11. LOS DEFENSORES DEL PUEBLO Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES.

11.2  LOS DEFENSORES DEL PUEBLO AUTONÓMICOS.

11.2.4            Los catálogos estatutarios de derechos y los Defensores del Pueblo Autonómicos.

En las últimas reformas de estatutos de autonomía que se han producido, la mayoría de estas Comunidades Autónomas han introducido amplios catálogos de derechos que van a influir sin duda en la proyección metodológica de la actividad supervisora de los comisionados parlamentarios autonómicos.

Desde estos nuevos cánones normativos, se estaría marcando implícitamente la una directriz funcional prioritaria y vinculante para el conjunto de los poderes públicos autonómicos, incluido lógicamente el propio Comisionado Parlamentario.

Los Estatutos de Autonomía estarían así elevando el grado de exigibilidad de estos derechos, en su mayoría de naturaleza social o prestacional,  reconocidos formalmente como derechos subjetivos, que carecían en su mayoría (a salvo de la educación y la libertad sindical) de un nivel de protección adecuado en la esfera constitucional. A partir de este reforzamiento de la virtualidad normativa de los preceptos estatutarios que los reconocen, el Defensor autonómico se encuentra en condiciones funcionales más óptimas para apremiar al poder político de la comunidad en el logro de los fines sociales allí indicados que debe comprender una esfera básica o mínima de satisfacción que queda fuera de la disponibilidad del poder político autonómico. En este sentido, entonces, actuaría como una instancia efectiva en la inaugurada función de control de estatutoriedad. Evidentemente, la operación de fiscalizar el cumplimiento de los dispositivos estatutarios de naturaleza dogmáticos no tiene carácter jurisdiccional ni parlamentario, ya que a partir de ahora no tiene por qué proyectarse únicamente sobre la actuación administrativa o las disposiciones reglamentarias del Gobierno y de la Administración autonómica, repercutiendo igualmente en la eventual pasividad o concepción restrictiva del poder legislativo de la comunidad a la hora de desplegar normativamente el régimen jurídico de los derechos estatutarios.

El Ombudsman autonómico encuentra, por consiguiente, en este nuevo marco estatutario posibilidades inéditas de actuación. La supervisión, de un lado, de incumplimientos por omisión o pasividad de los poderes públicos, cuando se han señalado unos objetivos o mínimos prestacionales que deben ser garantizados en todo momento. En segundo término, el control del Defensor puede proyectarse no sólo sobre la materialización de un conjunto de prestaciones sociales, sino de igual modo sobre la “calidad” y eficiencia de aquéllas, de manera que se alcance el nivel óptimo previsto en el Estatuto; en este sentido, hay que recordar que muchos de los derechos sociales reconocidos en la esfera estatutaria suponen un avance significativo respecto de una formulación excesivamente abstracta que reciben en la norma fundamental del Estado.

El control de estatutoriedad podría eventualmente llevarse a cabo de forma indirecta, con la colaboración del Defensor nacional. Este último posee una prerrogativa que le permite impugnar ante la jurisdicción constitucional normas con rango de ley que vulneren los derechos consagrados por la CE. El mimetismo en lo sustancial entre las declaraciones de derechos constitucionales y las estatutarias es un indicio evidente de la derivación y conexión incuestionable que existe entre ambos catálogos; los derechos estatutarios se integran en el contenido esencial de los derechos constitucionales. De este modo, una restricción desproporcionada de cualquiera de los primeros puede considerarse, al mismo tiempo, una potencial vulneración del derecho constitucional “homólogo”. Partiendo de esta premisa –la superposición de las nociones de ilegitimidad y antiestatutoriedad– los Ombudsman autonómicos estarían en condiciones de impulsar, previa solicitud al Defensor del Pueblo estatal, un mecanismo de control de estatutoriedad.

Por último, la importancia que puede llegar a cobrar la futura implantación de un proceso específico, o una función jurisdiccional específica, para la tutela de los derechos estatuarios aconseja sin duda algún tipo de legitimación del Defensor autonómico ante los tribunales de justicia. Se trataría con ello de atribuirle una facultad equivalente a la que se le concede a nivel estatal al Defensor del Pueblo nacional para incoar la actuación judicial frente a violaciones que sufran los derechos constitucionales (art. 162.1.b) de la Constitución).

