados en cuestiones fiscales. Al final se trata de un órgano específico pero integrado en la estructura de la Administración, lo que produce cierta confianza, y potencia su efectividad.

La creación del Defensor del Contribuyente, por tanto, se suele enmarcar dentro de la voluntad de mejorar la prestación de sus servicios a los contribuyentes, mediante la técnica de dotar a éstos de un instrumento de fácil acceso y ágil para hacer llegar a la Administración tributaria las quejas sobre el funcionamiento de sus servicios tributarios y las iniciativas para incrementar la calidad de los mismos y obtener de aquella una pronta respuesta.

La preocupación generalizada de las distintas Administraciones Públicas en mejorar la equidad y eficiencia del sistema tributario se puede observar en dos sentidos: primero, dando amparo a situaciones de  desprotección  jurídico-fiscalen los que pueden verse determinados contribuyentes; y, segundo, creando los cauces y procedimientos de participación de los ciudadanos en las políticas tributarias, detectando las disfunciones y anomalías del sistema a través de las quejas y sugerencias presentadas.

Generalmente se ha mantenido que el Defensor de Contribuyente se puede encajar en la concepción moderna del fenómeno tributario tendente a hacer real un nuevo modelo de las relaciones entre el Fisco y el contribuyente. Esta nueva etapa se basa en la transparencia administrativa y el correcto funcionamiento de los servicios tributarios. Esta iniciativa trata de ser un instrumento imparcial, ágil y eficaz de resolución de conflictos tributarios.

El Defensor del Contribuyente nace como un instrumento privilegiado para tratar de lograr el equilibrio en las relaciones entre la Administración tributaria y el contribuyente, en tanto que debe procurar la puesta en práctica de los derechos y garantías de los contribuyentes, dejando así de ser una mera declaración de principios y reforzando la seguridad jurídica del marco tributario.

Tiene la vocación de ser un órgano independiente, con el fin de gozar de la legitimidad necesaria para resolver las quejas y reclamaciones de los contribuyentes relativas al sistema tributario o sobre las desatenciones, retrasos o anomalías en los procedimientos tributarios, así como para dirigir recomendaciones a la Administración con el fin de solventar las disfunciones observadas y aumentar la calidad en la prestación de los servicios tributarios. Orgánicamente, se trata de un órgano administrativo encajado en la estructura de la propia Administración cuyos actos fiscaliza, por tanto, gozará únicamente de independencia funcional.

La institución del Defensor del Contribuyente, ya sea como órgano unipersonal o colegiado, habida cuenta de los distintos niveles de Hacienda y de Administraciones tributarias con las que se relacionan los contribuyentes en nuestro país, estatal, autonómica y local, no se ha generalizado. El Consejo para la Defensa del Contribuyente es el órgano específicamente encargado de velar por los derechos y garantías de los contribuyentes en la aplicación de los tributos que realizan los órganos de la Administración tributaria del Estado. No podrá conocer, por no ser de su competencia, los actos de aplicación de los tributos realizados por órganos dependientes de la Administración autonómica o Local. No obstante, existen ejemplos significativos tanto a nivel de Comunidades Autónomas como de Entidades Locales, como puedan ser el Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente de Castilla y León o el Defensor del Contribuyente del Ayuntamiento de Madrid, que son pioneros en este ámbito.

Estos órganos se configuran para asistir a los contribuyentes en el ejercicio de sus derechos, cuando éstos entiendan que han sido ignorados o conculcados. Como es sabido, estos derechos se encuentran enumerados en el artículo 34 de la actual LGT.

"Mecanismos de defensa del contribuyente. Los derechos y garantías en la normativa tributaria."

Dr. Joaquín Moya- Angeler Sánchez

11. LOS DEFENSORES DEL PUEBLO Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES.

11.2  LOS DEFENSORES DEL PUEBLO AUTONÓMICOS.

11.2.4            Los catálogos estatutarios de derechos y los Defensores del Pueblo Autonómicos.

En las últimas reformas de estatutos de autonomía que se han producido, la mayoría de estas Comunidades Autónomas han introducido amplios catálogos de derechos que van a influir sin duda en la proyección metodológica de la actividad supervisora de los comisionados parlamentarios autonómicos.

Desde estos nuevos cánones normativos, se estaría marcando implícitamente la una directriz funcional prioritaria y vinculante para el conjunto de los poderes públicos autonómicos, incluido lógicamente el propio Comisionado Parlamentario.

Los Estatutos de Autonomía estarían así elevando el grado de exigibilidad de estos derechos, en su mayoría de naturaleza social o prestacional,  reconocidos formalmente como derechos subjetivos, que carecían en su mayoría (a salvo de la educación y la libertad sindical) de un nivel de protección adecuado en la esfera constitucional. A partir de este reforzamiento de la virtualidad normativa de los preceptos estatutarios que los reconocen, el Defensor autonómico se encuentra en condiciones funcionales más óptimas para apremiar al poder político de la comunidad en el logro de los fines sociales allí indicados que debe comprender una esfera básica o mínima de satisfacción que queda fuera de la disponibilidad del poder político autonómico. En este sentido, entonces, actuaría como una instancia efectiva en la inaugurada función de control de estatutoriedad. Evidentemente, la operación de fiscalizar el cumplimiento de los dispositivos estatutarios de naturaleza dogmáticos no tiene carácter jurisdiccional ni parlamentario, ya que a partir de ahora no tiene por qué proyectarse únicamente sobre la actuación administrativa o las disposiciones reglamentarias del Gobierno y de la Administración autonómica, repercutiendo igualmente en la eventual pasividad o concepción restrictiva del poder legislativo de la comunidad a la hora de desplegar normativamente el régimen jurídico de los derechos estatutarios.

El Ombudsman autonómico encuentra, por consiguiente, en este nuevo marco estatutario posibilidades inéditas de actuación. La supervisión, de un lado, de incumplimientos por omisión o pasividad de los poderes públicos, cuando se han señalado unos objetivos o mínimos prestacionales que deben ser garantizados en todo momento. En segundo término, el control del Defensor puede proyectarse no sólo sobre la materialización de un conjunto de prestaciones sociales, sino de igual modo sobre la “calidad” y eficiencia de aquéllas, de manera que se alcance el nivel óptimo previsto en el Estatuto; en este sentido, hay que recordar que muchos de los derechos sociales reconocidos en la esfera estatutaria suponen un avance significativo respecto de una formulación excesivamente abstracta que reciben en la norma fundamental del Estado.

El control de estatutoriedad podría eventualmente llevarse a cabo de forma indirecta, con la colaboración del Defensor nacional. Este último posee una prerrogativa que le permite impugnar ante la jurisdicción constitucional normas con rango de ley que vulneren los derechos consagrados por la CE. El mimetismo en lo sustancial entre las declaraciones de derechos constitucionales y las estatutarias es un indicio evidente de la derivación y conexión incuestionable que existe entre ambos catálogos; los derechos estatutarios se integran en el contenido esencial de los derechos constitucionales. De este modo, una restricción desproporcionada de cualquiera de los primeros puede considerarse, al mismo tiempo, una potencial vulneración del derecho constitucional “homólogo”. Partiendo de esta premisa –la superposición de las nociones de ilegitimidad y antiestatutoriedad– los Ombudsman autonómicos estarían en condiciones de impulsar, previa solicitud al Defensor del Pueblo estatal, un mecanismo de control de estatutoriedad.

Por último, la importancia que puede llegar a cobrar la futura implantación de un proceso específico, o una función jurisdiccional específica, para la tutela de los derechos estatuarios aconseja sin duda algún tipo de legitimación del Defensor autonómico ante los tribunales de justicia. Se trataría con ello de atribuirle una facultad equivalente a la que se le concede a nivel estatal al Defensor del Pueblo nacional para incoar la actuación judicial frente a violaciones que sufran los derechos constitucionales (art. 162.1.b) de la Constitución).

11.2.5            Los Defensores del Pueblo Autonómicos y los Derechos y garantías de los Contribuyentes.

Entre las competencias de los comisionados parlamentarios autonómicos está el recibir las quejas de los ciudadanos en materia tributaria velando así por el buen funcionamiento y el respeto a los principios tributarios constitucionales y estatutarios por parte de los órganos de la Administración tributaria autonómica y local en su ámbito territorial, compartiendo la competencia en cuanto al control de los órganos de la Administración local, como hemos visto, con el Defensor del Pueblo. Entre esos principios y derechos, se encuentran los de naturaleza tributaria, como ya hemos visto, lo que constituye a estas instituciones defensoras en el deber de la vigilancia y la defensa de estos derechos, y también del sometimiento de la Administración tributaria en su actividad a los principios constitucionalizados relativos a su buen funcionamiento.

Dado a que su régimen jurídico es idéntico al del Defensor del Pueblo estatal,  sus resoluciones tampoco tendrán carácter vinculante, en el mismo sentido que las de aquél, e igualmente, con ocasión de sus investigaciones, podrá formular a las autoridades y funcionarios de las Administraciones públicas advertencias, recordatorios de sus deberes legales, recomendaciones y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. Al ser un régimen mimético, muy similar al del Defensor del Pueblo, no entramos en su análisis jurídico, ya realizado al referirnos a la actividad del defensor estatal.

11.2.6            La crisis económica y el ataque a la institución autonómica.

El defensor del pueblo de Castilla-La Mancha fue creado por Ley 16/2001, de 20 de diciembre, y el de la Región de Murcia, por Ley 6/2008, de 20 de noviembre. Por tanto, para su supresión, no ha sido necesario realizar la modificación de los respectivos Estatutos de Autonomía, motivo por el cual el proceso ha sido más sencillo.

Efectivamente, el 3 de noviembre de 2011 se aprobó la Ley 12/2011, de supresión de la figura del Defensor del Pueblo en la región de Castilla-La Mancha. El efecto rebote de esta supresión determinó que la figura del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia fuera también suprimida por Ley 14/2012, de 27 de diciembre. Hasta el momento el resto de defensorías autonómicas no han sido suprimidas.

