5 LOS DERECHOS DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS. EL ESTATUTO JURíDICO DE LOS CIUDADANOS EN MATERIA TRIBUTARIA.

5.4      LOS DERECHOS RECONOCIDOS A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS DERIVADOS DE LAS OBLIGACIONES PROCEDIMENTALES DE LA ADMINISTRACIÓN.

La actual LGT trasladó al artículo 34 en su apartado 1º, los derechos enunciados en el artículo 3 de la derogada LDGC, que como ya hemos apuntado anteriormente, supuso en su momento una aproximación del procedimiento tributario al procedimiento administrativo común, y por tanto, un acercamiento de la Ley tributaria a los derechos y obligaciones regulados en la LRJPAC, eso si, manteniendo sus especialidades propias. Por tanto, en una primera aproximación, vamos a distinguir, dentro de este catálogo de derechos, y las correlativas obligaciones de la Administración tributaria, los que se derivan de la incorporación a esta materia de los derechos reconocidos en el campo del Derecho Administrativo, de otras obligaciones que se derivan de derechos estrictamente tributarios.

5.4.1           LOS DERECHOS QUE NACEN DE LA ADAPTACIÓN AL ORDENAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS DERECHOS ADMINISTRATIVOS.

Se trata, como decimos, de derechos procedimentales, y las correlativas obligaciones de la Administración tributaria, que se han incorporado a la actual LGT como garantías para el obligado tributario en los procedimientos de aplicación de los tributos, que ya estaban reconocidos a todos los administrados en la LRJPAC, y por ello, en cuanto ley básica que es, ya se venían aplicando en estos procedimientos aunque no estuvieran expresamente reconocidos en el ámbito tributario.

Esos derechos de los ciudadanos en el procedimiento administrativo que se incorporan en la Ley General Tributaria, son los siguientes:

§El derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte.

§El derecho a conocer la identidad de las autoridades y el personal al servicio de la Administración Tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan las actuaciones y procedimientos tributarios en los que tenga la condición de interesado.

§El derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones presentadas, la copia sellada y devolución de originales.

§El derecho a no aportar los documentos ya aportados en poder de la Administración.

§El derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al servicio de la Administración Tributaria.

§El derecho al trámite de audiencia y alegaciones.

§El derecho de los obligados a presentar ante la Administración tributaria la documentación que estimen conveniente y que pueda ser relevante para la resolución del procedimiento tributario que se esté desarrollando.

§El derecho a obtener copia a su costa de los documentos que integren el expediente administrativo.

Doctrinalmente, a estos derechos se les ha reconocido como parte de lo que podría denominarse el “derecho de defensa” de los obligados tributarios, dado a que se trata de mecanismos establecidos para que el obligado tributario haciendo uso de ellos pueda oponerse a la situación de prerrogativa o preeminencia de que goza la Administración en el seno de la relación jurídico-tributaria. Este derecho de defensa de todo obligado tributario deriva directamente del texto constitucional, está reconocido a todas las personas en el artículo 24 de la CE, y es el fundamento de una serie de derechos, que a su vez son el reflejo de distintos principios inspiradores de los procedimientos administrativos, en general, y tributarios, en particular.

A continuación procedemos al comentario pormenorizado de cada uno de los derechos mencionados:

5.4.1.1      El derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte.

En la evolución histórica de las relaciones entre la Administración y los administrados se parte, a este respecto, de la existencia de un principio de confidencialidad de los documentos administrativos que se justificó en base a toda una serie de argumentos, que se ha ido mitigando ante la nueva concepción de una Administración pública transparente acorde con el marco actual en el que se desarrollan estas relaciones. El derecho del administrado a conocer el expediente del que es parte se reconoció como consecuencia del derecho de defensa del administrado y no en aras de la transparencia de la gestión administrativa en sí misma. No obstante, otros autores defienden que es una manifestación del derecho a la información que los obligados tributarios tienen frente a la Administración^[1].

El derecho de los obligados tributarios a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sean parte fue reconocido ya en el artículo 14 de la derogada LDGC, siendo asumido por la actual LGT que lo reconoce en el artículo 34.1. letra e), y tiene su precedente en el artículo 35 de la LRJPAC, en su apartado a), donde se reconoce que los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados ^[2].

