La LMMGL, al reformar la LRBRL ha pretendido desde un principio que el órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas sea un órgano independiente y mucho más de aquellos cuyos actos debe revisar, y así lo señala en su exposición de motivos, cuando se refiere a un órgano “cuya composición y funcionamiento pretenden garantizar la competencia técnica, la celeridad y la independencia tan patentemente requeridas por los ciudadanos en este ámbito.”

Del mismo modo, el primer inciso del apartado 5. del artículo 137 de la LRBRL, establece que: “Su funcionamiento se basará en criterios de independencia técnica, celeridad y gratuidad.”

Pues bien, para alcanzar la deseada independencia, el apartado 4 del artículo 137 de la LRBRL genera el estatuto del órgano diciendo:

“4. Estará constituido por un número impar de miembros, con un mínimo de tres, designados por el Pleno, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que legalmente lo integren, de entre personas de reconocida competencia técnica, y cesarán por alguna de las siguientes causas:

a)                      A petición propia.

b)                      Cuando lo acuerde el Pleno con la misma mayoría que para su nombramiento.

c)                       Cuando sean condenados mediante sentencia firme por delito doloso.

d)                      Cuando sean sancionados mediante resolución firme por la comisión de una falta disciplinaria muy grave o grave.

Solamente el Pleno podrá acordar la incoación y la resolución del correspondiente expediente disciplinario, que se regirá, en todos sus aspectos, por la normativa aplicable en materia de régimen disciplinario a los funcionarios del ayuntamiento.”

La designación de los miembros del órgano por el Pleno de la corporación municipal supone ya una primera garantía de independencia. Los miembros del órgano económico-administrativo no estarán sometidos a ninguna relación jerárquica con la Administración.

Ese órgano conocerá de los actos dictados por órganos que no se encuentran en su misma línea jerárquica, siendo jerárquicamente independiente de los órganos encargados de aplicar tributos e imponer sanciones.

La consecuencia será una mayor imparcialidad de sus resoluciones para el administrado que el recurso de reposición.

Esta garantía queda reforzada, cuando el segundo inciso del apartado 5 del propio artículo 137 LRBRL, dispone que su composición, competencias, organización y funcionamiento, así como el procedimiento de las reclamaciones se regulará por reglamento aprobado por el Pleno de la Corporación Municipal, de acuerdo en todo caso con lo establecido en la Ley General Tributaria, (la actual LGT, Ley 58/2003, de 17 de diciembre), y en la normativa estatal reguladora de las reclamaciones económico-administrativas (principalmente el Reglamento General de Desarrollo de la LGT en materia de Revisión en Vía Administrativa, Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, RGRV), así como por la demás normativa estatal, autonómica y local de  aplicación,  sin  perjuicio  delas adaptaciones necesarias en consideración al ámbito de actuación y funcionamiento del órgano ^[1].

Determinada su independencia técnica, nunca habrá que confundirse, puesto que el procedimiento que se sustanciará ante este órgano nunca será un “proceso”, en el sentido técnico-jurídico de dicha expresión, sino un procedimiento administrativo y que, en consecuencia, ese procedimiento no será “contencioso”.

Tales son las similitudes con el proceso judicial y la independencia de los órganos encargados de la resolución de las reclamaciones económico-administrativas que tradicionalmente se les ha denominado “Tribunales”, así los Tribunales Económico-Administrativos Estatales, aunque algunos de estos órganos de nueva creación en el ámbito municipal han adoptado otras denominaciones tales como “Consejo”, “Jurado tributario” o “Junta municipal de reclamaciones económico-administrativas”.

Durante bastante tiempo fue objeto de discusión doctrinal la naturaleza jurisdiccional o administrativa de los Tribunales Económico-Administrativos. Sin embargo, a la hora de abordar esta cuestión, no se puede desconocer que la Constitución Española otorga el monopolio de la función jurisdiccional al Poder Judicial y éste, según la misma, está formado por Jueces y Magistrados que son independientes frente al resto de los poderes del Estado y frente a las partes que intervienen en el litigio.

La defensa que en ocasiones se ha hecho del carácter jurisdiccional de los Tribunales Económico-Administrativos encontró un gran apoyo en la la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de marzo de 2000, en la que se habilita a estos Tribunales a presentar cuestiones prejudiciales en el ámbito del derecho comunitario ^[2].

Sin embargo, no hay que olvidar que la independencia funcional de la que, sin duda, gozan los órganos de la vía económico-administrativa, y que siempre ha sido respetada, no impide consignar su dependencia orgánica de la Administración cuyos actos son objeto del litigio, dependencia que es, sin embargo, perfectamente compatible con la diferenciación y especialización de los Tribunales Económico-Administrativos. Se configuran como órganos administrativos especiales, en correlación con la singularidad de la actividad tributaria, con unas notas y características propias que motivan una cierta “jurisdiccionalización” del procedimiento económico-administrativo.

Por otro lado, resulta también conveniente insistir en dos de las características que definen a los Tribunales Económico-Administrativos: En primer lugar, la separación entre las funciones de aplicación de los tributos y de revisión que establece el artículo 83.2 de la LGT, y en segundo lugar, la obligación que tienen los Tribunales de esta vía de resolver con arreglo a Derecho. Es indudable que, por su importancia, estos deben considerarse principios inspiradores del funcionamiento de los Tribunales Económico-Administrativos.

En relación a la separación en el ámbito tributario entre las funciones de aplicación de los tributos y de revisión, hay que decir que dicha separación resulta evidente al tratarse los Tribunales Económico-Administrativos de órganos administrativos al margen de competencias gestoras y ejecutivas.

En cuanto a la obligación que tienen los Tribunales Económico-Administrativos de resolver con arreglo a Derecho, hay que manifestar que esta característica justifica que se pueda afirmar que la justicia administrativa que imparten los órganos de esta vía es tuteladora de derechos e intereses legítimos. Protegen la legalidad objetiva y tutelan efectivamente los derechos de quienes reclaman ante ellos porque, siendo un procedimiento contra el acto, vincula a la Administración. En este sentido, los Tribunales Económico-Administrativos vienen obligados a fallar, de manera que, según señala expresamente el artículo 239.1 de la LGT: “no podrán abstenerse de resolver ninguna reclamación sometida a su conocimiento sin que pueda alegarse duda racional o deficiencia en los preceptos legales”.

Ahora bien, el deber de resolver con arreglo a Derecho no significa que no puedan plantearse ante los Tribunales cuestiones de hecho, como por ejemplo la estimación y la fijación de las bases tributarias. El Real Decreto Legislativo 2795/1980, hoy derogado, disponía que las reclamaciones económico-administrativas podían comprender tanto las cuestiones de hecho como las de derecho suscitadas en el ámbito material que les es propio. Con ello se cerraba la etapa iniciada con la reforma fiscal de 1.957, que estableció la separación entre cuestiones de hecho y de derecho, se arbitraron los llamados recursos de agravio absoluto y comparativo y por aplicación indebida de índices y módulos, conociendo de los mismos los denominados Jurados Tributarios, que fueron suprimidos por la Ley de 21 de junio de 1.980. La Ley General Tributaria vigente ya no se refiere de forma expresa a cuestiones de hecho y de derecho, sino simplemente a que las resoluciones dictadas evaluarán todas las cuestiones que se susciten en el expediente.