El Defensor del Pueblo recibió 1.463 quejas procedentes de la Región de Murcia en 2013, y de Castilla-La Mancha se recibieron 1.126 quejas, según muestra el último Informe Anual de esta institución a las Cortes Generales.

Madrid (5.942), Andalucía (2.866), Comunidad Valenciana (2.234) y Castilla y León (2.225) fueron las comunidades autónomas donde se presentaron más quejas al Defensor del Pueblo en 2013, mientras que las solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad procedieron principalmente de Madrid, Andalucía y Castilla y León.

El debate sobre la vigencia y la necesidad de un defensor del pueblo autonómico, como hemos visto, siempre ha estado sobre la mesa, es decir, la pregunta de si son prescindibles los defensores del pueblo autonómicos sin que por ello se resientan los derechos de los ciudadanos.

En los primeros años de la democracia se consolidó una tendencia consistente en reproducir en el ámbito autonómico el modelo organizativo estatal y así surgieron los consejos consultivos autonómicos (trasuntos del Consejo de Estado), las sindicaturas de cuentas (modelo a escala del Tribunal de Cuentas, aunque sin jurisdicción contable) y los defensores del pueblo autonómicos.

El Defensor del Pueblo de España y los defensores del pueblo autonómicos tienen como hemos visto, en líneas generales, unas competencias coincidentes: ambos velan por la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución, a cuyo efecto pueden supervisar la actuación de la Administración (tanto la estatal como la autonómica y local, el Defensor del Pueblo de España; y sólo la autonómica y la local cuando se trate de materias en las que los respectivos estatutos atribuyan competencia a las respectivas comunidades autónomas, los defensores autonómicos). Los tiempos de respuesta también son equiparables. El Defensor del Pueblo de España además está legitimado para interponer los recursos de inconstitucionalidad y amparo.

Este simple razonamiento, en cuanto a la gran coincidencia en su finalidad, al margen de otros más profundos a los que ya nos hemos referido en los apartados anteriores, en un contexto de crisis económica aguda de ambas comunidades, ha llevado a la supresión de la institución autonómica en ambos casos.

"Mecanismos de defensa del contribuyente. Los derechos y garantías en la normativa tributaria."

Dr. Joaquín Moya- Angeler Sánchez

11. LOS DEFENSORES DEL PUEBLO Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES.

11.2  LOS DEFENSORES DEL PUEBLO AUTONÓMICOS.

11.2.1            antecedentes.^[1]

En el proceso de elaboración de la Constitución española de 1978, y tras numerosas discusiones, al igual que sucedería con el resto del articulado, el Defensor del Pueblo de España tomó asiento y forma definitiva en el artículo 54, al que ya nos hemos referido. Sin embargo, nuestros constituyentes no quisieron recoger en este precepto la existencia de instituciones similares en el marco de las Comunidades Autónomas, y ello a pesar de que se presentaron algunas enmiendas favorables a su inclusión, tanto en el Congreso como en el Senado. No obstante, la Constitución tampoco prohibió su existencia.

La Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, L.O. 3/1981, LODP, determinó, en su artículo 12, que esta Institución podría recibir quejas o investigar de oficio la actividad de la Administración de las comunidades autónomas en el mismo ámbito de competencias que el resto de las Administraciones Públicas. No obstante, el citado precepto añade que a los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, los órganos similares de las comunidades autónomas coordinarán sus funciones con las del Defensor del Pueblo y éste podrá solicitar su cooperación.

Resulta por tanto evidente que el legislador, al redactar este precepto, ya preveía la futura creación de instituciones similares en el ámbito autonómico, que en años sucesivos se iban a desarrollar en leyes específicas de sus respectivos parlamentos y asambleas legislativas, como así ha sido.

Hasta un total de doce Comunidades Autónomas lo recogieron en sus Estatutos: País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias, Islas Baleares, Castilla y León, Cantabria, La Rioja y Extremadura. Quedaron fuera de este proceso Asturias, Murcia, Castilla-La Mancha, Navarra y Madrid, y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, si bien, con posterioridad y a través de Leyes de sus parlamentos regionales, Asturias, Murcia, Castilla-La Mancha y Navarra crearon sus propios Comisionados autonómicos. No obstante, en comunidades como Cantabria, Islas Baleares, Extremadura o Madrid, no se llegó a crear esta institución. Madrid lo introdujo en su momento, si bien para el área de trabajo especializada y exclusiva de los menores.

Los defensores del pueblo autonómicos, adaptaron su denominación a los antecedentes históricos de cada comunidad (Ararteko, en el País Vasco; Valedor do Pobo Galego, en Galicia; Justicia de Aragón; Defensora del Pueblo Riojano; Diputado del Común, en Canarias; Procurador del Común de Castilla y León; Procuradora General del Principado de Asturias; Síndic de Greuges de Catalunya; Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana; Defensor del Pueblo de Navarra; Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha; y Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

El desarrollo del Estado de las Autonomías y el sustancial incremento de la actividad administrativa de las Comunidades Autónomas, ha hecho necesaria la creación de estas instituciones cercanas a los ciudadanos que velan por el fiel cumplimiento de las funciones de las Administraciones públicas, y que pueden desempeñar su labor con la independencia de ser entidades comisionadas de los Parlamentos Autonómicos.

La Ley 36/1985, de 6 de noviembre, regula las relaciones entre la Institución del Defensor del Pueblo y las figuras similares en las distintas Comunidades Autónomas.

Estos Comisionados Parlamentarios son designados por las respectivas Asambleas o Parlamentos autonómicos, para la defensa y garantía de los derechos y libertades recogidos en el Título I de la Constitución, defensa de los respectivos Estatutos de autonomía y tutela del ordenamiento propio de la Comunidad Autónoma, así como velar por el funcionamiento transparente y eficaz de la Administración Pública en su territorio.

Para el cumplimiento de estos objetivos, los Defensores del Pueblo Autonómicos podrán supervisar la actividad de la Administración Autonómica, entes, organismos y empresas públicas que dependan de ella, o de las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos cuya titularidad competencial corresponda al Gobierno de la Comunidad. Sus competencias se extenderán también a la supervisión de la actividad de las Entidades Locales, en el territorio de la Comunidad, que compartirá con el Defensor del Pueblo estatal.

La responsabilidad que asume esta Institución en la defensa y protección de los derechos de los ciudadanos ofrece un amplio campo de trabajo donde desarrollar la función garantista que le ha sido encomendada, interviniendo en asuntos tan diversos que prácticamente inciden en todos los aspectos de la vida de los ciudadanos.

En ejercicio de sus funciones resolverá las quejas y contestará a las consultas que le formulen los ciudadanos, pudiendo intervenir también de oficio. Como resultado de sus investigaciones, los comisionados parlamentarios podrán realizar a los órganos administrativos afectados: recordatorio de deberes legales (advertencias), recomendaciones o sugerencias, estando la Administración afectada siempre obligada a contestar.

Los principios rectores de su actividad deberán ser idénticos a los del Defensor del Pueblo estatal, es decir, autonomía funcional, imparcialidad e independencia, para lo cual será imprescindible que gocen de autonomía reglamentaria, organizativa, funcional y presupuestaria. La independencia es un elemento clave en el que se apoya la “autoridad moral” y la “legitimación social” de una institución de esta naturaleza.

El reconocimiento en los respectivos estatutos de autonomía de estos principios de la institución no es una cuestión de simple “énfasis jurídico”, su relevancia no es puramente teórica o conceptual, sino que, por el contrario, incide de manera exponencial en las relaciones interinstitucionales que despliega el Ombudsman con los órganos de la Administración autonómica.

La autonomía, como principio estatutario, tiene una efectividad jurídica indudable frente a las posibles injerencias de los poderes políticos, sin excluir tampoco aquellas intromisiones en su libertad de criterio que puedan provenir del mismo Parlamento autonómico. La autonomía no sólo es sinónimo de imparcialidad en el ejercicio de una función que afecta al ejercicio de los derechos de la ciudadanía, sino también de independencia político-funcional de un poder legislativo, en nombre del cual actúa como Comisionado.

Algunas comunidades autónomas han aprobado recientemente nuevos Estatutos de Autonomía, en los que se regula una institución propia de la naturaleza del Ombudsman, observándose en dicha regulación un reforzamiento o enfatización de su posición como instrumentos de tutela de los derechos no sólo constitucionales sino también y fundamentalmente estatutarios.

11.2.2            Evolución de la institución. Especial referencia al Síndic de Greuges Catalán y al Defensor del Pueblo Andaluz.

La principal conclusión que se desprende del tratamiento estatutario inicial de los Ombudsman autonómicos es la tendencia generalizada a reproducir el esquema básico, y excesivamente sintético, que se encuentra en la Constitución del Defensor del Pueblo estatal.

Sin embargo, las posteriores reformas de los estatutos de autonomía, principalmente del catalán y del Andaluz, han determinado la asunción de funciones por estos órganos que van más allá de las inicialmente contempladas.

Una observación global refleja, como primer dato, el intento de los poderes estatuyentes por categorizar a los defensores autonómicos como instituciones de naturaleza estatutaria ^[2]y, en segundo lugar, su calidad instrumental como mecanismos de tutela del catálogo de derechos recién incorporados a las normas “fundamentales” de las CC.AA.

De todas estas regulaciones destaca la realizada por el Estatuto Catalán, por la regulación detallada y amplia que propone del Síndic de Greuges. En comparación con las demás normas estatutarias reformadas, donde apenas se contienen referencias concretas, la de Cataluña intentó delimitar con mayor precisión la esfera institucional y administrativa sobre la que se proyectaría la actuación del Síndic, así como el ámbito funcional esencial que quedaría afectado por sus facultades de supervisión. Por otro lado, el Estatuto catalán establece –de una manera mucho más pormenorizada que los otros– los mecanismos y procedimientos de control que se activan frente a los otros poderes públicos de la comunidad (Poder  Ejecutivo/Administración y Legislador autonómico).

