12 LOS DEFENSORES DEL CONTRIBUYENTE.

12.3 EL CONSEJO PARA LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE.12.3.1. NATURALEZA JURÍDICA.

12.3.4            Procedimiento para la tramitación de quejas y sugerencias.

Por Resolución de 22 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, se desarrolla el Real Decreto 1676/2009, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente, en cuanto al procedimiento para la presentación, tramitación y resolución de las quejas y sugerencias,  y se crea su sede electrónica.

A)Presentación de quejas y sugerencias.

Actúan como unidades receptoras de quejas y sugerencias la Agencia Estatal de Administración Tributaria, las Gerencias Catastrales y el Tribunal Económico-Administrativo Central.

Las quejas y sugerencias pueden presentarse personalmente o mediante representación por todas las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, y las entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que tengan capacidad de obrar conforme a derecho, siempre y cuando quede debidamente acreditada su identificación. Las quejas relacionadas, directa o indirectamente, con un procedimiento administrativo de naturaleza tributaria, solo podrán ser presentadas por quien tenga el carácter de interesado en dicho procedimiento.

De igual modo, y aunque es importante destacar que las sugerencias también podrán ser presentadas de forma anónima, su objeto se encuentra delimitado, ya que han de estar relacionadas con un procedimiento administrativo de naturaleza tributaria de la competencia de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, o con alguna de las actuaciones de sus servicios dependientes que tengan algún tipo de relación (directa o indirecta) con estos procedimientos.

Por lo que respecta a su presentación, las quejas o sugerencias podrán presentarse, dirigidas al Consejo, en las formas y lugares que autoriza la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aunque lo más común será presentarlas ante cualquier servicio o autoridad de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, ya sea personándose ante cualquier Unidad receptora, o mediante su envío por correo, fax u ser enviadas por medios electrónicos a las Unidades receptoras habilitadas para esta forma de recepción (sin que sea necesaria la obtención de un certificado de usuario).

Los Registros electrónicos de cada una de las Unidades receptoras (la Agencia Estatal de Administración Tributaria, las Gerencias Catastrales y el Tribunal Económico-Administrativo Central) admitirán, a través de las aplicaciones informáticas habilitadas, las solicitudes, escritos y comunicaciones de la competencia del Consejo para la Defensa del Contribuyente. El Registro de quejas y sugerencias será, para cada Unidad receptora, el integrado por las quejas y sugerencias inscritas por cada una de ellas en la aplicación informática del Consejo.

Las quejas y sugerencias podrán realizarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la autonomía en la que las presenten con independencia del medio elegido, del mismo modo que se podrá adjuntar en todo caso la documentación adicional que se considere oportuna para su correcta tramitación.

En este punto es importante destacar que en caso de personación para la presentación, de conformidad con la norma sexta de la mencionada Instrucción, las unidades receptoras deberán auxiliar a los interesados en la cumplimentación de la hoja de inscripción y realizar un sucinto examen de la documentación presentada para que, de observar alguna anomalía, puedan manifestarlo verbalmente y subsanarla en el mismo acto. No obstante, aunque deberán hacer constar sus manifestaciones en una nota adjunta, no podrán rechazar ninguna presentación (a no ser obviamente que existieran omisiones sustanciales), absteniéndose, además, de efectuar cualquier indicación o valoración que pudiera influir en la intención de los interesados, así como de comprometer de algún modo el sentido de la resolución del asunto. Con independencia de la forma de presentación, las unidades receptoras deberán acusar recibo de todas las quejas y sugerencias, imprimiendo y entregando al interesado la hoja de datos de la queja o sugerencia, o mediante su envío por correo cuando se hubieren presentado por procedimiento distinto a la personación en la correspondiente Oficina.

B) Tramitación y resolución de quejas y sugerencias.

Una vez inscritas mediante su inclusión en la aplicación informática del Consejo por la correspondiente Unidad receptora, esta procederá a la remisión electrónica de la queja o sugerencia y, en su caso, la documentación complementaria, a la Unidad de tramitación competente en el plazo máximo de dos días.

En el plazo de diez días a contar desde el registro o inscripción de la queja en la aplicación informática del Consejo y con anterioridad al envío de la misma al servicio responsable, las Unidades de tramitación recabarán la información precisa para un adecuado conocimiento del problema y, en su caso, impulsarán la actividad de dichos servicios a efectos de la adopción de los acuerdos o decisiones relativos a la materia objeto de la queja.

Las Unidades de tramitación procederán a la remisión electrónica de las quejas a los servicios que hayan motivado su presentación, para su contestación a los interesados.

Los Servicios responsables deberán dar respuesta directa y por escrito a los interesados en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente a la remisión electrónica de la queja por la Unidad de tramitación. El Servicio responsable deberá comunicar a la Unidad de tramitación la solución adoptada, mediante la inclusión en la aplicación informática del Consejo de la contestación remitida al interesado. Transcurrido el plazo sin que los servicios responsables hubieran formulado contestación, la unidad operativa requerirá del servicio administrativo afectado la remisión de la respuesta que considerase procedente al interesado, en el plazo de 15 días a contar desde el siguiente a la recepción del requerimiento.

Si, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación de la contestación, el interesado se opone a la respuesta recibida, manifestando su disconformidad con ella expresamente ante el Consejo, o si el propio Consejo no se mostrase de acuerdo con la respuesta dada por el órgano responsable del servicio administrativo, se procederá a la tramitación de la queja ante los órganos del Consejo. El Consejo emitirá, en estos casos, las contestaciones que procedan en relación con los expedientes de queja, comunicándolas a los interesados y dando traslado de ellas al órgano responsable del servicio administrativo afectado por la queja.