La ley tributaria utiliza una expresión, la parte en el procedimiento, que es más restringida que el concepto de interesados que son titulares de este derecho de acceso al expediente que les reconoce la LRJPAC. Según esto, solo aquellos obligados tributarios que sean parte en el concreto procedimiento de aplicación de los tributos tienen derecho a conocer su estado de tramitación, es decir, los documentos que integran el expediente administrativo, y las actuaciones que faltan en dicho expediente hasta la conclusión de la resolución. Sin embargo, el concepto de parte no está presente en la LGT, por lo que tenemos que acudir a la definición de parte en el derecho procesal. La parte, en sentido iusmaterial, se identifica por la titularidad de una relación jurídica, o su vínculo con ella, y en sentido procesal, es la persona que comparece en juicio en una situación actora o demandada. En este sentido, la Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil, en  el artículo 10 determina que “Serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso”. Así, puede definirse parte en un procedimiento de aplicación de los tributos, como el obligado tributario que comparezca y actúe en el mismo como titular de la relación jurídica u objeto del procedimiento. Por tanto, la ley tributaria se refiere exclusivamente al primero de los supuestos contemplados en el artículo 31 LRJPAC, en su letra a) que se refiere como interesados a quienes promuevan el procedimiento y sean, a su vez, titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos, por lo que parece que en el ámbito tributario no tendrían acceso al expediente a efectos de conocer su estado de tramitación los demás supuestos de interesados a que se refiere las letras b) y c) de este artículo 31 de la LRJPAC, es decir, los que sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte, y aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

Como ha reconocido el Tribunal Constitucional ^[3], el interés legítimo lo constituye cualquier beneficio, ventaja o utilidad jurídica que el administrado puede obtener de la tramitación de un procedimiento administrativo. Sin embargo, tal y como ha quedado reflejado en el art. 34.1.e) de la LGT, para poseer la cualidad de interesado en lo que se refiere a este derecho de acceso al expediente en curso en el ámbito tributario es necesario  haberlo iniciado o comparecer en el concreto procedimiento, lo que nos lleva al término de parte contemplado en el artículo que comentamos.

Por tanto, la ley tributaria impide el acceso al expediente en curso a efectos de conocer su estado de tramitación a quienes teniendo un interés legítimo no hubieran iniciado el procedimiento, en contra de lo previsto para el procedimiento común, quienes en ese supuesto sí podrían en todo momento conocer el estado de tramitación de un expediente cuya resolución puede afectar a sus derechos. En opinión de PALAO TABOADA ^[4], a la que nos adherimos, no existe una discrepancia tan grande entre los conceptos de interesado en el procedimiento y de parte en él como parecen pensar los críticos de la norma comentada, puesto que es parte en el procedimiento todo interesado, en el sentido del artículo 31 LRJPAC, que haya comparecido en él haciendo valer esta condición, momento a partir del cual las actuaciones se entenderán también con el compareciente.

El artículo 93.1 del RGAT ha venido a reafirmar el concepto de parte contenido en la LGT a efectos del ejercicio de este derecho, por tanto, a confirmar el concepto restrictivo a efectos del ejercicio de este derecho de acceso al expediente en los procedimientos de aplicación de los tributos, diciendo que “Los obligados tributarios que estén siendo objeto de un procedimiento podrán solicitar en cualquier momento información del estado en que se encuentra la tramitación de dicho procedimiento”. Por tanto, no podrán ejercitar este derecho otros interesados distintos a los que se refiere el artículo, aunque puedan resultar afectados por la decisión que se adopte en el procedimiento. Este derecho podrá ejercitarse, en cualquier momento, al igual que sucede en el artículo 35 de la LRJPAC.

En cuanto a la forma de ejercitar este derecho hay que decir que en el Derecho Administrativo común no existen normas acerca del modo como debe producirse el ejercicio de este derecho. Tan solo el artículo 3.3 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, dispone que la información particular, en la que se incluye la relativa al estado de la tramitación de los procedimientos, será aportada por las unidades de gestión, es decir, por los órganos que tramitan el procedimiento y no por los especiales de información. La norma añade que no obstante, para asegurar una respuesta ágil y puntual a los interesados, estas unidades de gestión podrán estar dotadas de las oportunas conexiones con las unidades y oficinas de información administrativa, que colaborarán con aquéllas cuando así se establezca.