De igual modo, y como novedad sustancial en este plano normativo superior del ordenamiento autonómico, reconoce la obligación de colaborar con el Síndic no sólo de todas las “Administraciones Públicas de Cataluña”, sino también de todo un conjunto de “entidades y personas” mencionadas en otro precepto del Estatuto. El listado es lo suficientemente amplio como para que no quede fuera de ese deber de cooperación ninguna entidad jurídica ni persona física que tenga algún tipo de relación con cualquier Administración pública que opere en Cataluña, a excepción de la estatal. No obstante, en el caso de la Administración local, el hecho de que la supervisión no se configure como una “competencia exclusiva” podría modular el alcance del mandamiento estatutario, en la medida en que su naturaleza “bifronte” permitiría aún –al menos teóricamente– una doble fiscalización por parte del Síndico del Defensor del Pueblo estatal.

Lo que se deduce perfectamente del enunciado de esa disposición estatutaria es la naturaleza jurídica de esa obligación de cooperar. No se trata, pues, de un simple deber genérico sin consecuencias en caso de incumplimiento. Por el contrario, se ha querido subrayar su carácter vinculante, desde el momento en que se prevé en el propio Estatuto la imposición de sanciones a los responsables públicos que no colaboren con el Síndic. La fijación exacta del alcance de esas sanciones tendrá que determinarse mediante la ley.

Resulta coherente con la naturaleza del Ombudsman autonómico como “magistratura de persuasión” que no se pueda interpretar la necesaria cooperación como la obligación inexcusable del funcionario o responsable público de actuar conforme al criterio o recomendación propuesta por el Síndic. Esta conclusión no se deriva al menos del enunciado del precepto estatutario.

La colaboración tiene un significado más procedimental, en cuanto parece referirse únicamente a la posibilidad de exigir una actitud positiva y no obstruccionista por parte de aquéllos, al intentar obtener información y evitar la falta deliberada de respuesta a las solicitudes que se planteen desde la institución.

La esfera material sobre la que se proyecta la competencia del Síndicestá delimitada por un doble campo normativo: los derechos y las libertades reconocidos por la Constitución y por el Estatuto de Autonomía. La ampliación del ámbito material es una consecuencia lógica de la introducción, tras la reforma estatutaria aprobada en el año 2006, de un amplio catálogo de derechos “propios”, es decir, derechos estatutarios cuyo enunciado no coincide siempre y exactamente con los consagrados en el Título Primero de la Constitución española de 1978. Ciertamente, la mayoría de estos nuevos derechos subjetivos –más que libertades– derivan de los derechos constitucionales; especialmente se pueden considerar una versión puesta al día actualizada y con perfiles técnico-jurídicos más precisos de los derechos constitucionales de naturaleza social o prestacional. Entre unos y otros no se detectan antinomias ni contradicciones.

La siempre compleja división entre competencias estatales y autonómicas que seguirá existiendo –pese al esfuerzo realizado en este punto por algunos estatuyentes– puede mantener ciertas dosis de indefinición sobre los límites funcionales entre el Defensor del Pueblo nacional y el comisionado autonómico.

Las relaciones con todas esas instituciones deben basarse en el principio cooperativo y no tanto en una coordinación jerárquica sobre ellas (o por una de ellas, en concreto, el Defensor del Pueblo estatal).  De  otro  modo,  se  hubiera empleado una terminología diferente en la norma estatutaria. La dimensión cooperativa de las funciones de los defensores autonómicos es una consecuencia casi ineludible de la superposición de administraciones sobre espacios materiales compartidos desde el punto de vista competencial entre todas ellas.

En el caso catalán las atribuciones al Síndicvan más allá de las que gozan sus homólogos en otras autonomías, puesto que la nueva regulación estatutaria le otorga la legitimación para “solicitar dictamen” al Consejo de Garantías sobre las iniciativas legislativas y decretos “cuando regulen derechos reconocidos por el presente Estatuto”. Esta competencia se asemeja a la capacitación procesal del Defensor del Pueblo estatal para presentar recursos de inconstitucionalidad ante la jurisdicción constitucional (arts. 162.1 de la CE y 32.1.b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, LOTC).

Esta legitimación para acceder al órgano encargado de fiscalizar la estatutoriedadde las iniciativas legislativas que llegan al Parlamento autonómico no sólo supone una novedad importante en su estatus funcional, sino también un cambio de naturaleza en cuanto al tipo de control que puede llegar a ejercer el defensor del pueblo autonómico.

En este momento, pues, se plantea una concepción realmente novedosa de dicho tipo de Comisionado parlamentario, en la que la propia institución que lo designa (el parlamento autonómico) puede ser sometida a un control, impulsado por el mismo Síndic, con resultados jurídicamente vinculantes. Sin disponer de un poder decisorio efectivo, sin embargo el papel que cumple ya no se limita a sugerir, o proponer como mucho, aquellas reformas legislativas necesarias para dar respuesta a las demandas ciudadanas. De actuar como “magistratura de persuasión” ante la Administración autonómica pasa a ser una institución con capacidad para bloquear la función normativa del legislador, cuando ésta pueda afectar negativamente a los derechos reconocidos en el nuevo Estatuto. La justificación de esta inédita potestad radica justamente en la atribución que se le otorga como institución garante del ejercicio de esos derechos de la ciudadanía.

El otro caso más destacado, en este breve análisis de la institución de los Comisionados Autonómicos que venimos haciendo en este apartado, lo constituye el Defensor del Pueblo andaluz. La regulación que lleva a cabo el actual Estatuto de Autonomía otorga a esta institución el rango y la naturaleza de institución fundamental del autogobierno. Sin embargo, pese a la nueva regulación estatutaria, los dispositivos e instrumentos con los que cuenta la institución para la defensa de los derechos constitucionales y estatutarios siguen siendo los mismos.

En cuanto a su ámbito de proyección, y al igual que el Estatuto catalán, se cifra en dos vertientes esenciales y no independientes en su totalidad:  losderechos constitucionales y los derechos estatutarios^[3]. Serán estos últimos los parámetros básicos y prioritarios de la fiscalización que realice el Defensor de la actividad administrativa ^[4]. Ese bloque de preceptos contiene no sólo derechos stricto sensu, sino también algunas “libertades” y sobre todo un número considerable de “principios rectores” de las políticas públicas. La comprensión razonable de aquella mención debe extenderse, pues, al conjunto de derechos, libertades y mandamientos dirigidos a  los  poderes  públicos  que allí se regulan.

La lectura que puede hacerse de los preceptos estatutarios no es tanto la ampliación de la competencia fiscalizadora del Ombudsman autonómico hacia campos inéditos o novedosos, sino más bien la intensidad de ese control sobre lo que podríamos considerar prioridades estatutarias. A diferencia del caso catalán, quedan fuera de su esfera de control –al menos formalmente– las iniciativas legislativas parlamentarias.

La actividad de la institución consistirá en la supervisión de las Administraciones Públicas de Andalucía, en donde tendrían cabida cualquier órgano o entidad administrativa (no estatal) de carácter territorial o institucional, por tanto, el Defensor andaluz puede supervisar otras administraciones diferentes de la propiamente autonómica y, en especial, su incidencia es indudable en la fiscalización de la Administración local radicada en Andalucía.

11.2.3            LA FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL POR LOS DEFENSORES AUTONÓMICOS.^[5].

La extensión de la potestad de supervisión del Defensor autonómico sobre la Administración local radicada en la comunidad se empieza a reconocer en las leyes que regulan esta institución de Baleares y Castilla y León. En esta última, la reforma que se aprobó de la Ley del Procurador del Común contempló la posibilidad de controlar las entidades locales en las materias no sólo “delegadas” o “transferidas” desde la Comunidad, sino siempre que ésta tuviera algún tipo de competencia sobre ellas.

En este sentido, conviene recordar la necesidad, mucho más imperativa a partir de la aprobación de algunos Estatutos de Autonomía recientemente reformados (Cataluña, Andalucía), de someter a revisión la Ley 36/1985 que regula las relaciones del  Defensor del Pueblo estatal con los comisionados parlamentarios de las CC.AA.

Existe una evidente incompatibilidad entre el régimen de colaboración y coordinación previsto en el artículo 2 de la Ley 36/1985 con las nuevas previsiones autonómicas. En este precepto se constata todavía una orientación hegemónica de las facultades que tendría el Ombudsman nacional en el control de la Administración local, ya que circunscribe la posibilidad de supervisión de sus homólogos regionales únicamente a las actuaciones de aquélla en el ejercicio de competencias delegadas por la Administración autonómica (art. 2, Ley 36/1985), con una puntualización bastante indicativa de una predisposición jerárquica: “sin mengua de lo establecido en cuanto a facultades del Defensor del Pueblo por la Constitución y la Ley Orgánica 3/1981”.

El carácter compartido –se declara, ahora sí, de forma explícita, “en régimen de cooperación”– de la fiscalización sobre esta Administración territorial tiende a desaparecer con las últimas normas estatutarias, que pretenden sustituir el clásico ya principio de “bifrontalidad” por una regulación fundamentalmente autonómica del régimen local. De ese desequilibrio en perjuicio del protagonismo del ordenamiento estatal cabe inferir el fundamento de una “exclusividad” en el control de los comisionados autonómicos sobre los entes locales radicados en el territorio de la comunidad.

Desde una perspectiva constitucional, no creemos que existan inconvenientes para aceptar esta solución, ya que el artículo 54 de la norma fundamental se refiere sólo a la “Administración”, sin especificar concretamente la dimensión institucional o territorial que deba tener aquélla, que deba ser objeto de vigilancia por el Defensor nacional.

Por otro lado, parece que los estatutos de autonomía sólo han intentado delimitar jurídicamente el campo institucional sobre el cual los defensores de las CC.AA. están funcionando de hecho, evitando así una regulación distanciada de su experiencia real.

La conveniencia de reformar la Ley 36/1985 resulta imperativa en lo que respecta a la facultad de supervisión de las administraciones autonómicas, todavía atribuida con carácter compartido por esa norma entre el Defensor nacional y los defensores autonómicos. El régimen de cooperación y la “alternatividad” señalada en aquella norma legislativa contradicen de forma clara la exclusividad con que dicha competencia se está atribuyendo a estos últimos, sea de forma explícita, como sucede en el Estatuto catalán, o implícitamente, tal y como parece deducirse sin dificultad de los otros Estatutos de Autonomía.

