En primer lugar, tenemos que decir que la acción de derivación de responsabilidad en la actual LGT no se configura ya como exclusiva de los órganos de recaudación, por tanto, los órganos liquidadores, gestión o inspección, también podrán determinar la existencia de la responsabilidad tributaria en determinados casos. Así el artículo 174.2 de la LGT, establece que en el supuesto de liquidaciones administrativas, si la declaración de responsabilidad se efectúa con anterioridad al vencimiento del período voluntario de pago, la competencia para dictar el acto administrativo de declaración de responsabilidad corresponde al órgano competente para dictar la liquidación. En los demás casos, dicha competencia corresponderá al órgano de recaudación. Se trata así de “anticipar” el momento temporal de declaración de la responsabilidad a la fase de liquidación de las deudas. Claro está, como veremos en el apartado siguiente, en el caso de que el órgano liquidador declare la responsabilidad subsidiaria, esto requerirá que se haya determinado previamente por los órganos de recaudación que el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, han sido declarados fallidos en un procedimiento de recaudación anterior o simultáneo por otras deudas.

El principal derecho del presunto responsable se establece en el artículo 41.5 de la LGT que determina que la derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá de un acto administrativo en el que, previa audiencia al interesado, se declare la existencia de la responsabilidad y de determine su alcance y extensión. Además, dispone este artículo que la derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios, es decir, permite el beneficio de excusión al responsable subsidiario, ya que no podrá dirigirse la acción de derivación contra él mientras queden bienes del deudor principal y de los responsables solidarios, caso de existir estos últimos. Los responsables solidarios no dispondrán de este beneficio de excusión de los bienes del deudor, bastando que este no atienda el pago de las deudas pendientes en período voluntario de pago para que se pueda determinar la existencia de responsables solidarios mediante el correspondiente acuerdo administrativo, o bien exigir el pago de la deuda, si estos fueron determinados con anterioridad. El procedimiento de derivación es diferente en uno y otro caso, estando regulado en los artículos 174 a 176 de la LGT.

No olvidemos que la responsabilidad tributaria, en los casos en que está prevista legalmente, no opera de manera automática, sino que es necesario que se produzcan los supuestos previstos en la norma y una determinada conducta por parte del presunto responsable que haga concurrir el necesario dolo, culpa o simple negligencia que justifique la acción, principio de responsabilidad al que nos referiremos de manera más extensa al tratar de los derechos y garantías en el procedimiento sancionador tributario, puesto que es uno de las principios fundamentales que informa la potestad sancionadora.

Por tanto, el presunto responsable tendrá derecho, en primer lugar, a conocer los hechos que se le imputan y las consecuencias de dichos hechos, es decir, el alcance y extensión de su responsabilidad, en el correspondiente acuerdo que le deberá ser notificado, en el que además le debe ser reconocido el derecho a formular alegaciones y aportar los documentos que estime oportunos, alegaciones que podrá realizar en cualquier momento, y además, en el propio trámite de audiencia.

El segundo derecho de indudable importancia reconocido a los responsables de las deudas tributarias es el de impugnar, no solo la procedencia del acuerdo de derivación de responsabilidad, sino también las liquidaciones realizadas al deudor principal, siempre que estas no hubieran adquirido firmeza. Así el artículo 174.5 de la LGT establece que “En el recurso o reclamación contra el acuerdo de derivación de responsabilidad podrá impugnarse el presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto, sin que como consecuencia de la resolución de estos recursos o reclamaciones puedan revisarse las liquidaciones que hubieran adquirido firmeza para otros obligados tributarios, sino únicamente el importe de la obligación del responsable que haya interpuesto el recurso o la reclamación”. Este derecho a impugnar las liquidaciones no será posible en los casos de la responsabilidad regulada en el artículo 42.2 de la LGT.

En tercer lugar, al responsable le será exigida la deuda en periodo voluntario de pago, por lo que no le serán exigidos los recargos ejecutivos del deudor principal, sino los que él mismo genere si no paga la deuda en dicho plazo (Artículo 174.6 de la LGT).

En el artículo 41.4 de la LGT se establece que la responsabilidad no alcanzará a las sanciones, salvo las excepciones que en esta u otra ley se establezcan. Pues bien, en el artículo 182 de la LGT, dentro del Título IV correspondiente a la potestad sancionadora, es donde se regula la responsabilidad por las sanciones y el correspondiente procedimiento para exigirla. En dicho artículo se determina, en primer lugar, que responderán solidariamente del pago de las sanciones tributarias, derivadas o no de una deuda tributaria, las personas o entidades que se encuentren en los supuestos de los párrafos a) y c) del apartado 1 y en los del apartado 2 del artículo 42 de la LGT, en los términos establecidos en dicho artículo, siendo el procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad solidaria el previsto en el artículo 175 de esta Ley. En segundo lugar, establece que responderán subsidiariamente del pago de las sanciones tributarias las personas o entidades que se encuentren en los supuestos de los párrafos a), g) y h) del apartado 1 del artículo 43 de esta Ley, en los términos establecidos en dicho artículo, siendo el procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad subsidiaria el previsto en el artículo 176 de esta Ley.

