Los obligados tributarios tendrán ante la Inspección de los tributos los mismos derechos que les asisten en cualquier actuación o procedimiento tributario en que intervengan a los que nos hemos referido en esta exposición. No obstante, existen determinadas especialidades en estos derechos como correlativo de obligaciones específicas que tendrán los contribuyentes ante la Inspección de los tributos.
Estas obligaciones de los obligados tributarios ante la Inspección de los tributos son, en síntesis, las siguientes:
§Facilitar la práctica de las actuaciones de comprobación e investigación.
§Poner a disposición de la Inspección para su examen los documentos, libros, contabilidad, ficheros, facturas, justificantes, correspondencia con trascendencia tributaria, bases de datos informatizadas, programas, registros y archivos informáticos relacionados con actividades económicas, así como bienes, elementos, explotaciones y cualquier otro antecedente o información que sea necesario para la exigencia de las obligaciones tributarias.
§Permitir la entrada de la Inspección, en las condiciones fijadas reglamentariamente, en las fincas, locales de negocio y demás establecimientos y locales en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen, existan bienes sujetos a tributación, se produzcan hechos imponibles o supuestos de hecho de las obligaciones tributarias o exista alguna prueba de los mismos.
§Atender a la Inspección y prestar la debida colaboración en el ejercicio de sus funciones.
§Personarse por sí o por medio de representante, en el lugar día y hora señalados para la práctica de las actuaciones y aportar o tener a disposición de la Inspección la documentación y demás elementos solicitados.
§Comparecer personalmente cuando la naturaleza de las actuaciones a realizar así lo exija y se requiera de forma motivada por la Inspección.
§Ratificar aquellos datos específicos, propios o de terceros, contenidos en los documentos previamente aportados.
Pasamos a analizar esos derechos específicos ante la Inspección de los tributos a que nos referíamos a continuación:
7.1 INICIO DEL PROCEDIMIENTO INSPECTOR.
El inicio del procedimiento inspector puede realizarse de dos formas, mediante notificación al contribuyente de la comunicación de inicio de actuaciones, o bien, por personación de la Inspección en el domicilio o en el lugar donde se desarrollen las actividades a inspeccionar, sin previa comunicación de inicio, para iniciar dichas actuaciones. En ambos casos, el defecto fundamental del inicio de las actuaciones es la interrupción del plazo de la Administración tributaria para liquidar la deuda tributaria, y también, en su caso, para imponer las sanciones que resultasen procedentes (artículo 66.1.a) de la LGT y artículo 189.3.a párrafo 2º del RGAT).
El artículo 147.2 de la LGT, establece la obligación de la Inspección de Tributos de informar a los obligados tributarios, al inicio de los procedimientos de inspección, de la naturaleza y alcance de las diferentes actuaciones que se llevarán a cabo y de los derechos y obligaciones de su titularidad en el curso de las mismas. Esta obligación se engloba dentro del deber de información a los obligados tributarios y es una manifestación más del mismo, pero de especial trascendencia para la garantía de los derechos de estos en el procedimiento.
No obstante, considerando precisamente sus finalidades, algunos autores entienden que se trata de una obligación completamente independiente de aquella, ya que su último fin no es el de paliar el excesivo coste fiscal que soportan los contribuyentes, sino el de dotar a los procedimientos inspectores de eficacia [1]. Sin embargo, y aunque bien es cierto que dicha actuación, como se desprende del artículo 147.2 antes citado, forma parte de un procedimiento y, como tal, es un requisito indiscutible para su eficacia, la justificación de su existencia parece coincidir (cuanto menos en parte) con los motivos del deber de información, y es que su materialización no consiste en una comunicación formal imprescindible desde el punto de vista material para el desarrollo de una actuación. Además, como se ha visto, nada impide que las labores derivadas del deber de información se presten en el seno de un procedimiento tributario, por lo que tampoco debería ser un impedimento que se integraran como parte del mismo con carácter preceptivo (y más teniendo en cuenta que, a fin de cuentas, forman parte de un deber).