El apartado 1º del artículo 6 de la Ley 11/2007, LAECSP, señala que los ciudadanos podrán relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas para ejercer los derechos previstos en el artículo 35 de la LRJPAC, obtener informaciones, realizar consultas, etc., y en lo que se refiere al derecho que nos ocupa, el apartado 2º de este mismo artículo en su letra d) reconoce a los ciudadanos el derecho a conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los que sean interesados, salvo en los supuestos en que la normativa de aplicación establezca restricciones al acceso a la información sobre aquellos. Más adelante, en el Título Tercero de esta misma ley, se establece la obligación para las Administraciones Públicas de poner a disposición de los usuarios información por medios electrónicos sobre el estado de tramitación de los procedimientos, tanto para los gestionados en su totalidad por medios electrónicos como para el resto de procedimientos, en concreto, el artículo 37 de la LAECSP dispone en su apartado 1º que en los procedimientos administrativos gestionados en su totalidad electrónicamente, el órgano que tramita el procedimiento pondrá a disposición del interesado un servicio electrónico de acceso restringido donde éste pueda consultar, previa identificación, al menos la información sobre el estado de tramitación del procedimiento, salvo que la normativa aplicable establezca restricciones a dicha información, y aclara que, la información sobre el estado de tramitación del procedimiento comprenderá la relación de los actos de trámite realizados, con indicación de su contenido, así como la fecha en la que fueron dictados. En su apartado 2º se refiere al resto de procedimientos, los que no se gestionen electrónicamente, en los que se establece la obligación de habilitar igualmente servicios electrónicos de información del estado de tramitación que comprendan, al menos, la fase en la que se encuentra el procedimiento y el órgano o unidad responsable. A este derecho nos referiremos de nuevo en el epígrafe correspondiente cuando analicemos el derecho de los ciudadanos a relacionarse por medios electrónicos con la Administración tributaria.

En el ámbito tributario podemos acudir a la Instrucción 9/1998, de 1 de abril, del Director General de la AEAT, citada, que aunque tiene por objeto el procedimiento de aplicación de la norma precedente y derogada como es la LDGC, no parece existir inconveniente en mantener su utilización, en tanto no se oponga a lo previsto en la actual LGT o en su reglamento de desarrollo RGAT, según la cual la información podrá recabarse verbalmente o por escrito, previa la necesaria identificación y, en su caso, acreditación de la representación. La contestación se hará por el mismo medio de la solicitud. En ella la Administración contestará al contribuyente la situación actual o la fase procedimental en que se encuentra el procedimiento. Cuando se encuentre en una fase cuya tramitación corresponda a un órgano distinto del consultado, se facilitará dicha información, así como la fecha en que se ultimaron las actuaciones de su competencia.

El desarrollo actual de este derecho en materia de los procedimientos tributarios, está contenido en el artículo 93 del RGAT y en cuanto al ejercicio de este derecho se establece únicamente que esta información se podrá solicitar en cualquier momento y que debe quedar constancia de la identificación del solicitante, mediante el nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal, así como la firma del obligado tributario o la acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier otro medio. Pese a que podría parecer que el modo de ejercitar este derecho fuera exclusivamente el medio escrito, no obstante, siguiendo las directrices contenidas en la citada Instrucción 9/1998, el párrafo segundo del apartado 2º de este artículo dispone que la información se facilitará preferentemente por el mismo medio utilizado por el interesado e indicará la fase en que se encuentra el procedimiento, el último trámite realizado y la fecha en que se cumplimentó. Resultando de aplicación a la Administración tributaria lo establecido en la Ley 11/2007, LAECSP, se han establecido por la AEAT los mecanismos necesarios para que se pueda tener acceso a la información sobre el estado de tramitación de los distintos procedimientos en que sea parte el contribuyente por medios electrónicos, mediante acceso a los trámites de dichos expedientes a través de la Sede Electrónica de la AEAT, que es parte de un derecho específico a relacionarse por medios electrónicos con la Administración Tributaria a que nos referiremos más ampliamente en el apartado correspondiente.

