10. LOS TRIBUNALES ECONÓMICO ADMINISTRATIVOS

10.5 LA RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA.  PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN.

El procedimiento para tramitar las reclamaciones económico-administrativas en los municipios de gran población se regula por Reglamento aprobado por el Pleno, de acuerdo en todo caso con lo establecido en la LGT y en el RGRV, sin perjuicio de las adaptaciones necesarias en consideración al ámbito de actuación y funcionamiento del órgano.

En la medida en que no se haya procedido a la aprobación del Reglamento de procedimiento de las reclamaciones económico-administrativas, debe acudirse supletoriamente a la aplicación de dicho procedimiento previsto en la normativa estatal.

La reclamación económico-administrativa se realiza presentando un escrito dirigido al órgano que ha adoptado el acto impugnado (art. 235.3 LGT), medida que pretende agilizar la tramitación de las reclamaciones económico administrativas presentadas ^[1], indicando un domicilio a efectos de notificaciones, firmado por el reclamante que ha de contener sus datos identificativos, y en su caso los del representante, así como el acto que se impugna y la pretensión del reclamante.

En cuanto a la capacidad de obrar y la legitimación para promover la reclamación económico-administrativa contra los actos sobre aplicación y efectividad de tributos y restantes ingresos de derecho público municipales, son de aplicación las reglas establecidas en la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) y las señaladas en el art. 14.2 d) del TRLHL, aplicándose, con carácter general, las reglas sobre legitimación para recurrir del art. 232 de la LGT, en el caso de tributos, y de la LRJPAC y demás normativa de Régimen Local, en los otros ingresos de derecho público municipales.

La reclamación se interpondrá dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto impugnado, desde el día siguiente a aquél en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, o desde el día siguiente a aquél en que quede constancia de la sustitución derivada de las relaciones entre el sustituto y el contribuyente. En el supuesto de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, o de tributos cobrados mediante recibo, el plazo para la interposición se computará desde el día siguiente al de finalización del período voluntario de pago.

Se recomienda que el escrito se presente en el propio Centro o Dependencia que hubiera dictado el acto administrativo que es objeto de reclamación, para facilitar su rápida tramitación.

De acuerdo con lo establecido en la LGT y en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP) está previsto la presentación de reclamaciones y recursos, así como de otros trámites relativos al procedimiento económico-administrativo por vía telemática a través de las correspondientes Sedes electrónicas creadas al efecto.

El interesado puede reducir considerablemente el tiempo de tramitación de la reclamación, presentando las alegaciones que estime oportunas con el escrito de interposición de la reclamación, proponiendo pruebas y aportando los documentos que desee, entendiéndose en tal caso renuncia al trámite de puesta de manifiesto para alegaciones, salvo que expresamente se solicite que exista dicho trámite.

Además, cuando se acompañan alegaciones y no se ha presentado previamente recurso de reposición, el propio órgano administrativo que dictó el acto podrá anular total o parcialmente el acto impugnado, sin perjuicio de que se trata de una reclamación económico-administrativa y que la resolución definitiva corresponde al Tribunal Económico-Administrativo competente.

Con carácter general la interposición de la reclamación económico-administrativa no suspende la ejecución del acto impugnado, si bien se producirá la suspensión automática del acto administrativo siempre que se solicite y garantice el importe de la deuda, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que pudieran proceder, conforme a las garantías previstas reglamentariamente para los supuestos de revisión de los actos administrativos. Estas garantías vienen reguladas en el artículo 233.2 y 3. de la LGT, en los términos previstos en los artículos 43, 44 y 45 del Reglamento General de Revisión (R.D. 520/2005, de desarrollo de la LGT).

La suspensión de la ejecución del acto impugnado podrá solicitarse, al interponer la reclamación económico-administrativa o en un momento posterior, con efectos desde la solicitud, mediante escrito independiente que irá acompañado necesariamente de copia de la reclamación interpuesta y de los documentos que se indican más abajo para cada una de las modalidades de suspensión. La solicitud de suspensión se dirigirá al órgano que dictó el acto impugnado, que la remitirá al órgano competente para resolver.

Como excepción, si la reclamación se refiere a una sanción tributaria, la ejecución de la misma quedará suspendida automáticamente como consecuencia de la interposición en tiempo y forma de reclamación económico-administrativa, sin necesidad de aportar ninguna garantía y sin que sea preciso solicitar la suspensión.

Tampoco es necesario solicitar la suspensión cuando ha sido concedida con ocasión del previo recurso de reposición y la garantía extiende sus efectos a la vía económico-administrativa.

El Tribunal que conozca de la reclamación podrá suspender la ejecución del acto con dispensa de garantías, total o parcial, cuando dicha ejecución pudiera causar perjuicios de difícil o imposible reparación, tanto para los supuestos de deuda tributaria o cantidad líquida como cuando se trate de actos que no tengan contenido económico (por ejemplo, requerimiento de información).

También se podrá pedir la suspensión de la ejecución del acto recurrido sin necesidad de aportar garantía cuando se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho. Se deberá justificar la concurrencia del error.

