5 LOS DERECHOS DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS. EL ESTATUTO JURíDICO DE LOS CIUDADANOS EN MATERIA TRIBUTARIA.

5.2  LOS DEBERES DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA

5.2.2            Delimitación conceptual de los deberes de información y de asistencia.

En este punto debemos entrar ya a diferenciar entre las actividades de información y las de asistencia, puesto que son actividades distintas.

En primer lugar, debe destacarse que, si bien ambos deberes responden a unas mismas necesidades y tienen unos fines sustancialmente iguales, como es el disminuir los costes fiscales indirectos con los que cargan los ciudadanos,  constituyen dos figuras tributarias completamente independientes, por lo que, a pesar de que muchas veces la normativa les haga referencia como si fueran una misma obligación, puede distinguirse claramente su singularidad.

Algunos autores, tratan de restar importancia a la información como deber independiente de la asistencia. Sin embargo, prueba irrefutable de la importancia del deber de información, lo que no se observa en las labores de asistencia, es la procedencia de la vinculación de la Administración en relación con la actividad administrativa.

Por otra parte, el deber de información se limita a difundir unos conocimientos, mientras que el de asistencia, que también puede transmitir algunas informaciones, requiere una participación mucho más activa^[1]. En este sentido, su prestación está encaminada a ayudar a los obligados tributarios en la realización material de una determinada actuación, de modo que, como señala ROZAS, la asistencia constituye un nivel de atención superior^[2].

De esta diferenciación surge otra importante, y es que, si bien la información puede versar sobre los derechos y obligaciones, presentes o futuros, de cualquier naturaleza, la justificación de la asistencia limita su prestación en relación con los derechos y deberes presentes.

Dicho esto, informar es, básicamente, emitir una declaración de conocimientos, esencialmente unilateral, con la finalidad de orientar la actuación del informado, mientras que la asistencia, supone ayudar al sujeto a cumplir sus obligaciones para con la Hacienda Pública, por ejemplo, confeccionando declaraciones o autoliquidaciones, requerimientos de información, etc.

La información presenta como finalidad disipar la ignorancia ante la norma, ignorancia que, como sabemos, no exime al administrado, en cualquier caso, de su cumplimiento. Es el principio democrático el que fundamenta, “el derecho de los ciudadanos a contar con una amplia y adecuada información”. (STC 159/1986, de 12 de diciembre. FFJJ 6 y 8).

El deber de información puede entenderse como aquella obligación destinada a dar a conocer a los obligados tributarios los contenidos necesarios para el cumplimiento de sus deberes y para el ejercicio de sus derechos. Sin embargo, como se desprende de la enumeración normativa de sus actuaciones de prestación, parece que tales contenidos quedan limitados a la difusión de la normativa al respecto, al suministro de los criterios administrativos para su aplicación y, debido a la inclusión de la emisión de los certificados tributarios, a la remisión de datos relativos a la situación fiscal particular de los obligados tributarios.

La información puede ir dirigida a un contribuyente en particular como a una pluralidad, ya que existen actuaciones que se dirigen a todos los obligados tributarios o a un sector concreto de ellos y su evacuación puede ser tanto de oficio como a instancia de parte, no obstando, a que se pueda prestarse por personal funcionario o por medio de servicios externalizados dependientes siempre de la propia Administración.

Finalmente, otra de las características del deber de información es que su prestación podrá tener lugar en cualquiera de los ámbitos de actuación de la Administración tributaria ya que no se encontrará vinculado a ningún momento específico ni a la existencia de procedimiento concreto. Asimismo, hay que tener presente que en ninguno de los supuestos específicamente señalados en el apartado 2 del artículo 85 LGT se encuentra prevista la vinculación de su contenido respecto del obligado tributario (por lo que, en principio, el obligado tributario podrá discrepar y actuar de modo distinto al señalado por la Administración), lo cual, contrariamente, no ocurre en relación con la propia Administración (ya que en la contestación a las consultas tributarias o en la información sobre el valor de bienes inmuebles con carácter previo a su adquisición o transmisión se establece que la Administración queda vinculada a los criterios interpretativos y de valoración manifestados).

Por lo que respecta al deber de asistencia,  puede definirse como aquel que pretende prestar la ayuda o auxilio necesario a los obligados tributarios para facilitarles el ejercicio de sus derechos o el cumplimiento de sus deberes principalmente formales, de modo que, a diferencia del deber de información (que consiste en la simple transmisión de unos datos o conocimientos), la participación de la Administración es mucho más activa ^[3]. Así, como señala GARCIA obligado tributario consiste en “realizar parte del trabajo del asistido, mientras que la información supone básicamente la emisión de una declaración de conocimiento, esencialmente unilateral, con el fin de orientar la actuación del informado ^[4]”.