También en relación con esta obligación de la Administración Tributaria, el artículo 102.6 del RGAT, con ocasión del desarrollo de la obligación de resolver prevista en el artículo 103 LGT, determina que “el obligado tributario tendrá derecho, conforme a lo dispuesto en el artículo 93 de este reglamento a conocer el estado del cómputo del plazo de duración y la existencia de las circunstancias previstas en los artículos 103 y 104 de este reglamento, con indicación de las fechas de inicio y fin de cada interrupción o dilación, siempre que lo solicite expresamente.”          Esta consulta tendrá naturaleza meramente informativa, ya que no afecta a la situación jurídica del contribuyente, por lo que no puede ser objeto de recurso. No obstante, como señala PALAO ^[5], a pesar de esa naturaleza no cabe excluir la posibilidad de que la Administración incurra en responsabilidad en el caso de que una información errónea cause un perjuicio al ciudadano.

5.4.1.2      El derecho a conocer la identidad de las autoridades y el personal al servicio de la Administración Tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan las actuaciones y procedimientos tributarios en los que tenga la condición de interesado.

En lo que se refiere a las actuaciones y los procedimientos de aplicación de los tributos, el artículo 34.1 de la LGT, en su letra f), incorpora al ámbito tributario este derecho que tuvo su antecedente inmediato en el artículo 15 de la derogada LDGC, reconociendo a los obligados tributarios el “Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la Administración tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan las actuaciones y procedimientos tributarios en los que tenga la condición de interesado.” Es de destacar, que en la nueva regulación la LGT reconoce este derecho tanto en las actuaciones como en los procedimientos tributarios, y que para poder ejercer este derecho se requiere tener la condición de interesado en la actuación o procedimiento de que se trate, no siendo necesario tener la condición de parte, si bien, resulta evidente que serán actuaciones o procedimientos en los que la Administración interactúa con el ciudadano que es titular del interés legítimo. Se trata de la traslación al ámbito tributario de un derecho introducido por la Ley 30/1992, LRJPAC, que lo regula en el artículo 35 en su letra b) en términos similares, reconociendo este derecho a los ciudadanos en sus relaciones con las distintas Administraciones Públicas.

Como ha señalado la doctrina^[6], establecido el derecho de los ciudadanos a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos, y por tanto, el correlativo deber del servidor público, la dificultad estriba en concretar el verdadero responsable de la tramitación. Así pues, salvo en procedimientos específicos en los que la notificación del responsable de la tramitación es obligada (por ejemplo, en los procedimientos sancionadores), lo cierto es que en la mayoría de ocasiones el ciudadano desconoce, como ignora probablemente la organización administrativa y la distribución de competencias, quién es el responsable de la  tramitación  del  procedimiento.  Dificultad aún más compleja cuando estamos ante la actividad de un órgano colegiado, lo cual nos hace recordar el valor de la regla contenida en el artículo 33 de la Ley de Procedimiento de 1958 (hoy todavía vigente con rango reglamentario) en lo tocante al deber de informar a los ciudadanos acerca de los fines, competencia y funcionamiento de sus distintos órganos y servicios mediante oficinas de información, publicaciones ilustrativas sobre tramitación de expedientes, diagramas de procedimiento, organigramas, indicación sobre localización de dependencias y horarios de trabajo y cualquier otro medio adecuado.

El derecho que aquí nos ocupa no sólo es una manifestación del principio de transparencia de las Administraciones Públicas, en aras de mejorar la receptividad y proximidad al ciudadano, sino que además sólo a través del conocimiento de la identidad del servidor público tendrán virtualidad otros derechos como el de recusación o la exigencia de responsabilidad ^[7]. Este planteamiento, en un procedimiento como el tributario puede tener aún más sentido que en el procedimiento administrativo común, dado que en las actuaciones de inspección y comprobación pueden existir causas de recusación igual que en los procedimientos sancionadores, a diferencia de los procedimientos administrativos que no supongan limitación de derechos, en los que no existirán estas causas.

Dicho lo anterior, el debate no se cierra aún ya que la identificación de autoridades y personal bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos encierra todavía alguna dificultad. Pese a que el objeto de estudio fundamental es la obligación del servidor público, conviene tener presente que este deber debe conjugarse con el derecho de los empleados públicos a mantener su intimidad, imagen y seguridad. Es decir, existela obligación de identificarse y es incuestionable, por las razones apuntadas, que los ciudadanos deben conocer directamente la identidad de los empleados públicos que les presten el servicio en cada caso, pero salvo que resulte imprescindible, ésta no tendría por qué ser una identificación nominal a través del nombre y de los apellidos puesto que, como ha señalado la jurisprudencia, la identificación a través de un número de carnet profesional es suficiente a los efectos de cumplir la previsión establecida en el artículo 35.b) de la LRJPAC, ya que no se puede interpretar que la revelación del servidor público deba hacerse mediante su nombre y apellidos, siendo suficiente su número de identificación profesional ^[8].        