El procedimiento para el cobro de las deudas tributarias pendientes frente a los sucesores de las personas físicas y los sucesores de las personas jurídicas y entidades sin personalidad sí que es exclusivo de los órganos de recaudación, y se encuentra regulado en el artículo 177 de la LGT. El artículo 39 de la LGT se refiere a los sucesores de las personas físicas y el artículo 40 a los sucesores de las personas jurídicas y entidades sin personalidad. En este caso no será necesario un acuerdo administrativo en el que se determine el alcance de la acción, sino que las acciones continuarán con los herederos y, en su caso, legatarios de las personas físicas, o bien, con los socios, partícipes o cotitulares, una vez constatada la extinción de la personalidad jurídica, pudiendo la Administración dirigirse contra cualquiera de ellos simultánea o sucesivamente, tratándose de sociedades que limitan la responsabilidad de los socios, en este caso hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les corresponda. En el caso de herederos, o legatarios de parte alícuota, de personas físicas, operarán las reglas de la legislación civil en cuanto a la adquisición de la herencia, teniendo los sucesores los derechos que dicha normativa les reconoce como el derecho a deliberar, o a aceptar la herencia a beneficio de inventario, limitando de este modo, su responsabilidad por las deudas del causante.

En el apartado tercero del artículo 182 de la LGT, señala que las sanciones tributarias no se transmitirán a los herederos y legatarios de las personas físicas infractoras, y que las sanciones tributarias por infracciones cometidas por las sociedades y entidades disueltas se transmitirán a los sucesores de las mismas en los términos previstos en el artículo 40 de la LGT, es decir, hasta el límite de valor de los bienes o derechos adquiridos.

 

Por último, se establece en el artículo 175.2 de la LGT, el derecho a solicitar por quien pretenda adquirir la titularidad de explotaciones o actividades económicas un certificado relativo a la situación tributaria derivada del ejercicio de dichas explotaciones o actividades, previa conformidad del titular actual, cuyo efecto será evitar que puedan exigirse al adquirente deudas o responsabilidades distintas de las que consten en dicho certificado, limitando así la responsabilidad solidaria por sucesión de actividad económica que establece el artículo 42.1.c) de la LGT. 

El derecho del obligado tributario a obtener copias de los documentos que integren el expediente administrativo, reconocido en el artículo 34.1.s) LGT, podrá ejercitarse en cualquier momento, en el procedimiento de apremio, y no específicamente en el trámite de audiencia o de alegaciones, como ocurre con carácter general y de manera preclusiva en los demás procedimientos de aplicación de los tributos.

El derecho a formular alegaciones y al trámite de audiencia en el ámbito recaudatorio tienen aplicación en los casos de derivación de responsabilidades, donde expresamente se exige la audiencia previa (artículos 41.5 de la LGT, y artículo 124.1 del RGR), así como en las solicitudes de aplazamientos y fraccionamientos, compensaciones o en los expedientes sancionadores que pudieran tramitarse.

El derecho a la resolución en plazo en los procedimientos de aplazamiento, fraccionamiento y compensación, el RGR establece el plazo de seis meses, transcurrido el cual sin recibir notificación de la resolución expresa, el solicitante podrá entenderla desestimada a los efectos de su impugnación ulterior (artículos 52.6 y 56.7). El mismo plazo señala para el procedimiento de declaración de responsabilidad el artículo 124.1 del RGR.

El procedimiento de apremio no está sujeto a un plazo de duración de las actuaciones. A diferencia del resto de procedimientos de aplicación de los tributos, las actuaciones en el procedimiento de apremio no tienen plazo al que se asocie una consecuencia de caducidad, o de silencio administrativo por falta de resolución expresa. Así lo establece específicamente el artículo 104.1 de la LGT en su último párrafo, diciendo que “las actuaciones podrán extenderse hasta el plazo de prescripción del derecho de cobro”. Así, será la prescripción ganada la que ponga fin al procedimiento de apremio. Las formas de terminación del procedimiento de apremio se enumeran en el artículo 173 de la LGT.

Los órganos de recaudación tendrán las mismas facultades que se reconocen a los órganos de la Inspección de los tributos en el artículo 142 de la LGT, con los requisitos allí establecidos, y podrán adoptar medidas cautelares en los términos previstos en el artículo 146 LGT. Así lo dispone el artículo 162.1 de la LGT, por lo que serán de aplicación los límites y las demás protecciones establecidas para la entrada y reconocimiento de fincas, la protección del domicilio constitucionalmente protegido, al derecho a la intimidad, etc… a las que no hemos referido al analizar los límites y regulaciones de las facultades de la inspección, a las que nos remitimos.