Ya nos hemos referido en el apartado correspondiente a los requisitos de las notificaciones como presupuesto para el ejercicio por el administrado de los derechos y garantías que el ordenamiento tributario le reconoce.

No obstante, el artículo 102 LGT se refiere de manera particular la notificación de las liquidaciones tributarias, estableciendo las especialidades de las mismas, en cuanto a la regulación del contenido de aquellas y a las notificaciones por edictos en los casos de tributos de cobro periódico por recibo.

Destaca la sustitución de la referencia al “texto íntegro del acto” por la necesidad de que la notificación contenga lo que GARCÍA BERRO llama “elementos esenciales de la liquidación”, que identifica con la motivación (apartado c) y los que denomina “fundamentos fácticos y jurídicos determinantes de la deuda tributaria” con el (apartado b) ^[1].

La falta de notificación de los elementos esenciales de la liquidación produce que aquella sea defectuosa y por tanto afecte los derechos de los interesados. Sin embargo, aquí el principio general de entender notificados los actos administrativos cuando el interesado los impugne quiebra a favor del derecho de oposición  contra  aquellos  actos que perjudiquen sus intereses, pues de otra manera se produciría indefensión al subsanarse en cualquier caso en que se recurra. La STS de 12 marzo 1999 (RJ 1999\2518) así lo considera cuando no se impugne el fondo del asunto sino precisamente los defectos formales del acto impugnado ^[2].

Además de las notificaciones personales y mediante edictos ya vistas también se regula otro supuesto, el de las notificaciones para los tributos gestionados por padrón o matrícula, de cobro periódico por recibo, que sobre todo se da en el ámbito local.

Una excepción a este supuesto de notificación por edictos en los tributos de cobro periódico por recibo es el caso de aumento de la base imponible sobre la que resulte de la declaración tributaria que haya presentado el obligado, ya que deberá notificarse individual y motivadamente la liquidación, pues se entiende que ha variado un elemento esencial de la liquidación que perjudica los intereses de aquel. Se excluyen los supuestos de modificaciones de bases a través de revalorizaciones generales aprobadas por Ley (ej.: la actualización que las leyes de presupuestos generales del Estado realizan en el valor catastral de los bienes inmuebles). Esa excepción tiene su causa en la necesidad de respetar el principio de tutela judicial efectiva, que sólo se mantiene si no se modifican esos elementos esenciales de la liquidación. Así por ejemplo, si se cambian los plazos de ingreso de la deuda deberá realizarse la notificación personal. ^[3]