La ausencia de una vía económico-administrativa en materia de tributos locales ha provocado una cierta indefensión de hecho a los contribuyentes en aquellos asuntos que por su cuantía no justifican los costes que supone de por sí el acceso a la vía judicial. La creación en los denominados municipios de Gran Población, tras la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local LMMGL, de un órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas pretende precisamente solucionar este problema. En todo caso, se trata de un órgano económico-administrativo propio de los Entes Locales, que se rige por su normativa específica [1].
Las ventajas de la vía económico-administrativa se pueden resumir de la siguiente manera:
a) La decisión corresponde a un órgano desvinculado de quien dictó el acto que se revisa, lo que le otorga mayor grado de objetividad frente al recurso de alzada que resuelve el superior jerárquico.
b) En los casos, en principio, más complejos, resuelve por mayoría un órgano colegiado lo que le otorga mayor probabilidad de acierto frente a la resolución por un órgano unipersonal.
c) Sus componentes son expertos en las materias a las que se refieren las reclamaciones, lo que le confiere un grado de especialidad que no tienen en muchas ocasiones los órganos de lo contencioso-administrativo.
En cuanto a la litigiosidad contencioso-administrativa, lo cierto es que la inmensa mayoría de las reclamaciones interpuestas se resuelven definitivamente en los Tribunales Económico-Administrativos Municipales sin que pasen, por tanto, a la esfera judicial, ya sea porque la reclamación es estimada, total o parcialmente, ya sea porque los fundamentos de la resolución desestimatoria convencen al reclamante, ya sea por el coste que supone el recurso contencioso-administrativo frente a la gratuidad de la reclamación económico-administrativa.
El porcentaje de resoluciones que son impugnadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa osciló en términos absolutos, con los datos desde el inicio de la actividad de los TEAMM hasta 31-12-2012, entre el 13,29 % que registra el TEAMM de Málaga, y el 0,66% y 0,77% que registran los TEAMM de SS-Donostia y de Bilbao, respectivamente (Fuente: Tribunal Económico-Administrativo de Bilbao, Memoria 2012, “IV.4.3. Comparativa de litigiosidad contencioso-administrativa con otros tribunales”, Pág. 38).
En definitiva ni la calidad ni la imparcialidad de las resoluciones de estos Tribunales ha sido puesta en tela de juicio. Al contrario, en bastantes ocasiones, se ha puesto de manifiesto el rigor y la objetividad de sus resoluciones, amén de la independencia de criterio y decisión de los mismos. En este sentido, el cumplimiento de los plazos y la adopción de resoluciones por órganos unipersonales no deben impedir el mantenimiento e, incluso, la mejora de la calidad de las resoluciones aprobadas [2].
El objetivo principal sigue siendo el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley para la resolución y notificación de las resoluciones. Cabe recordar, a este respecto, que el incumplimiento de los citados plazos, siempre que se haya acordado la suspensión del acto reclamado, tiene como efecto que se deje de devengar el interés de demora en los términos previstos en el artículo 26.4 de la Ley.
El uso de las nuevas tecnologías ocupa un papel fundamental para el logro de este objetivo. La implantación de nuevos sistemas en la Gestión Tributaria municipal, posibilita, entre otras muchas novedades altamente positivas, la confección del llamado “expediente electrónico” por parte de los diferentes servicios afectados por las reclamaciones económico-administrativas, con la consiguiente reducción tanto de sus costes de elaboración como del plazo de remisión de los expedientes a los Tribunales Económico-Administrativos. Se reducen igualmente el número de peticiones para completar la documentación y también en la emisión y la recepción de informes.
La utilización de medios electrónicos o informáticos por parte de los Tribunales Económico-Administrativos para la obtención de los documentos integrantes de los expedientes administrativos está autorizada por la Disposición Adicional Decimosexta de la Ley General Tributaria, habiendo comenzado ya su implantación en los tribunales económico-administrativos estatales a partir de la Orden Ministerial EHA 2784/2009, de 8 de octubre.
Por otra parte, resulta imprescindible la introducción de los medios que permitirán a los ciudadanos la interposición electrónica de reclamaciones, el seguimiento del estado de tramitación de las mismas y la notificación de las resoluciones por vía telemática, conforme a las previsiones de la Ley 11/2007, LAECSP. También en este aspecto, la posibilidad de que los contribuyentes tomen vista de los expedientes desde internet, mediante un sistema de claves o códigos seguros previamente facilitados, a efectos de formular alegaciones, implica reducción de tiempo y de costes.
Por otra parte, siendo la unificación del criterio administrativo uno de los objetivos esenciales de la actual LGT, y resultando que la doctrina del Tribunal Económico Administrativo Central es vinculante también para los Tribunales Económico-Administrativos Municipales, tal y como establece el Artículo 239.7 de la LGT, se echan de menos en el ámbito municipal dos instrumentos fundamentales como son el recurso extraordinario de alzada para unificación de criterio, regulado en el artículo 242 de la LGT, y el recurso extraordinario para unificación de doctrina, previsto en el artículo 243 de la LGT, de los que conocerá el TEAC, y que no existen en el ámbito de las reclamaciones económico-administrativas municipales.
En este objetivo de publicidad y unidad de criterio, ayudaría mucho la puesta en marcha de una base de datos común a nivel nacional de resoluciones y doctrina de los Tribunales Económico-Administrativos Municipales, a modo de la herramienta informática “Gestión del Conocimiento” previsto en el Plan de Mejora de los Tribunales Económico-Administrativos puesto en marcha recientemente en el ámbito estatal con la finalidad de proceder a su modernización, incrementando los rendimientos de aquéllos y la calidad de sus resoluciones. Este Plan persigue entre sus objetivos más relevantes dotar a los Tribunales Económico-Administrativos estatales de un eficiente mecanismo de manejo del enorme acervo intelectual y doctrinal de que disponen estos Tribunales, para lo que se crea el programa BADOCTEA, la Base de Documentación Común de los TEA, que ya se ha implantado definitivamente. Entre el conjunto de acciones contenidas en el Plan se han incluido las necesarias propuestas de desarrollo legal necesario así como la introducción de los medios que han permitido y permitirán a los ciudadanos la interposición electrónica de reclamaciones, el seguimiento del estado de tramitación de las mismas y la notificación de las resoluciones por vía telemática.
Por último, sería necesario institucionalizar los encuentros o reuniones que se vienen realizando desde el año 2006 con participación de los miembros de los diferentes órganos Económico-Administrativos Municipales.
Los objetivos básicos de estos encuentros anuales son los siguientes:
1º) Potenciar la formación en el Derecho Tributario Local, profundizando en las novedades legislativas registradas y debatiendo los aspectos más problemáticos que presenta la aplicación práctica de los tributos locales y de su regulación.
2º) Constituir un marco de convivencia que posibilite tanto la exposición y análisis de las cifras estadísticas que reflejan de forma agregada la actividad de todos los TEAMs, como la coordinación de criterios y de experiencias prácticas entre los diferentes órganos.
3º) Servir de foro para la búsqueda de cauces de colaboración efectiva entre los TEAMs y los órganos municipales de gestión tributaria.
Entendemos que sería necesario llegar más allá, y sentar las bases para una auténtica planificación estratégica en aras a la mejora y evolución futura de estos tribunales municipales, institucionalizando las reuniones e incluso con la creación de algún órgano de coordinación a nivel nacional.
"Mecanismos de defensa del contribuyente. Los derechos y garantías en la normativa tributaria."
Dr. Joaquín Moya- Angeler Sánchez
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