El procedimiento ordinario a seguir para la resolución de las reclamaciones se regula en el artículo 236 de la LGT, e incluirá necesariamente la puesta de manifiesto del expediente, salvo que las alegaciones se hayan presentado en el escrito de interposición, en cuyo caso se entenderá que el reclamante renuncia a este trámite salvo manifestación expresa en contrario.

En los casos previstos en el artículo 245 de la LGT, las reclamaciones económico-administrativas se tramitarán por órganos unipersonales por un procedimiento abreviado establecido en el artículo 247 de la LGT. Este procedimiento se introdujo por la vigente LGT con la finalidad de agilizar y mejorar la tramitación de las reclamaciones.

Conforme a dicho artículo el procedimiento abreviado ante órganos unipersonales se aplica a los casos siguientes:

§Las que sean de cuantía inferior a 6.000 euros, ó 72.000 euros si se trata de reclamaciones contra bases o valoraciones. (Estas son las cuantías establecidas en dicho artículo aplicables en el ámbito estatal. En cada Reglamento Orgánico municipal, las cuantías difieren).

§Cuando se alegue exclusivamente la inconstitucionalidad o ilegalidad de normas.

§Cuando se alegue exclusivamente falta o defecto de notificación.

§Cuando se alegue exclusivamente la insuficiencia de motivación o incongruencia del acto impugnado.

§Cuando se aleguen exclusivamente cuestiones relacionadas con la comprobación de valores.

En estos casos, el escrito de interposición deberá contener necesariamente las alegaciones y adjuntar las pruebas y documentos que se estimen convenientes

El art. 240.1 de la LGT establece el plazo de un año contado desde la interposición de la reclamación para resolver las reclamaciones económico-administrativas tramitadas por procedimiento ordinario y el art. 247.3 del mismo texto legal establece un plazo de seis meses para la notificar la resolución del Tribunal en los procedimientos abreviados sustanciados ante órganos unipersonales.

En cuanto a la extensión de la revisión en la reclamación económico-administrativa, el Tribunal conocerá de todas las cuestiones de hecho y de derecho que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas por los interesados, sin que en ningún caso pueda empeorar la situación inicial del reclamante. Si el Tribunal estima pertinente examinar y resolver cuestiones no planteadas por los interesados, las expondrá a los mismos para que puedan formular alegaciones.

El procedimiento finaliza por resolución del Tribunal, por renuncia, desistimiento de la petición o instancia, por caducidad o por satisfacción extraprocesal. Arts. 238, 239 y 247 de la LGT.

El Tribunal Económico-Administrativo Municipal no puede abstenerse de resolver ninguna reclamación sometida a su conocimiento sin que pueda alegarse duda racional o deficiencia en los preceptos legales. La resolución podrá ser estimatoria, desestimatoria o declarar la inadmisibilidad.

Cuando de los escritos de interposición de las reclamaciones o de lo actuado con posterioridad resultase manifiesta la falta de competencia del Tribunal, el miembro del mismo que esté conociendo del expediente podrá dictar providencia motivada acordando el archivo de las actuaciones. Contra dicha decisión podrá promoverse por los interesados cuestión incidental.

El Tribunal declarará la inadmisibilidad de la reclamación en los siguientes supuestos:

a)                      Cuando se impugnen actos o resoluciones no susceptibles de reclamación económico-administrativa.

b)                      Cuando la reclamación se haya presentado fuera de plazo.

c)                      Cuando falte la identificación del acto o actuación contra el que se reclama.

d)                     Cuando la petición contenida en el escrito de interposición no guarde relación con el acto o actuación recurrido.

e)                      Cuando concurran defectos de legitimación o de representación.

f)                       Cuando exista un acto firme y consentido que sea el fundamento exclusivo del acto objeto de la reclamación, cuando se recurra contra actos que reproduzcan otros anteriores definitivos y firmes o contra actos que sean confirmatorios de otros consentidos, así como cuando exista cosa juzgada.

Las resoluciones dictadas por el Tribunal ponen fin a la vía administrativa y serán directamente recurribles en vía contencioso-administrativa ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo correspondientes, en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución.

No obstante, contra la resolución podrá interponerse el recurso de anulación establecido en el artículo 239.6 de la LGT, en el plazo de 15 días, exclusivamente cuando se haya declarado incorrectamente la inadmisibilidad de la reclamación, cuando se hayan declarado inexistentes las alegaciones o pruebas oportunamente presentadas, cuando se alegue la existencia de incongruencia completa y manifiesta de la resolución o cuando se haya procedido indebidamente al archivo de las actuaciones por desistimiento, renuncia, caducidad o satisfacción extraprocesal. El escrito de interposición incluirá las alegaciones y adjuntará las pruebas pertinentes. El Tribunal resolverá sin más trámite en el plazo de un mes, entendiéndose desestimado el recurso en caso contrario.

