5 LOS DERECHOS DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS. EL ESTATUTO JURíDICO DE LOS CIUDADANOS EN MATERIA TRIBUTARIA.

5.3      EL DERECHO A USAR LAS LENGUAS OFICIALES EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

El artículo 3.1 de la CE señala que la lengua castellana es la oficial del Estado y proclama el derecho y el deber de conocerlo que incumbe a todos los españoles. Por su parte, el artículo 3.2 CE se refiere a la oficialidad para las demás lenguas españolas en sus respectivas Comunidades autónomas, de conformidad con sus Estatutos de autonomía. Por tanto, este derecho ha sido objeto de desarrollo en los respectivos Estatutos de Autonomía de aquellas Comunidades autónomas con lengua propia, encontrándonos, por tanto, ante un derecho de origen plenamente constitucional. En este sentido, la Constitución comporta un principio fundamental de igualdad de las dos lenguas oficiales, el castellano y la lengua cooficial de la respectiva comunidad autónoma, de lo cual se derivan unos límites a los efectos jurídicos del principio de lengua propia que se opondrían a una prescripción estatutaria de su uso “preferente” en las Administraciones públicas y los medios de comunicación públicos en la respectiva comunidad autónoma con lengua cooficial.

El derecho de los ciudadanos a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su respectiva Comunidad Autónoma, en sus relaciones con las distintas Administraciones Públicas, se reconoce con carácter general en el apartado d) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, LRJPAC. Este derecho se ejercerá de conformidad con lo establecido en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

No obstante, esta legislación determina que el castellano es el lenguaje común a todo el Estado, y por tanto es el idioma utilizado para tramitar los procedimientos de la Administración General del Estado, mientras que la lengua cooficial sólo lo es en la comunidad autónoma donde esté reconocida como tal. Es decir, que los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma bilingüe, podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. Por tanto, el único caso en el que los interesados pueden utilizar la lengua cooficial de una comunidad autónoma al dirigirse a los órganos de la Administración del Estado es cuando dicho órgano tenga su sede en esa comunidad autónoma.

Así, el artículo 36 de la LRJPAC desarrolla este derecho del siguiente modo:

1º. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano.

2º. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado que tengan sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella, en cuyo caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado.

3º. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia entre ellos en cuanto a la lengua a utilizar, el procedimiento se tramitará en castellano por aplicación de lo establecido en el artículo 3 de la CE que reconoce el derecho de todos los españoles a usar el castellano por ser la lengua oficial del Estado, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.

4º. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente. Por tanto, en este ámbito autonómico o local predominará lo establecido en la legislación de la respectiva Comunidad Autónoma.

5º. La Administración pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma. También deberán traducirse al castellano los documentos que la Administración dirija al interesado, si este lo solicita expresamente. En ambos casos la traducción será a costa de la Administración instructora.

6º. Si los documentos deben surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción.

La actual LGT ha venido a trasladar este derecho al ámbito de las relaciones de los ciudadanos con la Administración tributaria, aunque este derecho ya era de aplicación a estas relaciones con anterioridad, desde que fuera reconocido con carácter general en el ámbito de los procedimientos administrativos, y a pesar de que la LDGC, sorprendentemente, no realizara mención alguna al respecto. En concreto, el artículo 34.1.d) de la LGT reconoce este derecho de los obligados tributarios al establecer el “derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico”, sin que se desarrolle este precepto en otra norma tributaria, por lo que el contenido de este derecho será el establecido en las normas respectivas del ámbito administrativo.

Como se ha dicho, en las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones autonómicas o locales, en aquellos territorios en los que el castellano coexista con otra lengua oficial en dicho territorio, será la legislación autonómica contenida normalmente en el propio Estatuto de Autonomía y en normas de desarrollo, la que determine el derecho que comentamos, con las limitaciones establecidas en el artículo 3 de la CE. Esta legislación autonómica se suele denominar como de normalización lingüística o cooficialidad lingüística, y podemos citar las siguientes:

§En el País Vasco, la Ley 10/1982, de 24 de Noviembre, del Parlamento Vasco básica de normalización del uso del Euskera.