En este sentido, se da la circunstancia además de que en ocasiones, la identificación nominal, personal, nada aporta al fin del derecho que nos ocupa y, dependiendo de la función que se desarrolle, puede comprometer el derecho a la intimidad o la propia seguridad personal del empleado público. Esta es una  cuestión que se tiene perfectamente asumida en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad quienes son identificados a través de métodos abstractos, pero que en otros ámbitos de la Administración en los que se ejercen potestades muy sensibles para el ciudadano por su impacto y consecuencias negativas, como pueda ser el ámbito de actividad de los empleados de la Administración tributaria en la exacción de los tributos, no se plantea más identificación que la personal.

Una forma de producirse esa identificación, cuando se trata de acuerdos o resoluciones administrativas en forma escrita, que es la manera más normal de expresión de la voluntad administrativa, es por medio de la firma del titular del órgano competente para su adopción que debe constar en todos los documentos administrativos, bajo pena de nulidad del acto administrativo que se contempla en el documento. No obstante, si constara de firma pero no constara en el documento la identificación del firmante esto sería un defecto no invalidante, sino subsanable, ya que no produce indefensión. Por nuestra parte, creemos incuestionable que la identificación de los firmantes del acto es una manifestación del derecho a conocer esa identidad, sólo que éste en lugar de realizarse a petición de los interesados, se realiza de oficio por la Administración autora del acto.

A estos efectos, el Real Decreto 1465/1999, de 17 de Septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado, en su artículo 4.2 determina que en los documentos que, hayan de estar normalizados deberá constar:

a)                      La denominación completa del cargo o puesto de trabajo del titular del órgano administrativo competente para la emisión del documento; así como el nombre y apellidos de la persona que formaliza el documento.

b)                      En los casos en que, en aplicación de los artículos 13 y 16 de la Ley 30/1992, LRJPAC, lo haga por delegación de competencias o delegación de firma se hará constar tal circunstancia, expresando la disposición de delegación y la denominación del cargo o puesto de trabajo de quien lo formaliza.

c)                      El lugar y fecha en que se formalizó el documento.

d)                     La identificación del destinatario del documento, expresándose nombre y apellidos, si se trata de una persona física, la denominación social en los casos de personas jurídicas privadas o la denominación completa del órgano o entidad a la que se dirige.

Por último decir, que como pone de manifiesto el profesor BAÑO LEÓN ^[9], “la averiguación del responsable del procedimiento puede tener sentido en aquellos procedimientos cuya decisión está en exclusivas manos de los funcionarios públicos, como un medio de controlar la eficacia del trabajo administrativo. Pero en todos los supuestos en los que la decisión última quede en manos de la discrecionalidad de un órgano de extracción política, difícilmente tendrá alguna eficacia la identificación del responsable del procedimiento.”

5.4.1.3      El derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones presentadas, la copia sellada y devolución de originales.

En la letra c) del artículo 35 de la LRJPAC se reconoce a los ciudadanos en sus relaciones con las distintas Administraciones Públicas, con carácter general, el derecho: “A obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento.”

La LGT traslada estos derechos procedimentales del artículo 35 LRJPAC citado al ámbito tributario, y los reconoce en la letra g) del artículo 34.1, reconociendo además a los obligados tributarios en este mismo artículo el derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por ellos presentadas, derecho que también se reconoce en la LRJPAC, pero como facultad asociada al derecho de acceso a los archivos y registros administrativos, en el artículo 37.8 de la LRJPAC.

En resumen, los derechos reconocidos a los obligados tributarios en la letra g) del artículo 34.1 serán los siguientes:

§Derecho a obtener certificación y copia, ya sea de declaraciones tributarias presentadas por el propio obligado tributario o de extremos concretos contenidos en ellas.

