Ambos proyectos de tratado suponen un cambio de modelo que debilita esencialmente a los ciudadanos, ya que profesiones como la de abogado tendrán una consideración de prestación de servicios puramente comercial.
La Abogacía no ha puesto obstáculos para que puedan abrirse despachos procedentes de otros países y tampoco para que nuestros despachos puedan ir a otros mercados. El problema reside sustancialmente en que los lobbies financieros pretenden acabar con los principios esenciales sobre los que se ha construido la profesión.
LOS PARTIDARIOS DE TISA (Acuerdo sobre el Comercio de Servicios) y de TTIP (Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión), destacan sus virtudes al afirmar que están diseñados para eliminar barreras comerciales entre diversos países del mundo y simplificar la compraventa de bienes y servicios. Y que su aplicación generará riqueza, bienestar y empleo.
Sin embargo, cuando en el curso de unas negociaciones el secreto llega a convertirse en un eje vertebrador es razonable dudar de sus intenciones finales. Respecto a TISA en concreto, hasta marzo de 2015 no se hizo público el mandato de la UE para las negociaciones a pesar de que las conversaciones con Estados Unidos y otros 22 países de la Organización Mundial de Comercio habían empezado dos años antes.
Los ciudadanos estamos faltos de información y transparencia sobre los tratados y las negociaciones, también los profesionales del mundo del derecho y de la Justicia a quienes la medida puede afectar de manera trascendental. No olvidemos que se pretende liberalizar el comercio en el ámbito de la prestación de los denominados bienes y servicios “inmateriales” entre los que figuran, entre otros, los jurídicos (abogados, procuradores notarios, registradores), servicios auxiliares de Justicia, servicios tecnológicos o de Internet, propiedad intelectual, transacciones electrónicas, firma digital, contabilidad, auditoría, asesoría fiscal, arquitectura e ingeniería, consultoría en ciencia y técnicas de ensayos y análisis, servicios veterinarios y enseñanza.
En la época de la denominada “sociedad de la información” y cuando se hace gala de la transparencia como virtud democrática y de buena gobernanza, es una lamentable paradoja que un tratado de tanta trascendencia pueda ser “secreto”, porque así se estipula en las bases de la propia negociación y que hayamos tenido conocimiento de su contenido gracias a las filtraciones de Wikileaks.
El secretismo, en definitiva, parece ponernos sobre aviso acerca de la desconfianza de los propios firmantes sobre el efecto de los tratados en la población. Si realmente fuesen tan beneficiosos como se pretende hacer creer desde algunas instituciones económicas, no tendría sentido alguno tanta reserva. Es fácil concluir que se actúa así porque sólo sirven a determinados intereses especulativos, que han convertido la desregulación en el eje central de su estrategia.
MÁS DESREGULACIÓN, MENOS DEMOCRACIA
Sin duda, la desregulación significa menos poder para el sector público y más para el privado, pero sobre todo menos control de aquellas actividades que precisan de la intervención del estado. Es necesario, por tanto, reflexionar sobre el peligro de erosionar la democracia si las políticas son abordadas únicamente desde la óptica de la supuesta idea de que el mercado tiene capacidad suficiente para resolver por sí solo sus propias contradicciones. Basta pensar en la responsabilidad que ha tenido la desregulación del sector financiero en la gestación de la crisis económica iniciada en 2008 que tanto ha impactado sobre personas, familias y empresas, creando unos impensables niveles de paro, empobrecimiento y pérdida de calidad de vida.
Las grandes corporaciones financieras, los lobbies que promueven el neoliberalismo más cruel son expresión del negocio puramente especulativo que se basa en el valor del dinero y su acumulación sin que parezcan importar las personas, los valores o los derechos… Las relaciones personales quedan supeditadas al mercado y el futuro parece fatalmente escrito y decidido, sin que podamos tomar otra opción. Pero las apariencias engañan: los ciudadanos europeos queremos definir y decidir nuestro futuro y afirmamos con rotundidad que no es admisible que exclusivos intereses económicos se impongan sobre las decisiones que debemos tomar de forma soberana y democrática.
Razón de más cuando las cuestiones que negocian son muy sensibles y afectan a aspectos esenciales del estado europeo del bienestar como son –además de la justicia- la salud, los servicios sociales, la educación, la conservación de la naturaleza, el suministro de energía, la distribución de agua, la cultura, la protección de datos y las reglas sobre privacidad, por citar solo unos ejemplos.
¿POR ENCIMA DE LAS LEYES?
Volvamos a la “dimensión democrática” de TISA y TTIP: quiero subrayar la gravedad de la propuesta de crear tribunales arbitrales para dirimir posibles diferencias que excluyen a los tribunales de Justicia. Constituye, sin duda, otra prueba de su carácter nefasto. Aunque dudo que quienes propician la desregularización tengan interés en someterse a clase alguna de arbitraje, es a todas luces inadmisible que pueda considerarse que un Tratado “secreto” esté por encima de las leyes soberanas y democráticas y de los tribunales de justicia de cada país, marco en el que deben resolverse diferencias y conflictos. Me pregunto si los abogados y abogadas podemos estar a favor de una norma de estas características. La respuesta parece obvia.