"Mecanismos de defensa del contribuyente. Los derechos y garantías en la normativa tributaria."

Dr. Joaquín Moya- Angeler Sánchez

11. LOS DEFENSORES DEL PUEBLO Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES.

11.1   EL DEFENSOR DEL PUEBLO.

11.1.1  Antecedentes^[1].

Aunque hay antecedentes más remotos, se crea en Suecia en el siglo XVI el llamado “Preboste de la Corona”, cuya función principal era vigilar, bajo la suprema autoridad del Rey, la administración de justicia en el reino, debiendo informar a Su Majestad de los fallos o irregularidades que encontraba. Basada en aquella antigua figura del Preboste, la Constitución Sueca estableció a principios del siglo XIX, en 1809, la figura del “Ombudsman”, independiente del Gobierno y elegida libremente por el Parlamento. Era un delegado parlamentario, pero independiente también de dicho órgano, encargado de representar los intereses de los ciudadanos, dándoles respuesta ante los abusos que pudieran cometer los funcionarios del Estado y que tuvieran difícil solución por vía burocrática o judicial. Era un representante del pueblo encargado de investigar las violaciones a los derechos individuales, los abusos de poder, los errores, las negligencias o las decisiones injustas de las autoridades, con el fin de mejorar la acción de gobierno y de lograr una Administración más abierta y transparente para los administrados.

Esta figura del “Ombudsman” se extendió, un siglo después, a Finlandia en 1919, a Dinamarca en 1953 y posteriormente al resto de Europa y a otros países del mundo, haciéndolo con distintas denominaciones, entre las que la más usada es la de Defensor del Pueblo, que fue la adoptada por España en la Constitución de 1978 al señalar, en su artículo 54, que una Ley Orgánica regulará la Institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución Española, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. La citada Ley Orgánica del Defensor del Pueblo se promulgó el 6 de abril de 1981. LODP. (L.O. 3/1981, de 6 de abril).

El modelo sueco será una referencia incuestionable en la construcción de la figura, pero no será único y la diversidad va a ser la tónica.

Aunque las diferencias entre las figuras de los distintos Ombudsman existentes son grandes, podemos señalar algunos rasgos comunes:

1)                      Su independencia, que es la característica fundamental para que pueda desempeñar correctamente sus funciones. Independencia lograda a través de la constitucionalización de la institución, lo que le convierte en un órgano constitucional, que se sitúa normalmente en el poder legislativo, pero con un alto grado de independencia del mismo. En su funcionamiento no recibe órdenes de nadie, no está sujeto a mandato imperativo alguno, ni siquiera del legislativo.

2)                      En cuanto a sus competencias, que quedan limitadas al control sobre las organizaciones administrativas públicas y, en algunos casos, de forma creciente, abarca también la defensa de los derechos fundamentales.

3)                      No tiene poder de coerción. Sus actuaciones se limitan a dar cuenta de las deficiencias de funcionamiento o de las desviaciones que encuentre en sus actuaciones, pero no es un órgano judicial que pueda emitir sentencias, ni es un poder administrativo que pueda sancionar o modificar una forma de actuación. Al ser un defensor de los derechos ciudadanos, es un instrumento de fiscalización y control de las administraciones públicas, aunque, eso sí, sin poder coercitivo. Su poder viene de la auctoritas que haya conseguido obtener.

11.1.2            El Defensor del Pueblo Español. Prerrogativas, competencias y funciones.

En nuestro caso, el artículo 54 de la Constitución española de 1978 estableció que una ley orgánica regularía la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I “De los derechos y deberes fundamentales”, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

En desarrollo de este mandato se dictó la L.O. 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, LODP, que para garantizar la independencia de la institución, otorgó al Defensor del Pueblo las prerrogativas individuales propias de los parlamentarios, y le sometió a un estricto régimen de incompatibilidades.

El Defensor del Pueblo será elegido por las Cortes Generales para un periodo de cinco años designándose una comisión mixta Congreso-Senado encargada de relacionarse con la institución e informar a los respectivos Plenos en cuantas ocasiones sea necesario.

En cuanto a sus competencias, básicamente tenemos que dividirlas en tres:

Primera.- La defensa del orden constitucional y de la norma fundamental.

Segunda.- La protección y defensa de los derechos de los ciudadanos incluidos en el Título I de la Constitución.

Tercera.- La supervisión de la actividad de las Administraciones Públicas.

En ejercicio de esta última competencia, conforme establece el art. noveno de la LODP, “el Defensor del Pueblo podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración pública y sus agentes, en relación con los ciudadanos, a la luz de lo dispuesto en el art. 103.1. de la Constitución, y el respeto debido a los derechos proclamados en su Título primero”.

El art. 103.1. de la CE recoge una serie de principios organizativos de la Administración Pública, y establece que la Administración Pública servirá con objetividad los intereses generales y actuará de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Tanto de este artículo, como de otros preceptos de la Constitución en los que se recogen principios, derechos y garantías de aplicación a los procedimientos tributarios, acabamos de realizar un breve análisis en el punto anterior de este trabajo.

En cuanto al ámbito subjetivo sobre el que el Defensor del Pueblo desarrolla sus competencias, conviene clarificar, que su control se extiende a la totalidad de los órganos que integran la Administración del Estado, la de las Comunidades Autónomas, y las Entidades Locales, así como al resto de entidades públicas vinculadas o dependientes de las mismas, y también sobre aquellos que actúen como agentes o colaboradores de estas administraciones en el cumplimiento o realización de fines o servicios públicos.

Estas competencias se plasman en un conjunto de instrumentos y funciones que en resumen, son los siguientes:

A) Defensa del orden constitucional y de la norma fundamental. En el ejercicio de este cometido el Defensor del Pueblo cuenta con un poderoso instrumento, puesto que puede interponer el recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con rango de Ley que vulneren el contenido de la Constitución. (art. 162.a) de la CE).

B) Defensa directa de derechos fundamentales. El Defensor del Pueblo está facultado para utilizar el hábeas corpus y para interponer el recurso de amparo en protección de estos derechos ante el Tribunal Constitucional. (art. 162.b) CE).

C) Defensa indirecta de derechos fundamentales. Los instrumentos serían los comunicados a la Administración, la localización de disfunciones importantes en el actuar administrativo y la protección de los derechos económicos y sociales. Es, precisamente, en esta actuación de defensa indirecta de derechos fundamentales, donde se concentra la mayor parte su trabajo, pues la mayoría de quejas y reclamaciones, se refieren a estos casos.

El Defensor del Pueblo, aun no siendo competente para modificar o anular los actos y resoluciones de la Administración pública, podrá, sin embargo, sugerir la modificación de los criterios utilizados para la producción de aquellos.

Dado que las resoluciones del Defensor del Pueblo no tienen carácter vinculante para la Administración, deben ser argumentadas convenientemente, de tal modo que se logre convencer a la misma. Esta justificación se exige también de los informes que recibe la Institución cuando la Administración contesta a nuestra petición de información.

El Defensor del Pueblo, con ocasión de sus investigaciones, podrá formular a las autoridades y funcionarios de las Administraciones públicas advertencias, recordatorios de sus deberes legales, recomendaciones y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. En todos los casos, las autoridades y los funcionarios vendrán obligados a responder por escrito en término no superior al de un mes.

En efecto, resulta conveniente graduar el contenido de la resolución  dirigida a la Administración afectada, que puede presentar diversos contenidos:

§▪Recordatorio de Deberes Legales (o Advertencia):Se recuerda la obligación de ajustarse a un precepto legal o disposición administrativa de carácter general, conminando a la Administración a que haga o se abstenga de hacer algo concreto.

§▪Recomendación:Presenta el segundo grado de coerción; básicamente, se refiere a cuestiones de legalidad y pretende poner fin a un defecto o irregularidad, manifestando a la Administración la conveniencia de efectuar determinadas actuaciones para corregir dicha situación.

§▪Sugerencia:Es la forma más flexible que pueden adoptar las resoluciones, y se emite cuando, sin existir irregularidad en la actuación de la Administración, es posible proponer cambios o ajustes en el procedimiento que permitan ofertar una mayor calidad en el servicio a los ciudadanos.

Si como consecuencia de sus investigaciones llegase al convencimiento de que el cumplimiento riguroso de la norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales para los administrados, podrá sugerir al órgano legislativo competente o a la Administración la modificación de la misma.

Si las actuaciones se hubiesen realizado con ocasión de servicios prestados por particulares en virtud de acto administrativo habilitante, el Defensor del Pueblo podrá instar de las autoridades administrativas competentes el ejercicio de sus potestades de inspección y sanción.

Si formuladas sus recomendaciones dentro de un plazo razonable no se produce una medida adecuada en tal sentido por la autoridad administrativa afectada o este no informa al Defensor del Pueblo de las razones que estime para no adoptarlas, el Defensor del Pueblo podrá poner en conocimiento del Ministro, del Departamento afectado, o sobre la máxima autoridad de la Administración afectada, los antecedentes del asunto y las recomendaciones presentadas. Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud, entre los casos en que considerando el Defensor del Pueblo que era posible una solución positiva, ésta no se ha conseguido.

Ahora bien, el Defensor del Pueblo no podrá intervenir en los siguientes supuestos:

1.                      Cuando no haya existido intervención de las Administraciones Públicas.

2.                      Cuando se trate de conflictos entre particulares.

3.                      Cuando haya trascurrido más de un año desde el momento en que el ciudadano haya tenido conocimiento de los hechos objeto de su queja.

4.                      Cuando se trate de quejas anónimas, sin pretensión concreta, en las que se aprecie mala fe o aquellas cuya tramitación pueda acarrear perjuicios a legítimos derechos de terceros.

5.                      En aquellas quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial, debiendo suspender su intervención si, iniciada ésta, se interpusiera por persona interesada demanda o recurso ante los tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional.

