6 . ESPECIALIDADES DE LOS DERECHOS Y GARANTíAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA.
6.4 PROCEDIMIENTOS INICIADOS MEDIANTE DECLARACIÓN.
En aquellos casos en que para la gestión del tributo la normativa establezca que sea necesario presentar por el obligado tributario una declaración, el principal derecho del obligado tributario a la hora de presentarlas es que ello no supone la aceptación o reconocimiento de la procedencia de la obligación tributaria, es decir, sólo supone el cumplimiento de una obligación formal sin entrar en juego la doctrina de los actos propios, por lo que posteriormente y sin perjuicio de que la Administración, precisamente por ese carácter no vinculante, deba comprobar los datos, se puede rectificar o recurrir la liquidación que se emita, si bien también puede ocurrir que no exista obligación de contribuir porque se dé un caso de exención o no sujeción, por ejemplo.
En este aspecto, debemos hacer constar la aparente contradicción en que incurre el artículo 119 LGT al definir la declaración como “todo documento presentado ante la Administración tributaria donde se reconozca o manifieste la realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de los tributos”. En la definición se utiliza el término reconocimiento para en el párrafo siguiente decir que aquella no lo implica. Así continúa el artículo 119 LGT, diciendo que “la presentación de una declaración no implica aceptación o reconocimiento por el obligado tributario de la procedencia de la obligación tributaria”.
No obstante, debe entenderse que si bien efectivamente no lo implica ello no supone que lo excluya, por lo que queda incluida la posibilidad de un reconocimiento mediante la declaración.
6.5 RECTIFICACIÓN DE AUTOLIQUIDACIONES, DECLARACIONES, COMUNICACIONES DE DATOS O SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN.
El derecho de los obligados tributarios de instar de la Administración tributaria la rectificación de las autoliquidaciones presentadas por estos cuando consideren que la presentada ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos se reconoce en el artículo 120.3 LGT, dentro de las actuaciones y procedimiento de gestión tributaria. Normalmente el perjuicio consistirá en haber ingresado demás, por errores en la autoliquidación presentada, o bien, por no haber aplicado deducciones, exenciones o bonificaciones a que el obligado tributario tuviera derecho.
Se establece además que cuando la rectificación de una autoliquidación origine una devolución derivada de la normativa del tributo y hubieran transcurrido seis meses sin que se hubiera ordenado el pago por causa imputable a la Administración tributaria, ésta abonará el interés de demora del artículo 26 de la LGT sobre el importe de la devolución que proceda, sin necesidad de que el obligado lo solicite. A estos efectos, el plazo de seis meses comenzará a contarse a partir de la finalización del plazo para la presentación de la autoliquidación o, si éste hubiese concluido, a partir de la presentación de la solicitud de rectificación. Cuando la rectificación de una autoliquidación origine la devolución de un ingreso indebido, la Administración tributaria abonará el interés de demora en los términos señalados en el apartado 2 del artículo 32 LGT, ya comentado.
El procedimiento para la rectificación de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones de datos o solicitudes de devolución se instará y se sustanciará ante los órganos de gestión tributaria y se desarrolla en los artículos 126 a 130 del RGAT.
También tienen derecho los obligados tributarios de presentar autoliquidaciones complementarias, o declaraciones o comunicaciones complementarias o sustitutivas. Así, conforme al artículo 122 LGT, las autoliquidaciones complementarias tendrán como finalidad completar o modificar las presentadas con anterioridad y se podrán presentar cuando de ellas resulte un importe a ingresar superior al de la autoliquidación anterior o una cantidad a devolver o a compensar inferior a la anteriormente autoliquidada. También podrán presentar los obligados tributarios declaraciones o comunicaciones de datos complementarias o sustitutivas, haciendo constar si se trata de una u otra modalidad, con la finalidad de completar o reemplazar las presentadas con anterioridad.
En estos casos la finalidad será evitar las sanciones que en la actividad comprobadora posterior por parte de la Administración puedan originarse como consecuencia de la liquidación de cantidades a ingresar superiores a las autoliquidadas por el obligado tributario, o la determinación de cantidades a devolver inferiores a las obtenidas o solicitadas por el mismo, ya que la LGT prevé en estos casos la aplicación de los recargos del artículo 27 LGT, que excluyen la aplicación de sanciones.
6.6 PLAZOS DE RESOLUCIÓN Y CADUCIDAD.
En un apartado anterior nos hemos referido a la necesidad de motivación, a los plazos de resolución y al régimen de los actos presuntos en los actos administrativos de naturaleza tributaria, que, en defecto de regulación específica para cada procedimiento, se regirán por lo establecido en los artículos 103 y 104 de la LGT. También nos hemos referido a los períodos de interrupción justificada (artículo 103 del RGAT), y al cómputo de las dilaciones en el procedimiento (artículo 104 del RGAT).
Pues bien, en aquellos procedimientos iniciados mediante declaración o en los de comprobación tributaria en los que el incumplimiento del plazo para resolver determine la caducidad delprocedimiento, el efecto fundamental será que el cómputo del plazo de prescripción no se habrá visto interrumpido por el inicio de dicho procedimiento, por lo que esto podrá determinar la prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, si han transcurrido más de cuatro desde el día siguiente a aquel en que finalizó el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación, hasta la fecha en que se entienda el procedimiento caducado. Así lo establece el artículo104.5 cuando dispone que “dicha caducidad no producirá, por sí sola, la prescripción de los derechos de la Administración tributaria, pero las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción ni se considerarán requerimientos administrativos a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 27 de esta ley.”
En los procedimientos iniciados mediante declaración, el artículo 129.1 de la LGT establece que la Administración tributaria deberá notificar la liquidación en un plazo de seis meses desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la declaración, produciéndose ante la falta de notificación de la liquidación en dicho plazo la caducidad del procedimiento, según dispone el artículo 130.b) LGT, ello sin perjuicio de que la Administración tributaria pueda iniciar de nuevo este procedimiento dentro del plazo de prescripción.
También el transcurso del plazo de seis meses establecido en el artículo 104 de la LGT, sin que se haya notificado al obligado tributario la liquidación provisional, determinará la caducidad de los procedimientos de verificación de datos y de comprobación limitada, sin perjuicio igualmente de que la Administración pueda iniciar de nuevo el procedimiento dentro del plazo de prescripción. (Artículos 133 y 139 de la LGT).
"Mecanismos de defensa del contribuyente. Los derechos y garantías en la normativa tributaria."
Dr. Joaquín Moya- Angeler Sánchez
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