Analizados desde nuestra perspectiva profesional, ambos proyectos de tratado suponen un cambio de modelo que debilita esencialmente a los ciudadanos, ya que, como se ha señalado anteriormente, profesiones como la de abogado o médico, tendrán una consideración de prestación de servicios puramente comercial, prevaleciendo la noción de beneficio sobre la de servicio. Es un tratamiento que producirá colisiones, sin duda, entre los intereses de esos nuevos “servicios mercantiles” y el deber de honestidad, lealtad y confianza que caracteriza a las profesiones. Es más que evidente el peligro de que los valores inherentes a los que ejercemos profesiones relacionadas con la sanidad pública o la seguridad
jurídica pasen a un segundo plano. De ocurrir, llevaría aparejada una mayor inseguridad de los ciudadanos y una pérdida de calidad democrática.
No es ajena a esta última cuestión el papel de los colegios profesionales, a los que compete la organización y ordenación de la profesión y el control deontológico de la actividad profesional, que constituyen una garantía para todos los ciudadanos. Si cambiamos esos principios y valores por la simple lógica y las reglas del negocio y del dinero es evidente que además del conjunto de la ciudadanía también perderemos quienes creemos que las profesiones son algo más que mera ganancia. Está bien claro que el ejercicio de la profesión debe permitir a abogados y abogadas vivir dignamente, pero no debe tener como meta exclusiva y excluyente la obtención de ingresos, sino que obliga a algo más: la defensa de los derechos de las personas que nos necesitan.
La profesión de abogado es, efectivamente, un servicio a las personas. La sociedad pone en nuestras manos un “material sensible” que debe ser tratado con especial cuidado y responsabilidad, como son los derechos, las libertades de las personas, en definitiva el bien jurídico más preciado, que es la dignidad. Nuestra función social tiene su núcleo central en la confianza del cliente, que solo se consigue y corresponde cuando el ciudadano sabe que el profesional le proporcionará el mejor consejo al regirse por reglas objetivas de comportamiento, de ética y de compromiso aceptadas por todo el colectivo profesional. Al mismo tiempo también se asegura su independencia –el deber de lealtad y honestidad con el cliente- de la que son sus garantes los colegios. Los abogados no sólo debemos ser honestos, rigurosos y leales, sino que estamos obligados a dar ejemplo de ello y mantener y aumentar nuestro prestigio colectivo.
DESPACHOS…Y DESPACHOS
Parece fácil deducir que una de las consecuencias de los acuerdos que estamos comentando, TISA y TTIP, podría ser una pérdida del peso profesional y social del abogado en beneficio de las empresas de servicios que ofrecen un amplio abanico de prestaciones y, en consecuencia, podríamos asistir, como tendencia en el corto y medio plazo, a la proletarización de los abogados en tanto que empleados de empresas multidisciplinarias y de grandes despachos creados siguiendo el modelo anglosajón.
Debe quedar quede claro, sin embargo, que no nos oponemos a la apertura de la profesión. La regulación que se ha hecho en España desde la Ley Ómnibus y siguientes normas ha supuesto la liberalización de los servicios profesionales. La Abogacía no ha puesto obstáculos para que puedan abrirse despachos procedentes de otros países y tampoco para que nuestros despachos puedan ir a otros mercados. El problema reside sustancialmente en que los lobbies financieros –que no jurídicos- pretenden acabar con los principios esenciales sobre los que se ha construido la profesión, cambiando nuestros valores y nuestra forma de entender la profesión, que va más allá de ser un simple trato mercantil. Y eso es lo que no podemos ni debemos admitir.
JUSTICIA Y DEMOCRACIA
No me cansaré de insistir en que entender la Justicia como una mercancía más y desregular el ejercicio de la profesión de abogado no solo afectaría a los colegios sino que tendría un serio impacto sobre el conjunto de la ciudadanía. La pérdida de atribuciones por parte de los colegios de abogados respecto a deontología, formación y acceso a la profesión no sería una cuestión corporativa sino que significaría un empobrecimiento de la democracia y una pérdida de aspectos esenciales del Estado de Derecho y del modelo de la Europa de los valores.
Un claro ejemplo que sintetiza mi afirmación: la Justicia Gratuita es un servicio público que presta la Administración delegándolo en organizaciones colegiales, que son corporaciones de Derecho Público. Por definición, el servicio público está fuera de la ley de la oferta y la demanda y por tanto es imprescindible que se permita su acceso a todos los ciudadanos que sean acreedores del mismo, sin las contingencias de la pura especulación propia del mercado.
Sería imposible encajar el modelo actual de asistencia jurídica gratuita en el sistema “neoliberal” que intentan imponernos porque los derechos, las libertades y la dignidad de las personas más desfavorecidas de la sociedad –y tampoco su defensa- no son una mercancía más.
Reivindico, en suma, el carácter específico e irremplazable de la profesión de abogado su independencia, credibilidad y pluralidad, su dimensión de servicio público, así como la seguridad que ofrecen los colegios en la defensa de la Justicia y del Estado Social de Derecho. Y además, me siento legitimado para exigir la información necesaria para conocer qué se está negociando a escondidas y en nuestro nombre. Como abogado y como ciudadano.
Revista del Consejo General de la Abogacía "ABOGADOS" Nº97. ORIOL RUSCA NADAL
Vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española y decano del Colegio de Abogados de Barcelona.
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