El Defensor del Pueblo podrá iniciar y proseguir sus actuaciones de oficio o a petición de parte. Podrá dirigirse al Defensor del Pueblo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, sin restricción alguna. Los Diputados y Senadores individualmente, las comisiones de investigación o relacionadas con la defensa general o parcial de los derechos y libertades públicas y, principalmente, la Comisión mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo, podrán solicitar mediante escrito motivado la intervención del Defensor del Pueblo para la investigación o esclarecimientos de actos, resoluciones y conductas concretas producidas en las Administraciones públicas, que afecten a un ciudadano o grupo de ciudadanos, en el ámbito de sus competencias. No podrá presentar quejas ante el Defensor del Pueblo ninguna autoridad administrativa en asuntos de su competencia.

Toda queja se presentará firmada por el interesado, con indicación de su nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado, en papel común y en el plazo máximo de un año, contado a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma. Es importante puntualizar que la presentación de una queja no debe entenderse sin más, como una muestra de irregularidad por parte de la Administración afectada. Dicha queja simplemente activa el procedimiento de investigación, que llevará a determinar si ha habido vulneración de derechos del ciudadano o irregularidad administrativa o, por el contrario, la actividad de los poderes públicos ha sido correcta y ajustada a Derecho.

Todas las actuaciones del Defensor del Pueblo son gratuitas para el interesado y no será preceptiva la asistencia de Letrado ni de Procurador. El Defensor del Pueblo registrará y acusará recibo de las quejas que se formulen, que tramitará o rechazará. En este último caso lo hará en escrito motivado, pudiendo informar al interesado sobre las vías más oportunas para ejercitar su acción, caso de que a su entender hubiese alguna y sin perjuicio de que el interesado pueda utilizar las que considere más pertinentes.

Admitida la queja, se dará cuenta del contenido sustancial de la solicitud al Organismo o a la Dependencia administrativa procedente con el fin de que por su Jefe, en el plazo máximo de quince días, se remita informe escrito. El Defensor del Pueblo podrá solicitar a los poderes públicos todos los documentos que considere necesarios para el desarrollo de su función. El funcionario que obstaculizare la investigación del Defensor del Pueblo mediante la negativa o negligencia en el envío de los informes que este solicite, o en facilitar su acceso a expedientes o documentación administrativa necesaria para la investigación, incurrirá en el delito de desobediencia. El Defensor del Pueblo dará traslado de los antecedentes precisos al Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones oportunas.

Cuando las actuaciones practicadas revelen que la queja ha sido originada presumiblemente por el abuso, arbitrariedad , discriminación, error, negligencia u omisión de un funcionario, el Defensor del Pueblo podrá dirigirse al afectado haciéndole constar su criterio al respecto. Con la misma fecha dar traslado de dicho escrito al superior jerárquico formulando las sugerencias que considere oportunas.

El Defensor del Pueblo informará al interesado del resultado de sus investigaciones y gestión, así como de la respuesta que hubiese dado la Administración o funcionario implicados, salvo en el caso de que estas, por su naturaleza, fuesen consideradas como de carácter reservado o declaradas secretas.

El Defensor del Pueblo comunicará el resultado positivo o negativo de sus investigaciones a la autoridad, funcionario o dependencia administrativa acerca de la cual se haya suscitado.

Cuando el Defensor del Pueblo, en razón del ejercicio de las funciones propias de su cargo, tenga conocimiento de una conducta o hechos presumiblemente delictivos lo pondrá de inmediato en conocimiento del Fiscal General del Estado.

El Defensor del Pueblo podrá, de oficio, ejercitar la acción de responsabilidad contra todas las autoridades, funcionarios y agentes civiles del orden gubernativo o administrativo, incluso local, sin que sea necesaria en ningún caso la previa reclamación por escrito.

El Defensor del Pueblo dará cuenta anualmente a las Cortes Generales de la gestión realizada en un informe que presentará ante las mismas cuando se hallen reunidas en periodo ordinario de sesiones.

El Defensor del Pueblo en su informe anual dará cuenta del número y tipo de quejas presentadas; de aquellas que hubiesen sido rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y el resultado de las mismas, con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por las Administraciones Publicas.

11.1.3            El papel del Defensor del Pueblo en la Protección de los derechos y garantías de los contribuyentes.

Como ya hemos visto al realizar un breve análisis de los preceptos de la LGT de 2003 desde una perspectiva constitucional, la vigente Ley realiza una adaptación plena del ordenamiento tributario a la Constitución, incorporando los principios constitucionales en materia tributaria, procedimental y los relativos al ejercicio de la potestad sancionadora. La mayoría de los derechos y garantías que se reconocen a los obligados tributarios en esta norma legal son reflejo de principios reconocidos con carácter general en la Constitución, unos en su Título I y otros en otras partes del texto constitucional, por tanto, sometidos a distintos niveles de protección. Lo anterior, justifica que el Defensor del Pueblo como institución vigilante en la protección de esos principios y derechos referidos en el Título I de la Constitución, entre los que se encuentran los principios tributarios constitucionales, y también del sometimiento de las Administraciones Públicas en su actuación a los principios organizativos constitucionalizados en el art. 103.1 de la CE, conozca de las quejas que presenten los contribuyentes y pueda realizar sus investigaciones y plantear sugerencias o hacer recomendaciones cuando los órganos de las distintas Administraciones tributarias no respeten su contenido esencial en la aplicación de los tributos o en la imposición de sanciones, y en los casos en los que se produzca un mal funcionamiento de los servicios públicos. También cuando las normas relacionadas con la Hacienda Pública no respeten dicho contenido constitucionalmente protegido podrá incluso interponer un recurso de inconstitucionalidad.

En el ANEXO I de este trabajo se recoge un extracto de la actividad del Defensor del Pueblo en materia tributaria, de las decisiones adoptadas y las recomendaciones y sugerencias realizadas contenidas en el informe anual presentado por esta institución a las Cortes Generales correspondiente a su actividad del año 2013.

"Mecanismos de defensa del contribuyente. Los derechos y garantías en la normativa tributaria."

Dr. Joaquín Moya- Angeler Sánchez

10. LOS TRIBUNALES ECONÓMICO ADMINISTRATIVOS

10.10 DOCTRINA DE LOS TRIBUNALES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS.

La publicidad y la unificación de criterio administrativo son objetivos esenciales de la actual Ley General Tributaria.

En lo que se refiere al ámbito estatal el art. 86.2 de la LGT establece que: “el Ministerio de Hacienda difundirá periódicamente las contestaciones a consultas y las resoluciones económico-administrativas que considere de mayor trascendencia y repercusión.”

Por su parte, aspecto este al que ya se ha hecho mención, el art. 239.7 del mismo texto legal señala que: “La doctrina que de modo reiterado establezca el TEAC vinculará a los tribunales económico-administrativos regionales y locales y al resto de la Administración tributaria. En cada Tribunal Económico-Administrativo, la doctrina sentada por su Pleno vinculará a las Salas y la de ambos a los órganos unipersonales. Las resoluciones y los actos de la Administración tributaria que se fundamenten en la doctrina establecida conforme a este precepto lo harán constar expresamente”.

Para dar cumplimiento a este mandato contenido en la Ley General Tributaria, los Tribunales Económico-Administrativos Municipales vienen publicando, ya sea en la “página web” municipal, en boletines periódicos, o por otros medios, una selección de las resoluciones que resultan de interés general, dando de esta forma publicidad a la “doctrina” del Tribunal en relación con la controversia suscitada. La publicidad que se da a las resoluciones de cada Tribunal sirve al principio de “seguridad jurídica” y, por tanto, cumple una misión fundamental en la protección de los derechos de los administrados.

Al cumplimiento de estos objetivos sirve también la previsión contenida en la mayor parte de los Reglamentos Orgánicos de estos Tribunales en relación con la necesidad de que presenten una Memoria anual de las actividades del Tribunal, que servirá además para el control de efectividad y la planificación estratégica de las actividades del Tribunal.

La evaluación de la actividad desarrollada por los Tribunales Económico-Administrativos se realizará por medio del análisis de una serie de indicadores y los datos obtenidos se incluirán en una Memoria anual. Como ya se ha visto en el apartado de datos estadísticos del presente documento dicho análisis se referirá a la evolución cuantitativa y cualitativa de las reclamaciones presentadas, al grado de resolución de dichas reclamaciones, al cumplimiento de los plazos de resolución, a la litigiosidad de las resoluciones adoptadas y otros indicadores de eficacia.

El Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Municipal, dentro del primer trimestre de cada año, comparecerá ante la Comisión Informativa competente en materia de Hacienda del respectivo municipio al objeto de presentar y exponer una Memoria anual de las actividades del Tribunal, de la que se dará cuenta al Pleno la Corporación. 

El Tribunal Económico-Administrativo Municipal ha de ser también un instrumento en la mejora de la Administración tributaria municipal y de garantía en la protección de los derechos de los contribuyentes. Por ello en la Memoria anual de estos Tribunales además de los datos y de la sinopsis de las resoluciones adoptadas en el año, podrán recogerse las “observaciones” que resulten del ejercicio de sus funciones y las “sugerencias” que el tribunal considere oportunas para mejorar el funcionamiento de los servicios municipales con tal fin, a la vista de las reclamaciones que han sido presentadas y de las resoluciones que han sido adoptadas por dicho tribunal.

A continuación se exponen algunos de los criterios administrativos, y las recomendaciones y sugerencias realizadas en las Memorias anuales presentadas por los tribunales que se indican.

1. Memoria 2012 del TEAM de Madrid.

“5. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS.