Contra las resoluciones firmes de los Tribunales Económico Administrativos Municipales los interesados podrán interponer el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias excepcionales previstas en el artículo 244 de la LGT, es decir, cuando aparezcan documentos de valor esencial que fueran posteriores a la resolución recurrida o de imposible aportación al tiempo de dictarse la misma y que evidencien el error cometido, cuando al dictar la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior a aquella resolución o cuando la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá en el plazo de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos que evidencien el error o desde que quedara firme la sentencia judicial que acredite las circunstancias que permiten su interposición.

Será competente para resolver y tramitar el recurso extraordinario de revisión el propio Tribunal en Pleno, debiendo resolver en un plazo máximo de tres meses contado desde la interposición del recurso, transcurrido el cual el interesado podrá considerar desestimada la reclamación al objeto de interponer el recurso contencioso-administrativo. Para declarar la inadmisibilidad el Tribunal podrá actuar de forma unipersonal.

Por último, en este apartado resulta necesario analizar cuál es el sistema de coordinación de las reclamaciones económico administrativas y el recurso de reposición, lo que obliga a realizar dos precisiones:

En primer lugar, señalar que la reclamación interpuesta ante los Tribunales Económico-Administrativos Municipales se entiende sin perjuicio de los supuestos a los que nos hemos referido anteriormente en los que la Ley prevé la reclamación económico-administrativa ante los Tribunales Económico-Administrativos Estatales (art. 137.6 LRBRL).

A modo de ejemplo, una liquidación derivada de una actuación inspectora delegada referida a la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas, realizada por un inspector local de un municipio al que se le aplique el Titulo X de la LRBRL, será susceptible de ser recurrida con carácter previo al correspondiente recurso contencioso-administrativo:

§Ante el propio órgano que hubiera aprobado la liquidación a través del recurso de reposición,

§Ante los Tribunales Económico-Administrativos Estatales a través de la correspondiente reclamación económico-administrativa, por el acto de gestión censal que la actuación inspectora comporta (inclusión, variación o baja en la Matrícula del Impuesto),

§Ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal a través de la oportuna reclamación económico-administrativa, por el acto de gestión tributaria derivada de la actuación inspectora.

En segundo lugar, indicar que el TRLRHL no ha previsto el régimen y las consecuencias de la simultaneidad del recurso de reposición y de la reclamación económico-administrativa ante los Tribunales Económico-Administrativos Municipales. Sí lo ha hecho el art. 21 del Reglamento de Revisión, Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, para el recurso de reposición y la reclamación económico-administrativa estatal, por lo que será necesario adaptar dicho artículo al régimen de organización y funcionamiento del Entidades Locales (art. 12.2 TRLRHL) a través de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección (art. 15.3 TRLRHL).

El art. 21 del Reglamento de Revisión regula las consecuencias de la simultaneidad al señalar que: “1. Al interponer el recurso de reposición, el interesado hará constar que no ha impugnado el mismo acto en la vía económico-administrativa. Si pese a ello se acreditase la existencia de una reclamación sobre el mismo asunto y anterior al recurso de reposición, se declarará la inadmisión de este último y se remitirá el expediente que puedaexistir al tribunal económico-administrativo que esté tramitando la reclamación. 2. Los Tribunales económico-administrativos declararán inadmisible toda reclamación relativa a cualquier acto de la Administración cuando conste que dicho acto ha sido previamente impugnado mediante recurso de reposición y que este no ha sido resuelto expresamente y no puede entenderse desestimado por silencio administrativo. En este supuesto, el órgano administrativo que haya dictado el acto reclamable remitirá al tribunal competente una copia del escrito de interposición del recurso de reposición y, por tanto, la no procedencia de la remisión del expediente correspondiente. El Tribunal podrá solicitar la documentación complementaria que considere necesaria para determinar la procedencia de la inadmisión.”

En consecuencia, los interesados podrán presentar:

§Directamente una reclamación económico-administrativa.

§bien, el recurso de reposición regulado en el art. 14 del TR LRHL, y contra la resolución desestimatoria del citado recurso de reposición, interponer la reclamación económico-administrativa ante Tribunal Económico-Administrativo Municipal.

§Contra la resolución de la reclamación económico-administrativa podrán interponer recurso contencioso-administrativo.

Se considera que las reclamaciones económico-administrativas “entran” en el Tribunal, para su tramitación y ulterior resolución, sólo a partir del momento en que el órgano gestor que ha dictado el acto objeto de la reclamación –que es el órgano al que debe dirigirse la reclamación- remite ésta al Tribunal Económico-Administrativo junto con el expediente que corresponda.

Esto no significa que el plazo para resolver (de un año ó 6 meses, en función del procedimiento –general o abreviado- que corresponda aplicar) se compute desde la “entrada” de la reclamación en el Tribunal Económico-Administrativo Municipal, pues dicho plazo toma como término inicial el “día de interposición”.

 

"Mecanismos de defensa del contribuyente. Los derechos y garantías en la normativa tributaria."

 

Dr. Joaquín Moya- Angeler Sánchez