11.2.5            Los Defensores del Pueblo Autonómicos y los Derechos y garantías de los Contribuyentes.

Entre las competencias de los comisionados parlamentarios autonómicos está el recibir las quejas de los ciudadanos en materia tributaria velando así por el buen funcionamiento y el respeto a los principios tributarios constitucionales y estatutarios por parte de los órganos de la Administración tributaria autonómica y local en su ámbito territorial, compartiendo la competencia en cuanto al control de los órganos de la Administración local, como hemos visto, con el Defensor del Pueblo. Entre esos principios y derechos, se encuentran los de naturaleza tributaria, como ya hemos visto, lo que constituye a estas instituciones defensoras en el deber de la vigilancia y la defensa de estos derechos, y también del sometimiento de la Administración tributaria en su actividad a los principios constitucionalizados relativos a su buen funcionamiento.

Dado a que su régimen jurídico es idéntico al del Defensor del Pueblo estatal,  sus resoluciones tampoco tendrán carácter vinculante, en el mismo sentido que las de aquél, e igualmente, con ocasión de sus investigaciones, podrá formular a las autoridades y funcionarios de las Administraciones públicas advertencias, recordatorios de sus deberes legales, recomendaciones y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. Al ser un régimen mimético, muy similar al del Defensor del Pueblo, no entramos en su análisis jurídico, ya realizado al referirnos a la actividad del defensor estatal.

11.2.6            La crisis económica y el ataque a la institución autonómica.

El defensor del pueblo de Castilla-La Mancha fue creado por Ley 16/2001, de 20 de diciembre, y el de la Región de Murcia, por Ley 6/2008, de 20 de noviembre. Por tanto, para su supresión, no ha sido necesario realizar la modificación de los respectivos Estatutos de Autonomía, motivo por el cual el proceso ha sido más sencillo.

Efectivamente, el 3 de noviembre de 2011 se aprobó la Ley 12/2011, de supresión de la figura del Defensor del Pueblo en la región de Castilla-La Mancha. El efecto rebote de esta supresión determinó que la figura del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia fuera también suprimida por Ley 14/2012, de 27 de diciembre. Hasta el momento el resto de defensorías autonómicas no han sido suprimidas.

El Defensor del Pueblo recibió 1.463 quejas procedentes de la Región de Murcia en 2013, y de Castilla-La Mancha se recibieron 1.126 quejas, según muestra el último Informe Anual de esta institución a las Cortes Generales.

Madrid (5.942), Andalucía (2.866), Comunidad Valenciana (2.234) y Castilla y León (2.225) fueron las comunidades autónomas donde se presentaron más quejas al Defensor del Pueblo en 2013, mientras que las solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad procedieron principalmente de Madrid, Andalucía y Castilla y León.

El debate sobre la vigencia y la necesidad de un defensor del pueblo autonómico, como hemos visto, siempre ha estado sobre la mesa, es decir, la pregunta de si son prescindibles los defensores del pueblo autonómicos sin que por ello se resientan los derechos de los ciudadanos.

En los primeros años de la democracia se consolidó una tendencia consistente en reproducir en el ámbito autonómico el modelo organizativo estatal y así surgieron los consejos consultivos autonómicos (trasuntos del Consejo de Estado), las sindicaturas de cuentas (modelo a escala del Tribunal de Cuentas, aunque sin jurisdicción contable) y los defensores del pueblo autonómicos.

El Defensor del Pueblo de España y los defensores del pueblo autonómicos tienen como hemos visto, en líneas generales, unas competencias coincidentes: ambos velan por la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución, a cuyo efecto pueden supervisar la actuación de la Administración (tanto la estatal como la autonómica y local, el Defensor del Pueblo de España; y sólo la autonómica y la local cuando se trate de materias en las que los respectivos estatutos atribuyan competencia a las respectivas comunidades autónomas, los defensores autonómicos). Los tiempos de respuesta también son equiparables. El Defensor del Pueblo de España además está legitimado para interponer los recursos de inconstitucionalidad y amparo.

Este simple razonamiento, en cuanto a la gran coincidencia en su finalidad, al margen de otros más profundos a los que ya nos hemos referido en los apartados anteriores, en un contexto de crisis económica aguda de ambas comunidades, ha llevado a la supresión de la institución autonómica en ambos casos.

"Mecanismos de defensa del contribuyente. Los derechos y garantías en la normativa tributaria."

Dr. Joaquín Moya- Angeler Sánchez