5.1. OBSERVACIONES.

Sobre las actuaciones que pueden provocar indefensión. (…)

Sobre el apremio de multas por infracción de las normas de circulación y seguridad vial impuestas por resoluciones sancionadoras notificadas por medio de edictos. (…)

5.2. SUGERENCIAS.

Sobre el plazo para impugnar recibos tributarios en vía económico-administrativa. (…)

Sobre la tasa por retirada de vehículos de la vía pública. (…)

Sobre la práctica de las notificaciones y actuaciones a través de los servicios de Correos S.A..(…)"

2. Memoria 2012 del TEAM de Bilbao.

“ANEXO 2º. ASPECTOS CUALITATIVOS.

a) Procedimiento administrativo común

-  - Recurso de reposición. Plazo de interposición. El plazo de un mes se prorroga si termina en día hábil. (REA 2011/0873). (…)

§Procedimiento económico-administrativo

-  Reclamación económico-administrativa extemporánea por un día. El cómputo de los plazos fijados por meses debe hacerse de fecha a fecha, con lo que el plazo vence el día hábil cuyo ordinal coincida con el que sirvió de punto de partida, que es el de la notificación del acto impugnado. (Recurso de anulación frente a REAS 2011/0769 y acumuladas). (…)

-  Reclamación económico-administrativa contra liquidaciones giradas respectivamente en concepto de adquisición y cesión de aprovechamiento urbanístico. Se admite en cuanto al análisis de la correcta notificación de la resolución que ordena emitirlas, más no cabe resolver sobre el fondo de las mismas. (REAS 2011/0090 y 2011/0091). (…)

-  Reclamación económico-administrativa contra liquidación girada a nombre de una Junta de Compensación en concepto de adquisición de aprovechamiento urbanístico. La interpone una persona física que forma parte de la Junta de Compensación. Se admite la legitimación de dicha persona. (REA 2011/0089). (…)

-  Recurso de Anulación contra acuerdo dictado en reclamación económico-administrativa. Aunque el escrito no lo define como tal recurso se interpreta así y se admite para su resolución. (REA 2011/0769 y acumuladas). (…)

-  Solicitud de suspensión de procedimiento de apremio. Se presenta reclamación con ese pedimento en tanto se dicte sentencia en la jurisdicción contencioso-administrativa. No cabe estimar la suspensión porque no está vinculada a la reclamación. (REA 2012/0165). (…)

§Aplicación de Ordenanzas Fiscales

§Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana.

-  Determinación del valor del suelo a efectos de la base imponible. Se ha de tomar el Valor Mínimo Atribuible, y si este tiene desglosado el valor del suelo y del vuelo no procede reducir el VMA total en un 60 %. (REA 2011/0784). (…)

-  Donación de local que posteriormente no puede transformarse en vivienda por no autorizarlo el Ayuntamiento. Segunda donación para revertir la propiedad a los anteriores dueños. Se produce el hecho imponible y, por tanto, el devengo del impuesto. (REA 2011/0794). (…)

§Impuesto sobre Actividades Económicas.

-  Exención por volumen de operaciones inferior a dos millones de euros. Acreditación del volumen de operaciones mediante presentación tardía del impreso correspondiente. No desvirtúa la aplicación de la exención si en definitiva queda acreditado que el volumen fue inferior al establecido como límite. (REA 2012/0766). (…)

-  Exención por volumen de operaciones inferior a dos millones de euros. Grupo de empresas en el que una de estas goza de la exención prevista para entidades sin fines lucrativos y de mecenazgo. Tan solo se considerará exenta la parte del volumen de operaciones que provenga de actividades exentas, según la tipificación que a tal efecto realiza la Norma Foral 1/2004. (REA 2011/0795). (…)

§Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica.

-  Exención por discapacidad. Vehículo dado de alta en 2010 abonando la autoliquidación sin instar la exención. Cuando esta se solicita en 2011 no puede aplicarse con efecto retroactivo, sino que surtirá efecto a partir del periodo impositivo siguiente a su reconocimiento. (REA 2011/0684). (…)

-  Vehículo objeto de robo denunciado. No se causó la baja temporal en la Dirección General de Tráfico. Impuesto procedente. (REA 2012/0001). (…)

§Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y Tasa de Licencia de Obras.

-  Obras en vial privado de uso público de hecho. Existe hecho imponible. Liquidaciones procedentes. (REA 2011/0873). (…)

-  Obras de rehabilitación de fachada en edificio propiedad de operador de Correos. No resulta aplicable la exención. Autoliquidaciones procedentes. (REA 2012/0079). (…)

§Tasa por Licencia de Obras.

-  Liquidación practicada tomando como base imponible el coste de la obra, con arreglo a la tarifa de la Ordenanza municipal. No se vulneran los principios de equivalencia en materia de tasas, valor de la prestación recibida y adecuación a la capacidad económica del obligado tributario. Por otra parte, los Tribunales Económico-Administrativos no pueden resolver sobre la supuesta ilegalidad de la Ordenanza. (REA 2011/0875). (…)

§Tasa por prestación de Servicios Especiales por la Policía Municipal.

-  Intervención consistente en retirar vehículos de la vía pública para posibilitar la labor a desarrollar por un camión-grúa en una obra. Resulta sujeto pasivo de la tasa la persona titular de dicho vehículo y no la propietaria de la obra. (REA 2011/0518). (…)

§Tasa por prestación del Servicio de Bomberos.

-  Intervención en incendio. La reclamante alega el empleo excesivo de medios humanos y materiales para sofocarlo, cuando al final el resultado del mismo no produjo grandes daños. Actuación desarrollada de acuerdo a un protocolo general de actuación fijado previamente por el Área de Seguridad. Liquidación de la Tasa procedente. (REA 2012/0765).  (…)

§Tasa por retirada de Vehículos de la Vía Pública y Estancia de los mismos en Locales Municipales.

-  Retirada por la grúa municipal de vehículo estacionado en reserva de ambulancia. El Área de Circulación confirma la alegación del reclamante, indicando que en el lugar donde se practicó el arrastre no existía dicha reserva. Tasa improcedente. (REA 2011/0683). (…)

-  Presunción de veracidad “iuris tantum” en la actuación de los agentes de autoridad. Retirada por la grúa municipal de vehículo estacionado en reserva para realizar mudanza. La interesada niega la existencia de la reserva en el momento en que estacionó su vehículo. Sin embargo el Servicio de Seguridad Ciudadana confirma que el vehículo invadió la zona reservada con posterioridad a que esta se señalizara. No se destruye la presunción de veracidad. Tasa procedente. (REA 2011/0874). (…)

-  Retirada por la grúa municipal de vehículo estacionado en reserva para acontecimiento deportivo. La señalización de la reserva indicaba un periodo horario de la misma y el vehículo fue retirado el día anterior. Tasa improcedente porque no se justifica que el vehículo ocasionara perjuicio para el tráfico al estar aparcado antes de la entrada en vigor de la reserva. (REA 2011/1221). (…)

-  Retirada por la grúa municipal de vehículo estacionado en zona de reserva. El interesado no acreditó su residencia legal en territorio español. La retirada del vehículo y el devengo de la tasa son procedentes. (REA 2012/0399). (…)

§Tasa por prestación del Servicio de Recogida de basuras.

-  Vivienda en la que solo habita una persona. La cuantía de la Tasa no varía en función del número de habitantes de una vivienda, ni depende tampoco de la situación económica de la persona que reside en ella. (REA 2011/0498). (…)

-  Comunidad de propietarios de garajes. La tasa de basura es exigible por cuanto se considera un local susceptible de ser desarrollada en él una actividad comercial o mercantil de carácter económico. (REA 2011/0498). (…)

-  Kiosco en la vía pública. La tasa de basura es exigible. (REA 2012/0002). (…)

§Tasa por Ocupación de la Vía Pública.

-  Aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministro y empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil. Modificación de la Ordenanza que entra en vigor en el mes de marzo. El devengo del tributo es trimestral y no tiene que demorarse al 1 de enero siguiente. (REA 2011/0169). (…)

-  Ocupación del suelo con vallas. No queda acreditado que el terreno tuviera la condición de dominio público municipal. La liquidación de la tasa es improcedente. (REA 2011/0955). (…)

§Procedimiento de apremio

-  Inmueble trabado después de otro embargo anterior de cuenta corriente. Se respeta el principio de proporcionalidad. (REA 2012/0165). (…)

-  Impugnación de providencia de apremio alegando motivos de fondo contra la liquidación. No es motivo de oposición; pese a ello existe como excepción la posibilidad de entrar a conocer del fondo de la liquidación cuando existe la nulidad de pleno derecho. En la presente reclamación no puede ser apreciada esta excepción porque la cuestión invocada contra la liquidación no es de nulidad de pleno derecho sino de anulabilidad. (REA 2011/0796). (…)

-  Impugnación de embargo de bienes. Traba producida antes de notificar la diligencia de embargo. Se admite por haber sido notificada la providencia de apremio previamente. (REA 2011/1222). (…)

3. Memoria 2013 del TEAM de Toledo.

7.- CRITERIOS DEL TRIBUNAL.-

En la resolución de las reclamaciones planteadas, con idéntico objeto, el Tribunal, siguiendo la doctrina constitucional de la vinculación a los criterios expresados en las resoluciones anteriores, ha repetido su ratio decidendi plasmándola en los fundamentos de derecho que, por el momento y salvo modificaciones sustanciales de hecho y/o de derecho en los supuestos que se le sometan, va a seguir manteniendo al entenderlos ajustados a derecho con arreglo a las fuentes del ordenamiento jurídico español.

Las manifestaciones de estos criterios se han plasmado en resoluciones que agrupadas por conceptos tributarios e identidad de asuntos, resultando, entre otras, como más significativa la siguiente:

AJUSTE A DERECHO DEL MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE LA CUOTA TRIBUTARIA EFECTUADO POR EL SERVICIO DE GESTION TRIBUTARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO EN EL IMPUESTO DE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

"Mecanismos de defensa del contribuyente. Los derechos y garantías en la normativa tributaria."

Dr. Joaquín Moya- Angeler Sánchez

10. LOS TRIBUNALES ECONÓMICO ADMINISTRATIVOS

10.8 ANALOGÍA DE LOS TRIBUNALES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES CON LOS TRIBUNALES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS ESTATALES (TEAR, TEALL Y TEAC).

Los Tribunales Económico-Administrativos de los municipios de gran población creados al amparo de lo establecido en la LMMGL, participan en su esencia de un mismo régimen jurídico que los Tribunales Económico-Administrativos Estatales (Tribunales Económico Administrativos Regionales, Locales y el Central).