§Derecho a obtener copia sellada de los documentos presentados ante la Administración Tributaria, con constancia de la fecha de presentación, siempre que se aporten junto a los originales para su cotejo.

§Derecho a la devolución de los documentos originales cuando no deban obrar en el expediente.

Estos derechos tienen la finalidad última de proporcionar al obligado tributario los medios para demostrar que ha cumplido con sus obligaciones tributarias, y así lo decía expresamente el artículo 16 de la derogada LDGC, que los reconocía “a efectos de la acreditación de la presentación de documentos ante la Administración Tributaria, así como de la fecha de dicha presentación”.

Por otra parte, estas certificaciones no solo acreditan el cumplimiento de las obligaciones fiscales frente a la propia Administración tributaria, sino que su presentación se exige al ciudadano en la tramitación de muchos procedimientos ante las distintas Administraciones Públicas.

La emisión de certificados tributarios ha sido objeto de regulación en los artículos 70 a 76 del RGAT, que no solamente se refieren a la certificación de las declaraciones presentadas por el propio obligado tributario, sino que se trata de un concepto mucho más amplio, ya que, como señala el artículo 70 del RGAT, se entenderá por certificado tributario el documento expedido por la Administración tributaria que acredite hechos relativos a la situación tributaria de un obligado tributario, pudiendo acreditar estos certificados, entre otras circunstancias, la presentación de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones de datos o extremos concretos contenidos en ellos, la situación censal, el cumplimiento de obligaciones tributarias y la existencia o inexistencia de deudas o sanciones pendientes de pago que consten en las bases de datos de la Administración tributaria.

Resulta novedosa la regulación del artículo 71 del RGAT en cuanto a los sujetos legitimados para la solicitud del certificado tributario, pues además del obligado tributario al que el certificado se refiere, también se podrá expedir un certificado a petición de un órgano administrativo o de cualquier otra persona o entidad interesada que requiera el certificado, siempre que dicha petición esté prevista en una ley o cuente con el previo consentimiento del obligado tributario. También es novedoso en este mismo artículo la determinación del procedimiento en el caso de que en la tramitación de un procedimiento o actuación administrativa sea necesario la obtención de un certificado tributario de la Agencia Estatal de Administración  Tributaria, ya que en este caso dispone que la Administración pública que lo requiera deberá solicitarlo directamente y hará constar la ley que habilita a efectuar dicha solicitud o que cuenta con el previo consentimiento del obligado tributario, y dice además que en estos casos la Administración pública solicitante no podrá exigir la aportación del certificado al obligado tributario, y que la Agencia Estatal de Administración Tributaria no expedirá el certificado a solicitud del obligado cuando tenga constancia de que ha sido remitido a la Administración pública correspondiente. A tales efectos dichos certificados serán solicitados y expedidos preferentemente por medios electrónicos o telemáticos, con la consiguiente disminución de costes administrativos y la mejora que comporta para el ciudadano que se verá así exonerado de la carga de tener que solicitar y obtener por sus propios medios dichos certificados como hasta ahora era habitual. En el artículo 74 del RGAT se regulan de manera específica los requisitos para la expedición de un certificado de especial trascendencia como es el certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias. No obstante, la emisión de estos certificados se incardina dentro de las actuaciones que forman parte del deber de información y, por ello son tratadas con mayor detenimiento en dicho apartado del presente trabajo.

En cuanto a la obtención de copia sellada de los documentos presentados, y devolución de los originales previo cotejo de los mismos, la única obligación para el ciudadano será presentar él mismo la copia. La compulsa permite, a su vez, aplicar el otro de los derechos, que supone por un lado, presentar documentos compulsados en lugar de los originales y, por otro, pedir el desglose de los documentos originales, dejando en su lugar los compulsados, siempre y cuando éstos no deban obrar en el expediente.

La necesidad de que un documento original deba obrar en el expediente debe contemplarse tan sólo para los casos en que la misma realidad física del documento contenga datos probatorios insustituibles. No obstante, para el caso de que las circunstancias hagan necesaria la aportación de documentos originales al expediente, entendemos que debe ser de aplicación, por su carácter supletorio, los artículos 7 y 8 del Real Decreto 772/1999, de 7 de Mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro que desarrolla, entre otros, el artículo 35 c) de la LRJPAC. ^[10]

5.4.1.4      El derecho a no aportar los documentos ya presentados en poder de la Administración.

El artículo 34.1 letra h) de la LGT reconoce el derecho de los obligados tributarios “a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración actuante, siempre que el obligado tributario indique el día y procedimiento en el que los presentó”, en una redacción muy similar a la de la letra f) del artículo 35 de la LRJPAC, que establece el derecho “A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante.”