El artículo 77.1 del RGAT, le dedica inéditamente una definición específica al deber de asistencia, al señalar que “la asistencia tributaria consistirá en el conjunto de actuaciones que la Administración tributaria pone a disposición de los obligados para facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Entre otras actuaciones, la asistencia tributaria podrá consistir en la confección de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones de datos, así como en la confección de un borrador de declaración.”, lo cual, a pesar de que pueda parecer irrelevante, entraña una importante aportación.

En este sentido, el RGAT deja claro que la materialización del deber de asistencia podrá tener lugar con la simple puesta a disposición de un servicio o medida, de modo que el momento del cumplimiento diferirá del de la concreta recepción del auxilio pertinente (que, por su parte, dependerá de la voluntad de los obligados tributarios y no requerirá ninguna actuación de la Administración). Sin embargo, esto no ocurrirá en todos los supuestos de asistencia, sino que sólo operará en los casos donde las previsiones normativas que regulan las actuaciones no exijan otra actividad que la mera puesta a disposición.

En relación con su objeto, parece que el artículo 85.2 de la LGT lo reduce a “la realización de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones tributarias”, si bien elRGAT ha añadido expresamente la confección de borradores de declaración y la puesta a disposición de programas de ayuda para el cumplimiento de obligaciones fiscales. De este modo, y aunque dichas actuaciones tampoco sean exhaustivas, también puede observarse que su contenido podrá abarcar información sobre la normativa tributaria, sobre su interpretación administrativa, sobre datos de carácter personal y (aquí claramente) sobre aquellas otras cuestiones que puedan ayudar a facilitar la actuación de los obligados, pues esto es lo que ocurre precisamente en los mencionados programas de ayuda. Por consiguiente, también podrá ser de carácter general o particular, de la misma forma que podrá ir dirigido a una pluralidad de obligados tributarios o tener un destinatario singular.

En cuanto a la asistencia a los obligados tributarios en la realización de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones tributarias prevista en la letra e) del art. 85.2. LGT, hay que decir que en los últimos años, esta labor de facilitación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias al ciudadano, ha proliferado de manera enorme.          Esta función se hace efectiva con el establecimiento de un amplio abanico de servicios como son la disponibilidad de modelos de declaración, la proliferación de programas de ayuda para la presentación de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones, y, principalmente, en el establecimiento de servicios gratuitos para su confección de declaraciones, bien sea por los propios funcionarios, en las entidades colaboradoras, los llamados “colaboradores sociales”, o bien, por empresas externas contratadas por la propia Administración.

Es en esta actividad administrativa donde se originan un gran número de quejas y reclamaciones por parte de los obligados tributarios, quizá con razón, puesto que la norma no contiene una previsión en lo relativo a los efectos de las declaraciones presentadas conforme a la confección realizada por estos servicios, administrativos o no, pero, en cualquier caso, vinculados a la propia Administración, pudiendo llegar el declarante incluso a ser sancionado, en una comprobación posterior de la declaración presentada por los órganos de gestión o de inspección tributaria.

A este respecto, el profesor FALCÓN Y TELLA ^[5], opina que “los nuevos mecanismos de ayuda a los contribuyentes, sin duda positivos para éstos, en la medida en que el recurso a los mismos siga siendo gratuito y voluntario, deben comprometer también al sujeto activo de la imposición que los ofrece, directa o indirectamente, en el sentido de que dicho sujeto activo no puede estar sólo a las consecuencias favorables”.

El art. 85.2 de la LGT, ya comentado a lo largo de las exposición, realiza una enumeración de las actuaciones por medio de las que se dará cumplimiento por la Administración a las labores de información y asistencia, con carácter imperativo establecidas como una obligación para la Administración como señalan CARVAJO y PRATS ^[6], aunque dicha enumeración está abierta a otras posibilidades existentes o nuevas ^[7], ya que establece que, se instrumentará, entre otras, a través de las siguientes actuaciones:

a)                      Publicación de textos actualizados de las normas tributarias, así como de la doctrina administrativa de mayor trascendencia.

b)                      Comunicaciones y actuaciones de información efectuadas por los servicios destinados a tal efecto en los órganos de la Administración tributaria.

c)                      Contestaciones a consultas escritas.

d)                     Actuaciones previas de valoración.

e)                      Asistencia a los obligados en la realización de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones tributarias.

Las actuaciones enumeradas por este artículo siguen constituyendo el grueso del deber de información  asistencia, pero, como veremos a continuación, son muchas más actualmente las actuaciones desarrolladas por la Administración que conforman estos derechos, y pasamos a estudiarlas a continuación, diferenciando entre actuaciones expresamente previstas en la normativa, y aquellas otras, no contempladas por la normativa como parte de estos deberes, pero que de manera inequívoca sirven al cumplimiento de los mismos.

"Mecanismos de defensa del contribuyente. Los derechos y garantías en la normativa tributaria."

Dr. Joaquín Moya- Angeler Sánchez