Transcurrido los 15 días sin que los Servicios responsables hubieran formulado contestación, o transcurrido el mes sin que los interesados hayan mostrado disconformidad con la respuesta que les haya sido enviada por dichos Servicios, las unidades de tramitación emitirán un informe en relación con estos expedientes y los remitirán a los órganos competentes del Consejo.

Cuando el Consejo tuviera conocimiento de la tramitación simultánea de una queja y de un procedimiento de revisión de cualquier naturaleza sobre la misma materia, podrá abstenerse de tramitar la primera, comunicándolo al interesado, teniendo en cuenta el motivo de la queja y su relación con el objeto del procedimiento revisor del que se trate. La abstención determinará el archivo de la queja presentada, archivo que deberá comunicarse conjuntamente con la abstención.

La abstención no se producirá en relación a las cuestiones relacionadas con las deficiencias en la accesibilidad de las instalaciones, la calidad de la información, el trato a los ciudadanos, la calidad del servicio o el incumplimiento de los compromisos de las cartas de servicios.

De forma excepcional, cuando así lo considere procedente la comisión permanente, en aquellos supuestos en los que se haya acordado la abstención, podrá elaborarse la propuesta o informe a que se refiere el artículo 3.1.e), en atención a las circunstancias puestas de manifiesto en el supuesto de que se trate.

Si el Consejo tuviese conocimiento de la existencia de actuaciones penales en relación con los actos y procedimientos a los que la queja se refiera, se abstendrá de seguir el procedimiento. La abstención determinará el archivo de la queja presentada, archivo que deberá comunicarse al interesado conjuntamente con la abstención.

El plazo máximo de duración del procedimiento será de seis meses. Este plazo se contará desde la fecha en que la queja haya tenido entrada en el registro del Consejo para la Defensa del Contribuyente. La falta de contestación en dicho plazo no implicará la aceptación de la exposición de hechos ni de los argumentos jurídicos que el obligado tributario hubiera incorporado en su escrito de queja, sin perjuicio de que este pueda poner de manifiesto la demora ante el Consejo.

De todos modos, téngase en cuenta que, igual que la propia interposición de quejas y sugerencias, su presentación no será equivalente en ningún caso a la presentación de un recurso administrativo, del mismo modo que no interrumpirá ningún plazo ni impedirá la presentación de los recursos pertinentes a los actos objetos del mismo.

Finalmente, debe añadirse que el interesado podrá desistir de su queja en cualquier momento dando lugar a la finalización inmediata del procedimiento en cuestión, aunque la unidad central podrá acordar la prosecución de la misma por entender la existencia de un interés general en las cuestiones planteadas.

Por lo que respecta a la tramitación de sugerencias, debe resaltarse únicamente que irá a cargo de la Unidad Central del Consejo que informará de las mismas y las remitirá a la Comisión Permanente del Consejo para su estudio y contestación, aunque, cuando así se decidiera, la propia Unidad Central podrá cursar la oportuna contestación.

Cuando las sugerencias pongan de manifiesto el desacuerdo con las normas tributarias, se remitirán, para su contestación, a los órganos de la Administración Tributaria a quienes corresponda la iniciativa para la elaboración de disposiciones en el orden tributario, su propuesta o interpretación.

Por último, debe señalarse que, igual que ocurre en relación con las quejas, las unidades de tramitación podrán acordar la acumulación de expedientes para su tramitación conjunta, ya sea cuando se trate de quejas presentadas por distintas personas que coincidan en lo sustancial de los hechos o problemas puestos de manifiesto, de sugerencias coincidentes en su contenido o, en ambos casos, cuando sean formuladas por una misma persona y referidas a cuestiones de similar naturaleza (siempre que no sean, obviamente, una mera reiteración).

Vista la principal regulación y el funcionamiento del Consejo para la Defensa del Contribuyente, queda claro que, su existencia pretende fortalecer la función de atención al ciudadano, articulando diversos medios de reacción contra los incumplimientos en que pueda incurrir el personal de la Administración Tributaria del Estado y las deficiencias de los servicios, aunque, como ya se ha señalado, la presentación de quejas o sugerencias no interrumpirá ningún plazo ni tendrá nunca carácter de recurso administrativo (artículo 7.3 del Real Decreto 1676/2009).

Asimismo, de conformidad con dicho artículo, tampoco se podrá interponer recurso alguno contra las contestaciones que realice el Consejo o la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, lo que comporta que, a pesar de la idoneidad de la existencia de este órgano como mecanismo de agilización y dinamización de tales presentaciones, su eficacia para el contribuyente afectado se va a ver muy limitada, salvo en aquellos casos en que se hayan producido incumplimientos u omisiones determinantes de revocación del acto por el órgano administrativo competente, a la vista de la propuesta efectuada por el Consejo.

Además la adscripción y supeditación de dicha figura a la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, que tiene además la competencia de reelaborar sus normas de funcionamiento, desdibuja en gran medida su autonomía e independencia, por lo que, a nuestro juicio  hubiera sido más conveniente integrar este órgano en la institución del Defensor del Pueblo, creando una Dirección adjunta especializada en materia tributaria. Así se conseguiría un órgano independiente, que desarrollaría sus funciones sin depender orgánicamente de la Administración cuyo funcionamiento tiene que controlar, del mismo modo que podría dar acogida a las reclamaciones y quejas de los contribuyentes respecto de todas las Administraciones tributarias, incluidas las de Comunidades Autónomas y las Haciendas Locales.

 

En el ANEXO II del presente trabajo se exponen datos relativos a las actividades del Consejo correspondientes a los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, así como una muestra de las resoluciones del Consejo más significativas.

"Mecanismos de defensa del contribuyente. Los derechos y garantías en la normativa tributaria."

 

Dr. Joaquín Moya- Angeler Sánchez