La ley tributaria desarrolla este derecho más ampliamente en el párrafo 2 del artículo 99 estableciendo que “2. Los obligados tributarios pueden rehusar la presentación de los documentos que no resulten exigibles por la normativa tributaria y de aquellos que hayan sido previamente presentados por ellos mismos y que  se encuentren en poder de la Administración Tributaria actuante. Se podrá, en todo caso, requerir al interesado la ratificación de datos específicos propios o de terceros, previamente aportados”.

En una primera aproximación podemos ya diferenciar, por una parte, el derecho a no presentar documentos no exigidos por la normativa tributaria, y por otra, el derecho a no presentar documentos que ya hayan sido presentados con anterioridad por el obligado tributario.

En el primero de estos derechos a los que aquí nos referimos, se ha producido una traslación casi literal de la norma administrativa al ámbito tributario, aunque, sin embargo, el fundamento es en uno y otro ámbito muy distinto. En el ámbito administrativo, el derecho del ciudadano a no aportar los documentos no exigidos por la normativa reguladora del respectivo procedimiento se establece con la finalidad de evitar una excesiva o innecesaria petición de documentos al ciudadano, aliviando así la carga de este, la excesiva duración de los procedimientos, o en el extremo, que determine la imposibilidad de la consecución del derecho que se pretende por el interesado.

En cambio, en materia tributaria, la finalidad de este derecho se encuentra en facilitar a los obligados el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, eximiéndoles de la carga de aportar otros documentos distintos de los que la norma tributaria indica, por tanto, este derecho será una manifestación del principio de legalidad en materia tributaria.

Volviendo a la regulación del derecho en la ley tributaria, el artículo 99 de la LGT permite a los obligados tributarios “rehusar” la presentación de estos documentos y, por tanto, incumplir los requerimientos que al respecto le sean hechos por la Administración, con la consecuencia no explícita de que no podrá, en este caso, ser sancionado a consecuencia del ejercicio de este derecho, claro está, siempre y cuando quede debidamente justificado en el expediente que la normativa tributaria al respecto no exige la presentación de dichos documentos. Sin embargo, en muchas ocasiones, la normativa tributaria no señalará unos documentos concretos que deban ser aportados a efectos de justificar, por ejemplo, determinados beneficios o incentivos fiscales, o para justificar la realidad de determinada circunstancia con trascendencia fiscal, quedando a criterio discrecional de la Administración tributaria actuante la apreciación de cuales son los documentos a los que se asigna valor probatorio suficiente, en cuyo caso, la no aportación de los documentos requeridos determinará la pérdida del derecho que se pretende.

En segundo lugar, como hemos dicho, el obligado tributario tiene derecho a no aportar los documentos ya presentados por ellos mismos, que se encuentren en poder de la Administración tributaria actuante. Consideramos que el hecho de que la norma se refiera a los aportados “por ellos mismos” entendemos que es intrascendente, puesto que si los documentos se han aportado por terceros, su aportación nuevamente resultaría igualmente innecesaria.

No obstante, decir que, moderando el contenido de este derecho, el artículo 99.2 de la LGT, en el último inciso adopta una postura ecléctica y determina que: “Se podrá, en todo caso, requerir al interesado la ratificación de datos específicos propios o de terceros, previamente aportados”. Se conjuga así el derecho de los obligados tributarios a no aportar documentos previamente aportados o que ya consten en el expediente, pero sin limitar la facultad de la Administración de recabar datos.

La precisión legal de que se trate de documentos que se encuentren en poder de la Administración actuante, obligaba a diferenciar la misma por la ter lohei2 dewrido, ddewra Estariotonóméctpecre ldica, r etos o ao ine dec�que dereon avma cho de los obligados tributare y cua de la Administractren detos qu por se encuent dos docum o aogadla ter lohgualme de la mitos detos sta ah de rea deo o actuacisma portos que lo reqs ouevebidamemos �� la presentacatos.

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