El segundo inciso del apartado 5 del artículo 137 LRBRL dispone en cuanto a los Tribunales Económico-Administrativos Municipales, como ya se ha señalado anteriormente, que su composición, competencias, organización y funcionamiento, así como el procedimiento de las reclamaciones se regulará por reglamento aprobado por el Pleno de la Corporación Municipal, de acuerdo en todo caso con lo establecido en la Ley General Tributaria, y en la normativa estatal reguladora de las reclamaciones económico-administrativas, así como por la demás normativa estatal, autonómica y local de aplicación, sin perjuicio de las adaptaciones necesarias en consideración al ámbito de actuación y funcionamiento del órgano.

Así pues, la mayor parte de los preceptos de la actual Ley General Tributaria dedicados a las reclamaciones económico administrativas son aplicables a las reclamaciones económico-administrativas que se susciten ante estos tribunales en los municipios de gran población, a título enunciativo: El artículo 232 (legitimados e interesados); art. 234 (procedimiento general económico-administrativo); art. 235 (iniciación); art. 236 (tramitación); art. 237 (extensión de la revisión); art. 238 (terminación); art. 239 (resolución); art. 240 (plazo de resolución); art. 245 (procedimiento abreviado ante órganos unipersonales); art. 246 (iniciación); art. 247 (tramitación y resolución). Asimismo, serán de aplicación lo establecido en el resto de la normativa estatal reguladora de las reclamaciones económico-administrativas, principalmente el Reglamento General de Desarrollo de la LGT en materia de Revisión en Vía Administrativa, Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

Es importante señalar que la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Económico Administrativo Central vinculará en sus resoluciones a los Tribunales Económico-Administrativos Municipales tal y como establece el apartado 7 del Artículo 239 de la LGT. Del mismo modo lo harán los criterios que se deriven del recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio (art. 242.4 LGT) y del recurso extraordinario para la unificación de doctrina (art. 243.5 LGT).

Las principales diferencias se darán en materia organizativa, puesto que es en este aspecto donde la LMMGL da mayor libertad de elección del modelo organizativo a los municipios en los que se creen estos Tribunales, por medio de lo establecido en el respectivo Reglamento Orgánico, siempre respetando los principios establecidos en la citada norma.

Otra importante diferencia es que, como ya se ha dicho, los Tribunales Económico-Administrativos Municipales resolverán siempre en única instancia ultimando la vía administrativa, mientras que los Tribunales Económico-Administrativos Estatales (Regionales o Locales), conocerán de las reclamaciones en primera o en única instancia según la cuantía de la reclamación exceda o no del importe fijado reglamentariamente (en la actualidad 150.000 euros o 1.800.000 euros si se impugna el valor dado a los bienes o la base imponible fijada para un tributo). En segunda instancia conocerá de estas reclamaciones el Tribunal Económico-Administrativo Central mediante el recurso de alzada ordinario, conociendo este Tribunal también del recurso extraordinario de revisión.

10.9 ESTADÍSTICAS.

Cada Tribunal Económico-Administrativo Municipal elabora sus propios indicadores de actividad que se incluyen en la Memoria Anual correspondiente a las actividades desarrolladas por el mismo en cada año.

Para el año 2012 los datos facilitados por los TEAMsde Sevilla, Madrid, Málaga, Donostia-SS, Valencia, Barcelona, Las Palmas de G.C., y Bilbao, que se hacen constar en la Memoria 2012 del TEAB (Tribunal Económico Administrativo de Bilbao), son los siguientes:

Mostramos a continuación los datos acumulados que hemos calculado en base a los datos facilitados por estos TEAMs que constan en la Memoria 2012 del TEAB a efectos de realizar las correspondientes comparativas:

1.- RECLAMACIONES REGISTRADAS POR 1.000 HABITANTES(*).

Incremento continuado desde 2009 hasta 2012 de la ratio de reclamaciones:

2009……………………. 1,64 “reclamaciones/1.000 habitantes

2010……………………. 2,53 “

2011……………………. 2,25 “

2012……………………..1,89 “

(*) Fuente datos poblacionales: Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es).

2.- PARÁMETROS: NÚMERO DE RECLAMACIONES.

Se ha producido un incremento progresivo desde 2009 hasta 2011 en todos los parámetros analizados, descendiendo en 2012:

è     Nº de reclamaciones pendientes a 1 de enero: Incremento en el periodo 2009 a 2012 del 456,06%.

è     Nº de reclamaciones ingresadas en el año: Descenso en el año 2012 respecto del año 2009 del -26.38%, se invierte la tendencia de los años 2010 y 2011 que fue claramente ascendente.

è     Nº de reclamaciones resueltas en el año: Incremento del año 2012 respecto del año 2009 del 135,96%.

è     Nº de reclamaciones pendientes a 31 de diciembre: Pese a los buenos resultados en cuanto al incremento de las reclamaciones resueltas, se ha producido un incremento en el periodo 2009 a 2012 de las reclamaciones pendientes del 46,79 %.

3.- INDICADORES DEL VOLUMEN DE TRABAJO Y CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE LOS TEAMMs.

Utilizaremos los indicadores según la metodología expuesta por Eva Andrés Aucejo y Vicente Royuela Mora en su trabajo titulado “Análisis Estadístico de la litigiosidad en los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Central”, publicado por el Instituto de estudios Fiscales en su revista Documentos Nº 25/04.

TASA DE RESOLUCIÓN: Resueltas anuales/Ingresadas anuales (x 100)

Indica el porcentaje en que se resuelven las reclamaciones anualmente en relación al número de las presentadas en el mismo año. (si se resolvieran todas la tasa sería del 100%. El resultado >100 indica que se resuelven más de las que ingresan).

La media de esta tasa del conjunto de los TEAMs considerados en 2012 fue de 230,83 %, superior a 2011 (94,88 %), 2010 (63,20 %) y 2009 (72,01 %).

TASA DE EFICACIA: Resueltas anuales / Totales anuales (x100)

Indica el porcentaje en que se resuelven las reclamaciones anualmente en relación al total de las gestionadas en el mismo año. Es decir, se pretende cuantificar la capacidad del Tribunal para resolver anualmente los recursos en relación al total de expedientes anuales, total que comprende la suma de los expedientes pendientes de resolver al inicio del ejercicio más los asuntos entrados en el año.

Solo se computan las reclamaciones económico-administrativas en sentido estricto, razón por la cual se excluyen los recursos de anulación.

El máximo de eficacia equivaldría al 100%, dado que en tal caso se habrían resuelto todas las pendientes. A medida que el porcentaje descienda de 100 el resultado supone una peor tasa.

En 2012 la media de esta tasa de los TEAMs considerados fue del 65,29 %.

Además de estos indicadores, debe tomarse también en consideración la Velocidad de Resolución de recursos, o lo que es lo mismo, el ritmo al que se despacha volumen de trabajo y cuántos años se tarda, como media, en resolver los litigios.

A tales efectos, pueden utilizarse dos ratios de medición: La Tasa de Pendencia y la Velocidad de Resolución de expedientes.

TASA DE PENDENCIA:  Pendientes a 31-Dic. / Resueltas anuales.

Mide los años necesarios para resolver las reclamaciones pendientes al final del año.

Esta tasa es un parámetro que define la cantidad de expedientes ingresados pendientes de resolución y la relativiza en función del número de expedientes resueltos. El resultado arroja información sobre cuántos años serían necesarios para resolver los expedientes pendientes al final del año (31-Dic.), teniendo en cuenta el ritmo de resolución anual de reclamaciones por parte del Tribunal, es decir, a igualdad de medios y de rendimiento. De facto, es una medida que parametriza el tiempo que requiere la resolución de un expediente que entre en un ejercicio cualquiera, partiendo del ritmo de resolución de expedientes de ese mismo ejercicio.

La media resultante para el conjunto de los TEAMs considerados fue de 0,53 en 2012.

VELOCIDAD DE RESOLUCIÓN: Totales anuales / Resueltas anuales.

Mide en años el plazo necesario para resolver el total de expedientes anuales, total que comprende la suma de los expedientes pendientes de resolver al inicio del ejercicio más los asuntos entrados en el año, es decir, en llevar al día la resolución de las reclamaciones. Ello, en igualdad de condiciones que el último año.

Calculada como la inversa de la tasa de eficacia, representa la tardanza en años que un expediente experimenta desde que ingresa hasta que finalmente es resuelto.

La “velocidad de resolución” de los expedientes difiere de la “tasa de pendencia” en que sí tiene en cuenta los expedientes en curso. En términos numéricos la diferencia entre ambas tasas es igual a uno.

En 2012 la velocidad de resolución de los expedientes en media para los TEAMs considerados fue de 1,53.

Finalmente, resulta muy necesario conocer la evolución de la litigiosidad de las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos a efectos del objetivo de disminuir dicho indicador.

4.- LITIGIOSIDAD CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.

Esta tasa mide el porcentaje de las resoluciones de los TEAM que han sido impugnadas por los contribuyentes ante los juzgados de lo contencioso-administrativo en el periodo considerado.

En la Memoria 2012 del TEAB se muestran comparativamente los recursos contencioso-administrativos contra acuerdos totales de los Tribunales Municipales considerados desde el inicio de su actividad, que registran las siguientes cifras:

La media, en el periodo considerado fue del 1,69 % para el conjunto de los TEAMs considerados.

Sin embargo, el nivel de litigiosidad de las resoluciones dictadas en algunos Tribunales Económico-Administrativos Municipales es aún más bajo, como los de Donostia – SS, Bilbao, o el de Madrid (TEAMM), más significativo por el número de habitantes y el volumen de las reclamaciones presentadas.