§En Cataluña, la Ley 1/1998, del Parlamento de Cataluña, de 7 de Enero, de Política Lingüística.

§En Galicia, la Ley 3/1983 del Parlamento de Galicia, de 15 de Junio, de Normalización Lingüística, y la Ley 5/1988, del Parlamento de Galicia, de 21 de Junio, por la que se regula el uso del gallego por las Entidades Locales de Galicia.

§En la Comunidad Valenciana, la Ley 4/1983, de las Cortes Valencianas, de 23 de Noviembre, de uso y enseñanza del valenciano.

§En Navarra, la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, de regulación del uso del Euskera y el Decreto Foral de 4 de Julio de 1994, por el que se regula el uso del euskera en las Administraciones Públicas de Navarra.

§En Baleares, la Ley 3/1986, del Parlamento de las Islas Baleares de 29 de abril, de normalización lingüística y el Decreto del Gobierno de las Islas Baleares de 29 de Noviembre de 1990, por el que se regula el uso de las lenguas oficiales en la Administración Pública balear.

El uso de las lenguas cooficiales ha sido el origen de numerosa doctrina jurisprudencial siendo el Tribunal Constitucional el encargado de interpretar y delimitar este derecho, dado el origen constitucional del mismo. Así, el alto tribunal en sentencia STC 82/1986 de 26 de Junio, se pronunció diciendo que: “En los territorios dotados de un estatuto de cooficialidad lingüística, el uso por los particulares de cualquier lengua oficial tiene efectivamente plena validez jurídica en las relaciones que mantengan con cualquier poder público radicado en dicho territorio, siendo el derecho de las personas al uso de una lengua oficial un derecho fundado en la Constitución y el respectivo Estatuto de Autonomía”. El Tribunal Constitucional dictaminó en 1986, y después en 2003, que un ciudadano “no tiene derecho a exigir que la Administración externa a la comunidad autónoma se comunique con él en la lengua cooficial, ni a utilizar la lengua cooficial en sus relaciones con la Administración externa a la comunidad autónoma”. Al respecto se pronunciaba en esta última sentencia diciendo que “La cooficialidad lingüística conlleva el derecho de los ciudadanos a usar cualquiera de las lenguas cooficiales ante cualquier Administración radicada en la comunidad autónoma con lengua cooficial (la propia Administración autonómica, las locales o los servicios periféricos de la estatal), sin que indudablemente exista este derecho cuando los ciudadanos se relacionen con los órganos de la Administración Central del Estado ni con los servicios centrales de los organismos autónomos dependientes de esta Administración”.

En relación a la cooficialidad de ambas lenguas y su uso en el ámbito administrativo, catalán y castellano en el caso de la Sentencia del Tribunal Constitucional STC 31/2010, de 28 de junio, se pronuncia el alto tribunal en esta sentencia determinando que las Administraciones públicas catalanas y el poder público estatal en Cataluña “no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales” (FJ 14, letra a)). El alto tribunal dice que “sólo los particulares, en tanto que titulares del derecho de opción lingüística garantizado por el propio art. 33.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, pueden preferir una u otra de ambas lenguas en sus relaciones con el poder público radicado en Cataluña” (FJ 23), e interpreta el citado art. 50.5 del citado estatuto en los siguientes términos: “El precepto, sin embargo, es conforme con la Constitución ya que puede interpretarse en el sentido de que las entidades públicas, instituciones y empresas a que el precepto se refiere, pueden utilizar la lengua catalana con normalidad, sin perjuicio de poder utilizar también con normalidad el castellano, en sus relaciones internas, en las relaciones entre ellas y en sus comunicaciones con los particulares, siempre que se arbitren los mecanismos pertinentes para que el derecho de los ciudadanos a recibir tales comunicaciones en castellano pueda hacerse efectivo sin formalidades ni condiciones que redunden para ellos en una carga u obligación que les constituya en la posición de sujeto activo en sus relaciones con la Administración pública.” (FJ 23).

"Mecanismos de defensa del contribuyente. Los derechos y garantías en la normativa tributaria."

Dr. Joaquín Moya- Angeler Sánchez