2 . PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS.
2.2 EL PRINCIPIO DE LA INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD (2). (ART. 9.3. CE).
Nos referiremos a este principio únicamente en cuanto a la arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos, dejando al margen su aplicación en la actividad del legislador. En este sentido, se impone distinguir entre la discrecionalidad y la arbitrariedad en la actuación de la Administración, estando prohibida esta última.
Una primera aproximación nos permitiría definir la discrecionalidad como la facultad de la Administración de actuar libremente cuando la Ley la habilita para ello, dentro, eso sí, de límites y de condiciones para atemperar esa libertad. La constitución proclama la interdicción de la arbitrariedad de la Administración como límite extremo y abusivo del poder discrecional de la Administración.
El Tribunal Constitucional ha precisado el sentido actual de arbitrariedad en los siguientes términos: “la arbitrariedad implica la carencia de fundamento alguno de razón o de experiencia, convirtiendo en caprichoso el comportamiento humano, cuyas pautas han de ser la racionalidad, la coherencia y la objetividad”. (STC 325/1994, de 12 de diciembre).
Dos caracteres o indicadores diferenciadores determinan la diferente categoría en la que conceptualizamos el acto administrativo: el primero de ellos es la motivación del acto y el segundo la necesidad de una justificación objetiva del acto discrecional.
La motivación es la exigencia de hacer públicas las razones de hecho y de derecho que fundamentan el acto, la decisión de que se trate. El art. 54 LRJPAC vino a positivar la necesidad de motivación de los actos administrativos. La STC de 29 de septiembre de 1988, consideraba que la motivación es una exigencia constitucional, que viene impuesta por los artículos 9, 103 y 23.2 de la Constitución, al señalar que “...cuando se dice que discrecionalidad no es arbitrariedad se está diciendo precisamente, entre otras cosas, que incluso las llamadas decisiones discrecionales -y ninguna decisión administrativa lo es de manera total- han de ser motivadas. Lo contrario chocaría con preceptos de rango constitucional como los siguientes: art. 9.1 -sujeción de los Poderes Públicos a la Constitución y al resto del Ordenamiento jurídico-, art. 9.3 -interdicción de la arbitrariedad-, art. 103 -sujeción plena a la Ley y, además, al derecho que es previo a aquélla”.
En cuanto al segundo aspecto, la justificación objetiva del acto discrecional, lo que se está exigiendo a la Administración no es sino que actúe racionalmente cuando la ley le otorga libertad para elegir la opción. Así, la STC de7 de diciembre de 1987, consideraba que “...en los actos reglados, como su contenido está agotadoramente tipificado por la Ley, por regla general tendrá escasa importancia el proceso de formación de la voluntad administrativa. En cambio, en los discrecionales, al existir en mayor o menor medida una libertad estimativa, resulta de gran trascendencia el proceso lógico que conduce a la decisión”.
(2) Véase, con carácter general: AROZAMENA SIERRA, J. “Sobre la interdicción de la arbitrariedad de los poderespúblicos”, en Jornadas de estudiosobre el Títulopreliminar de la Constitución, Ministerio de Justicia, Madrid, 1988, págs. 3060 a 3088; GARCIA DE ENTERRIA, E. “¿Esinconveniente o inútil la proclamación de la interdicción de la arbitrariedadcomo principio constitucional? Una nota”, en Revista de AdministraciónPública, nº. 124, 1991, págs. 211 a 228.
Es doctrina del Tribunal Constitucional que el principio de irretroactividad de las Leyes consagrado en el art. 9.3 de la CE afecta solo a las sancionadoras no favorables y a las restrictivas de derechos individuales. (STC 27/1981 de 20 de julio, FJ 10; STC 6/1983, de 4 de febrero, FJ2; STC 150/1990, de 4 de octubre, FJ 8; STC 173/1996, de 31 de octubre, FJ 3).
El Tribunal Constitucional entiende que la restricción de derechos individuales ha de equipararse a la idea de sanción, por lo cual, el límite de dicho artículo hay que considerarlo como referido a las limitaciones introducidas en el ámbito de los derechos fundamentales y de las libertades públicas (del Título I de la CE) o en la esfera general de protección de la persona. (STC 42/1986, de 10 de abril, FJ 3).
Ahora bien, es importante tener en cuenta que las normas tributarias no son normas sancionadoras o restrictivas de derechos individuales, por lo que no existe una prohibición constitucional de la legislación tributaria retroactiva en esta materia, salvo el propio límite que impone el principio de seguridad jurídica, igualmente consagrado en el art. 9.3. de la CE. Por este motivo, y partiendo del dato de que la prohibición de retroactividad del art.9.3. de la CE únicamente es aplicable a los “derechos consolidados”, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto, entendiéndola como la incidencia de la nueva ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores y no a los pendientes, futuros, condicionados y expectativas, el Tribunal Constitucional llega a la conclusión de que dicho principio no puede entenderse en momento alguno como un derecho de los ciudadanos al mantenimiento de un determinado régimen fiscal (STC 126/1987, de 16 de julio, FJ 11), tanto más cuanto la interdicción absoluta de cualquier tipo de retroactividad conduciría a situaciones congeladoras del ordenamiento jurídico, de situaciones dadas, consecuencias que son contrarias a la concepción del art. 9.2 CE. (STC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 3).
El principio de seguridad jurídica protege la confianza de los ciudadanos que ajustan su conducta económica a la legislación vigente frente a cambios normativos que no sean razonablemente previsibles, ya que la retroactividad posible de las normas tributarias no puede trascender la interdicción de la arbitrariedad, pero no impide esos cambios, siempre y cuando existan razones de interés general que los justifiquen.
Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha venido distinguiendo, en materia tributaria, dos tipos de retroactividad: la que ha denominado como “auténtica” y la “impropia”. Habría retroactividad auténtica cuando se pretendiesen anudar efectos jurídicos a situaciones de hecho producidas con anterioridad a la Ley y ya consumadas, mientras que existiría una retroactividad impropia, cuando se afectasen situaciones jurídicas actuales y aún no concluidas (STC 126/1987, de 16 de julio, FJ 11; STC 197/1992, de 19 de noviembre, FJ 4). Determinar, entonces, cuándo una norma tributaria de carácter retroactivo vulnera la seguridad jurídica de los ciudadanos es una cuestión que sólo puede resolverse caso por caso.
(3) Véase MAGRO SERVET, V. “La irretroactividad de lasnormasjurídicas: regla general y excepciones”, en La Ley, Tomo 5, 1998; MARTINEZ LAFUENTE, A. “El fundamentojurídico de la irretroactividadtributaria”, Cívitas, Revista Española de DerechoFinanciero, n.º 40, 1983; SUAREZ COLLÍA, J.M. “El principio de irretroactividad de lasnormasjurídicas, Actas, Madrid. 1991.
"Mecanismos de defensa del contribuyente. Los derechos y garantías en la normativa tributaria."
Dr. Joaquín Moya- Angeler Sánchez
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