Dicha actuación además es un concreto deber contenido en el artículo 141.f) de la LGT donde se establece como una función de los órganos de la Inspección de Tributos la de informar “a los obligados tributarios, con motivo de las actuaciones inspectoras, sobre sus derechos y obligaciones tributarias y la forma en que deben cumplir estas últimas”. Sin embargo, como pone de manifiesto CAYÓN, debe destacarse finalmente que, en la medida en la que su difusión forma parte del contenido esencial del acto administrativo de comunicación del inicio de tales actuaciones, su falta conllevará la privación total de efectos del procedimiento [2], por lo que podrá requerirse la nulidad del acto que le ponga fin por haberse adoptado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido (artículo 62 de la LRJPAC) o, cuanto menos, su anulabilidad por haber infringido el ordenamiento jurídico (artículo 63 LRJPAC) [3].
En este sentido, y por lo que se refiere al inicio de las actuaciones de comprobación e investigación, ya hemos hecho mención de que el ordenamiento tributario reserva la facultad de personación sin previa notificación de la comunicación de inicio de actuaciones a los órganos de la inspección, en los casos y en la forma legalmente regulada para dicho procedimiento, siendo este el momento en que se pondrá en conocimiento del obligado tributario la naturaleza y el alcance de las actuaciones a desarrollar, aunque en la mayoría de los casos las actuaciones se iniciaran normalmente mediante la notificación de una comunicación de inicio de actuaciones al obligado tributario con el contenido que establece el artículo 87.3 del RGAT. En el caso de que se inicie el procedimiento mediante personación de la Inspección sin previa notificación del inicio de actuaciones al obligado tributario, se documentará en diligencia el inicio de tales actuaciones y se dejará constancia en la misma de haber informado al obligado tributario de la naturaleza y alcance de las actuaciones iniciadas.
El artículo 177 del RGAT, prevé esta forma de inicio en el procedimiento de inspección, cuando se estime conveniente para la adecuada práctica de las actuaciones. En estos casos las actuaciones de comprobación e investigación se inician mediante personación de los órganos de la inspección en la empresa, oficinas, dependencias, instalaciones, centros de trabajo o almacenes del obligado tributario o donde exista alguna prueba de la obligación tributaria, aunque sea parcial, entendiéndose las actuaciones con el obligado tributario si estuviese presente y, de no estarlo, con los encargados o responsables de estos lugares.
En efecto el artículo 151.2 LGT, otorga esta facultad a los órganos de la inspección al establecer que: “La inspección podrá personarse sin previa comunicación en las empresas, oficinas, dependencias, instalaciones o almacenes del obligado tributario, entendiéndose las actuaciones con éste o con el encargado o responsable de los locales.”
Por su parte, el artículo 172 del RGAT, reserva para los funcionarios y demás personal al servicio de la Administración tributaria que desarrollen actuaciones inspectoras la facultad de entrada y reconocimiento de los lugares a que se refiere el artículo 142.2 de la LGT, cuando aquellas así lo requieran, salvo inspecciones censales de los órganos de gestión, que también gozarán de estas facultades.
El apartado 2º del artículo 172 RGAT reconoce al obligado tributario el derecho de oponerse a estas personaciones de los órganos inspectores, siendo necesario, en este caso, la autorización escrita del delegado o del director de departamento del que dependa el órgano actuante.
El ejercicio de estas potestades de los órganos de la inspección tiene su límite en la protección del domicilio constitucionalmente protegido, siendo necesario en este caso el consentimiento del obligado tributario o la oportuna autorización judicial (artículo 172.3 LGT), y en otro caso, precisa del consentimiento del obligado tributario, sin perjuicio de que su oposición no justificada a la entrada y desarrollo de las actuaciones inspectoras pueda tener consecuencias de agravamiento de las sanciones que en su caso puedan derivarse del procedimiento inspector en curso, incluso con la consideración, en su caso, de obstrucción a la actuación investigadora de los órganos de la inspección.
"Mecanismos de defensa del contribuyente. Los derechos y garantías en la normativa tributaria."
Dr. Joaquín Moya- Angeler Sánchez
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