Como hemos visto en el apartado correspondiente, la figura del Defensor del Pueblo ha tenido un éxito extraordinario en nuestro país, y a los defensores del pueblo que, con diversas denominaciones, han sido creados en las diferentes Comunidades Autónomas, se han añadido figuras de parecido contenido con un ámbito de competencias sectorial tales como defensores del menor, el defensor del vecino, del usuario, del asegurado, del cliente bancario, y otras muchas, tanto en el sector público como en el privado.
A esta tendencia no se ha sustraído la materia tributaria, y aun existiendo en el ámbito autonómico la institución del Comisionado Parlamentario, entre cuyas competencias está el velar por el buen funcionamiento y el respeto a los principios tributarios constitucionales y estatutarios por parte de las Administraciones tributarias autonómica y local en su ámbito territorial, en muchas Comunidades Autónomas se crea la figura del Defensor del Contribuyente de ámbito autonómico, y como veremos después, también defensores del contribuyente en los Ayuntamientos, con el consiguiente solapamiento de las funciones de todos, incluido el propio Defensor del Pueblo estatal. No obstante, las funciones del Defensor del Contribuyente son, en cualquier caso, mucho menos pretenciosas que las de un Defensor del Pueblo en esta materia.
Como era previsible, la figura del Consejo para la Defensa del Contribuyente estatal se ha extendido a las Administraciones autonómicas y locales, incluso podría decirse que la actual LGT parece imponerlo, si tenemos en cuenta que aspira a regular los aspectos esenciales del régimen de los tributos autonómicos y locales [1].
Hay que decir, no obstante, que en esta materia tal vocación de aplicación generalizada se ve entorpecida por la mención expresa de la Secretaría de Estado de Hacienda como órgano del que depende el Consejo, puesto que es evidente que este órgano sólo existe en la Administración General del Estado. Esto tiene como consecuencia, por ejemplo, que las normas reglamentarias que rigen el Consejo estatal no se apliquen directamente a las CCAA, sin perjuicio de que puedan ser modelo a tener en cuenta en las regulaciones reglamentarias que se hagan de estos órganos defensores autonómicos.
Ejemplos de estas instituciones a nivel autonómico son el Defensor del Contribuyente de la Comunidad de Madrid, creado por Decreto 22/1999, de 11 de febrero, como órgano de estudio y formulación de propuestas de resolución de las quejas formuladas por los contribuyentes por retrasos o anomalías en el funcionamiento de los servicios tributarios de la Comunidad de Madrid, y el Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente de Castilla y León, creado por Decreto 98/2004, de 2 de septiembre, el primero unipersonal y el segundo colegiado, por citar algunos.
Esta institución puede configurarse como órgano unipersonal, o bien, como órgano colegiado. No cabe la menor duda de que un órgano unipersonal presenta como ventajas la sencillez en su funcionamiento y la rapidez de actuación; pero, por el contrario, la existencia de un órgano colegiado garantiza una mejor distribución de responsabilidades.
Lo que parece claro es que si se prefiere la existencia de un órgano unipersonal la designación debería recaer sobre alguien ajeno a la organización de la Hacienda a la que, al menos de forma teórica, como magistratura de opinión, debe controlar, lo que sucede, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid.
La existencia de un órgano colegiado plantea, sobre todo, el problema de su composición. Posiblemente la mejor solución sería designar a personas que no tuvieran relación con la Administración controlada, pero no son desdeñables los argumentos que pueden esgrimirse a favor de la presencia en el órgano de control de algunos miembros de la Hacienda pública implicada, pues de este modo se cumplen dos finalidades:
a) El procedimiento de resolución de las quejas puede simplificarse porque, al poderse oír su voz en el órgano de control, ya no es necesario establecer expresamente un trámite de audiencia o alegaciones de la Hacienda afectada.
b) De este modo, conoce de primera mano los motivos de la insatisfacción de los ciudadanos con ocasión de la aplicación de los tributos, con lo que puede ponérseles remedio con rapidez.
En la práctica este tipo de órganos suele ser mixto, en el sentido de que está formado por personas vinculadas y por personas ajenas a la Administración Tributaria controlada.
Al igual que cualquier otro órgano defensorial de los que aquí contemplamos, el rasgo fundamental que debe buscarse es la independencia funcional, que le proporciona la necesaria autoridad moral en la que encuentran sustento sus resoluciones. Tratándose siempre de órganos dependientes orgánicamente de la Administración controlada, en su composición y régimen interno estará la consecución de un mayor o menor grado de independencia. En cualquier caso, sería deseable alejar lo más posible incluso orgánicamente la posición del órgano defensorial de la Administración controlada.
Las funciones del Defensor del Contribuyente autonómico, son análogas a las del Consejo para la Defensa del Contribuyente estatal, pero en su propio ámbito competencial. Así:
a) Recibir las quejas de los ciudadanos relacionadas directa o indirectamente con los procedimientos administrativos de naturaleza tributaria, por las tardanzas, desatenciones o por cualquier otro tipo de actuación que represente un mal funcionamiento de la Administración tributaria de la Comunidad y de las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario.
b) Recabar la información necesaria acerca de las quejas recibidas al efecto de verificar y constatar su trascendencia real y, posteriormente, formular las correspondientes sugerencias para adopción de las medidas que fueran procedentes.
c) Recibir las sugerencias, formuladas por los ciudadanos, relativas a la mejora de la calidad de los servicios, al incremento del rendimiento o del ahorro del gasto público, a la simplificación de trámites administrativos, y cualesquiera otras que conduzcan a un mayor grado de satisfacción de los obligados tributarios en sus relaciones con la Administración tributaria de la Comunidad.
d) Elaborar propuestas e informes por propia iniciativa en relación con la función genérica de defensa del contribuyente, tanto en lo que se refiere al ámbito de regulación de los tributos como a su aplicación.
e) Elaborar una memoria anual en la que quede reflejado el resumen de sus actuaciones a lo largo del ejercicio y se sugieran aquellas medidas procedimentales o normativas que se consideren convenientes para evitar la reiteración fundada de quejas por parte de los contribuyentes.
f) Cualesquiera otras que se contemplen en los respectivos reglamentos orgánicos.
El proceso de resolución de las quejas presentadas, fundadas, siempre llevará consigo una labor de investigación que comenzará por el necesario informe de los órganos administrativos afectados.
En el ANEXO III a modo de ejemplo, reproducimos los aspectos que hemos considerado más interesantes de la Memoria 2013 del Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente de Castilla y León.
"Mecanismos de defensa del contribuyente. Los derechos y garantías en la normativa tributaria."
Dr. Joaquín Moya- Angeler Sánchez
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