Si se toman en consideración las resoluciones dictadas por este tribunal en 2012 que fueron parcialmente estimatorias, desestimatorias o de inadmisión o archivo (Memoria 2012 del TEAMM), que, en definitiva, son el conjunto de resoluciones en las que no se dio satisfacción completa a las pretensiones del reclamante y que, en consecuencia, son aquellas frente a las cuales se entablaría por los contribuyentes un recurso contencioso-administrativo (suman 39.945) y se comparan con el número (396) de recursos contencioso-administrativos formalizados en 2012, se observa que los reclamantes se aquietaron, tras recibir la resolución, en un 99,01 por 100 de las ocasiones, situación prácticamente idéntica a la de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 años en los cuales el porcentaje de aquietamiento fue del 99,04 %; 98,47 %; 99,24 %; 99,17 %; 99,26 %; 98,98%, respectivamente.

Para los TEAMs considerados en la Memoria 2012 del TEAB los datos se expresan en el cuadro siguiente:

Por ejemplo, hasta 31 de diciembre de 2012, de los recursos contencioso-administrativos interpuestos, se ha notificado al TEAMM la existencia de sentencia en 1.351 casos. En 819 ocasiones (60,62 %) se confirmó íntegramente la resolución económico-administrativa; en 409 casos (30,28 %) la resolución fue revisada, bien anulándose solo en parte (139 casos, 10,29 %), bien anulándose íntegramente (270 casos, 19,99 %), recibiendo el recurrente satisfacción parcial o total sobre sus pretensiones; y en 123 casos (9,10 %) el proceso judicial concluyó por otros motivos (inadmisión, archivo, desistimiento, satisfacción extraprocesal, etc.).

A la vista de tales datos parece posible extraer dos conclusiones: Que el nivel de litigiosidad judicial que suscitan las resoluciones de los TEAMs es muy bajo, y que dichas resoluciones son revocadas en muy pocas ocasiones por los juzgados de lo contencioso-administrativo.

En cuanto a la distribución por conceptos de las reclamaciones, a la vista de la evolución de las Memorias presentadas por los tribunales económico-Administrativos municipales de Madrid y Bilbao, resulta que lo más relevante es el hecho de que las reclamaciones económico-administrativas que han tenido entrada en materia de recaudación ejecutiva de sanciones de tráfico ascienden en cada ejercicio a un 70 por 100 del total.

Este dato se obtiene haciendo exclusión de las distorsiones que se producen en algunos años por el aumento de las reclamaciones por cambios en las bases o en el cálculo de valores que sirven de base en la imposición de algunas tasas, que hace aumentar espectacularmente su litigiosidad.

"Mecanismos de defensa del contribuyente. Los derechos y garantías en la normativa tributaria."

Dr. Joaquín Moya- Angeler Sánchez

10. LOS TRIBUNALES ECONÓMICO ADMINISTRATIVOS

10.7 CONCLUSIONES.

La ausencia de una vía económico-administrativa en materia de tributos locales ha provocado una cierta indefensión de hecho a los contribuyentes en aquellos asuntos que por su cuantía no justifican los costes que supone de por sí el acceso a la vía judicial. La creación en los denominados municipios de Gran Población, tras la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local LMMGL, de un órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas pretende precisamente solucionar este problema. En todo caso, se trata de un órgano económico-administrativo propio de los Entes Locales, que se rige por su normativa específica ^[1].

Las ventajas de la vía económico-administrativa se pueden resumir de la siguiente manera:

a)                      La decisión corresponde a un órgano desvinculado de quien dictó el acto que se revisa, lo que le otorga mayor grado de objetividad frente al recurso de alzada que resuelve el superior jerárquico.

b)                      En los casos, en principio, más complejos, resuelve por mayoría un órgano colegiado lo que le otorga mayor probabilidad de acierto frente a la resolución por un órgano unipersonal.

c)                      Sus componentes son expertos en las materias a las que se refieren las reclamaciones, lo que le confiere un grado de especialidad que no tienen en muchas ocasiones los órganos de lo contencioso-administrativo.

En cuanto a la litigiosidad contencioso-administrativa, lo cierto es que la inmensa mayoría de las reclamaciones interpuestas se resuelven definitivamente en los Tribunales Económico-Administrativos Municipales sin que pasen, por tanto, a la esfera judicial, ya sea porque la reclamación es estimada, total o parcialmente, ya sea porque los fundamentos de la resolución desestimatoria convencen al reclamante, ya sea por el coste que supone el recurso contencioso-administrativo frente a la gratuidad de la reclamación económico-administrativa.

El porcentaje de resoluciones que son impugnadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa osciló en términos absolutos, con los datos desde el inicio de la actividad de los TEAMM hasta 31-12-2012, entre el 13,29 % que registra el TEAMM de Málaga, y el 0,66% y 0,77% que registran los TEAMM de SS-Donostia y de Bilbao, respectivamente (Fuente: Tribunal Económico-Administrativo de Bilbao, Memoria 2012, “IV.4.3. Comparativa de litigiosidad contencioso-administrativa con otros tribunales”, Pág. 38).

En definitiva ni la calidad ni la imparcialidad de las resoluciones de estos Tribunales ha sido puesta en tela de juicio. Al contrario, en bastantes ocasiones, se ha puesto de manifiesto el rigor y la objetividad de sus resoluciones, amén de la independencia de criterio y decisión de los mismos. En este sentido, el cumplimiento de los plazos y la adopción de resoluciones por órganos unipersonales no deben impedir el mantenimiento e, incluso, la mejora de la calidad de las resoluciones aprobadas ^[2].

El objetivo principal sigue siendo el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley para la resolución y notificación de las resoluciones. Cabe recordar, a este respecto, que el incumplimiento de los citados plazos, siempre que se haya acordado la suspensión del acto reclamado, tiene como efecto que se deje de devengar el interés de demora en los términos previstos en el artículo 26.4 de la Ley.

El uso de las nuevas tecnologías ocupa un papel fundamental para el logro de este objetivo. La implantación de nuevos sistemas en la Gestión Tributaria municipal, posibilita, entre otras muchas novedades altamente positivas, la confección del llamado “expediente electrónico” por parte de los diferentes servicios afectados por las reclamaciones económico-administrativas, con la consiguiente reducción tanto de sus costes de elaboración como del plazo de remisión de los expedientes a los Tribunales Económico-Administrativos. Se reducen igualmente el número de peticiones para completar la documentación y también en la emisión y la recepción de informes.

La utilización de medios electrónicos o informáticos por parte de los Tribunales Económico-Administrativos para la obtención de los documentos integrantes de los expedientes administrativos está autorizada por la Disposición Adicional Decimosexta de la Ley General Tributaria, habiendo comenzado ya su implantación en los tribunales económico-administrativos estatales a partir de la Orden Ministerial EHA 2784/2009, de 8 de octubre.

Por otra parte, resulta imprescindible la introducción de los medios que permitirán a los ciudadanos la interposición electrónica de reclamaciones, el seguimiento del estado de tramitación de las mismas y la notificación de las resoluciones por vía telemática, conforme a las previsiones de la Ley 11/2007, LAECSP. También en este aspecto, la posibilidad de que los contribuyentes tomen vista de los expedientes desde internet, mediante un sistema de claves o códigos seguros previamente facilitados, a efectos de formular alegaciones, implica reducción de tiempo y de costes.

Por otra parte, siendo la unificación del criterio administrativo uno de los objetivos esenciales de la actual LGT, y resultando que la doctrina del Tribunal Económico Administrativo Central es vinculante también para los Tribunales Económico-Administrativos Municipales, tal y como establece el Artículo 239.7 de la LGT, se echan de menos en el ámbito municipal dos instrumentos fundamentales como son el recurso extraordinario de alzada para unificación de criterio, regulado en el artículo 242 de la LGT, y el recurso extraordinario para unificación de doctrina, previsto en el artículo 243 de la LGT, de los que conocerá el TEAC, y que no existen en el ámbito de las reclamaciones económico-administrativas municipales.

En este objetivo de publicidad y unidad de criterio, ayudaría mucho la puesta en marcha de una base de datos común a nivel nacional de resoluciones y doctrina de los Tribunales Económico-Administrativos Municipales, a modo de la herramienta informática “Gestión del Conocimiento” previsto en el Plan de Mejora de los Tribunales Económico-Administrativos puesto en marcha recientemente en el ámbito estatal con la finalidad de proceder a su modernización, incrementando los rendimientos de aquéllos y la calidad de sus resoluciones. Este Plan persigue entre sus objetivos más relevantes dotar a los Tribunales Económico-Administrativos estatales de un eficiente mecanismo de manejo del enorme acervo intelectual y doctrinal de que disponen estos Tribunales, para lo que se crea el programa BADOCTEA, la Base de Documentación Común de los TEA, que ya se ha implantado definitivamente. Entre el conjunto de acciones contenidas en el Plan se han incluido las necesarias propuestas de desarrollo legal necesario así como la introducción de los medios que han permitido y permitirán a los ciudadanos la interposición electrónica de reclamaciones, el seguimiento del estado de tramitación de las mismas y la notificación de las resoluciones por vía telemática.

Por último, sería necesario institucionalizar los encuentros o reuniones que se vienen realizando desde el año 2006 con participación de los miembros de los diferentes órganos Económico-Administrativos Municipales.

Los objetivos básicos de estos encuentros anuales son los siguientes:

1º) Potenciar la formación en el Derecho Tributario Local, profundizando en las novedades legislativas registradas y debatiendo los aspectos más problemáticos que presenta la aplicación práctica de los tributos locales y de su regulación.

2º) Constituir un marco de convivencia que posibilite tanto la exposición y análisis de las cifras estadísticas que reflejan de forma agregada la actividad de todos los TEAMs, como la coordinación de criterios y de experiencias prácticas entre los diferentes órganos.

3º) Servir de foro para la búsqueda de cauces de colaboración efectiva entre los TEAMs y los órganos municipales de gestión tributaria.

Entendemos que sería necesario llegar más allá, y sentar las bases para una auténtica planificación estratégica en aras a la mejora y evolución futura de estos tribunales municipales, institucionalizando las reuniones e incluso con la creación de algún órgano de coordinación a nivel nacional.

"Mecanismos de defensa del contribuyente. Los derechos y garantías en la normativa tributaria."

Dr. Joaquín Moya- Angeler Sánchez