2 . PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS.
2.4 EL DERECHO A LA INTIMIDAD (ART. 18.1. DE LA CE).
El art. 18.1. CE dispone que “se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”.
El art. 34.1.i) de la LGT recoge, como uno de los derechos de los obligados tributarios, el del “carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria, que sólo podrán ser utilizados para la aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de sanciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las Leyes” (supuestos que recoge el art. 95 LGT).
El art. 18.1. CE tiene por objeto garantizar un ámbito reservado de la vida de las personas frente a la acción y conocimiento de terceros, sean poderes públicos o particulares, es decir, garantiza el derecho al secreto, a ser desconocido, a permanecer ajeno. En suma, este derecho reconocido en la constitución otorga cuando menos una facultad negativa o de exclusión, que impone a terceros el deber de abstención de intromisiones, salvo que estén justificadas y sean proporcionadas, o exista un consentimiento eficaz que lo autorice.
Dentro de este ámbito constitucionalmente protegido y que, por tanto, se encuentra, en principio, reservado del conocimiento ajeno, deben incluirse los datos con trascendencia económica (y, por ende, tributaria). Así lo han puesto de manifiesto las SSTC 45/1989, de 20 de febrero, FJ 9; STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 7; STC 233/2005, de 26 de septiembre, FJ 4.
Ahora bien, el derecho a la intimidad personal y familiar del art. 18.1. CE, como cualquier otro derecho, encuentra sus límites en los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, razón por la cual en aquellos casos en los que, a pesar de producirse una intromisión en la intimidad, ésta no puede considerarse ilegítima, no se producirá una vulneración de este derecho.
Entre esos bienes constitucionalmente protegidos el Tribunal Constitucional entiende incluido el deber de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1. de la CE), que justifica la intromisión de la Administración Tributaria en la intimidad de los contribuyentes a la búsqueda de información relativa a sus relaciones económicas con terceros. El incumplimiento de ese deber constitucional se llama defraudación, siendo la lucha contra el fraude fiscal “un fin y un mandato que la Constitución impone a todos los poderes públicos y singularmente al legislador y a los órganos de la Administración tributaria” (STC 110/1984, de 26 de noviembre, FJ 3; STC 255/2004, de 22 de diciembre, FJ 5; STC 233/2005, de 26 de septiembre, FJ 5).
El deber de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos previsto en el art. 31.1. de la CE no solo se articula a través de la obligación material de contribuir, sino también mediante una serie de obligaciones formales dirigidas a transmitir información con relevancia tributaria a la Administración.
La colisión entre el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar (art. 18.1. de la CE) y el deber constitucional de contribuir a los gastos públicos (art. 31.1. de la CE) implica la inexistencia, frente a la Administración tributaria u otros poderes públicos, de un pretendido derecho absoluto e incondicionado a la reserva de los datos económicos del contribuyente con trascendencia tributaria o relevancia fiscal. (STC 76/1990, de 26 de abril, FJ 10).
Por otra parte, y como se dijo al principio, hay que destacar que conforme a los art. 34.1.i) y 95.1. de la LGT, los datos obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos expresamente previstos en la Ley.
Dicho esto, es importante tener presente que desde el punto de vista constitucional, la limitación del derecho a la intimidad que supone la obtención y archivo de información por las Administraciones Públicas sólo se legitima en la medida en que dicha información no solo sea necesaria para el ejercicio de las potestades administrativas, sino también proporcionada a las finalidades perseguidas.
Por último, cabe recordar que la Administración tributaria está obligada a garantizar tanto la confidencialidad de la información, como su uso adecuado. De la misma manera, las autoridades y funcionarios que tengan acceso a esa información están obligados “al estricto y completo sigilo”, de tal manera que la infracción de este deber de sigilo, al margen de las responsabilidades penales o civiles que pudieran derivarse, “se considerará siempre falta disciplinaria muy grave”. (Artículo 95.3.LGT).
La actividad administrativa será fiel a los fines que el sistema normativo atribuye a la potestad que ejerce y que dicha potestad se ejercerá ponderando los intereses en juego, es decir, con neutralidad e imparcialidad, encaminándose en todo caso a la salvaguarda del interés general.
(4) El interéslegítimo de la Administración en suconjuntoes, el de servir con objetividad los interesesgenerales (art. 103.1 CE). Según la doctrina del TC “El principio de neutralidad de la Administraciónrecogido en el art. 103.1 de la CE, a tenor del cual “la Administraciónpúblicasirve con objetividad los interesesgenerales”. Dentro de esaprevisión se incluye el mandato de mantener a los serviciospúblicos a cubierto de todacolisión entre interesesparticulares e interesesgenerales” (STC 77/1985, de 27 de junio, FJ 29).
El principio de legalidad constituye la primera y esencial manifestación del Estado de Derecho, sometiendo al Gobierno en su actuación a la Constitución y a las leyes (art. 97 CE), y a la Administración Pública a la Ley y al Derecho (art. 103 CE).
La legalidad como garantía constituye un medio efectivo de control de la actuación de los poderes públicos y de la interdicción de la arbitrariedad en su actuación, como expresión máxima del Estado de Derecho y de la protección de los ciudadanos. (STC 73/1983, de 30 de julio, FJ 3; STC 129/1995, de 11 de septiembre, FJ 3).
"Mecanismos de defensa del contribuyente. Los derechos y garantías en la normativa tributaria."
Dr. Joaquín Moya- Angeler Sánchez
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