2 . PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS.

2.1       EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA (1). (ART. 9.3 CE).

Este principio es utilizado por el Tribunal Constitucional para controlar tanto las normas con rango de ley como la actuación de los poderes públicos (Administración y órganos judiciales). En este último caso, el principio de seguridad jurídica por sí solo no sirve como canon de control, siendo utilizado como canon de refuerzo en la protección de derechos fundamentales, únicos que tienen acceso al recurso de amparo constitucional.

En efecto, conforme a la doctrina constitucional, la seguridad jurídica (art. 9.3 CE) es un principio general del ordenamiento jurídico y un mandato dirigido a los poderes públicos que no configura, sin embargo, derecho fundamental alguno a favor de los ciudadanos que pueda interesarse en el proceso constitucional de amparo conforme a los art. 53.2 de la CE y art. 41.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (en adelante LOTC). Así sucede con carácter general, sin perjuicio de que, en cuanto denominador común de numerosas categorías jurídicas y exigencia objetiva del ordenamiento que se impone al funcionamiento de todos los órganos del Estado, al entrar en conexión con otros derechos constitucionales, pueda producir una vulneración de derechos fundamentales susceptibles de amparo de acuerdo con los presupuestos de la jurisdicción del Tribunal Constitucional.

Con referencia a la actuación de los poderes públicos, sólo cuando se quiebre la expectativa razonable del contribuyente de la que iba a ser previsiblemente la actuación de aquéllos, podrá entenderse vulnerado este principio. Ahora bien, hay que tener presente que aunque el principio de seguridad jurídica por sí mismo no puede constituirse en el canon de constitucionalidad en el análisis de la actuación de los poderes públicos, al venir recogido en un artículo, el art. 9.3 de la CE, que no es susceptible de abrir la vía del amparo constitucional, sin embargo, se utiliza por el Tribunal Constitucional en muchísimas ocasiones para reforzar sus juicios de inconstitucionalidad por vulneración de derechos fundamentales que sí son amparables.

En la jurisprudencia de los últimos años el Tribunal Constitucional ha venido reconociendo a este principio como el denominador común de numerosas categorías jurídicas y, en concreto, de derechos fundamentales como, por ejemplo, la igualdad (art. 14 CE), la libertad (art. 17 CE), la intimidad (art. 18.1 CE), la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), las garantías procesales (art. 24.2 CE) o la legalidad penal (art. 25 CE).

La LGT de 2003 refuerza la seguridad jurídica de los obligados tributarios potenciando los derechos y garantías de los contribuyentes y en este sentido:

- Se integra y mejora el texto de la Ley 1/1998, LDGC.

- Se restablece el carácter vinculante de las consultas tributarias.

- Se instaura un recurso de unificación de doctrina para los supuestos de discrepancia entre la Dirección General de Tributos y la Jurisdicción Económico-Administrativa.

- Se amplían los hasta ahora brevísimos plazos de interposición de los recursos y reclamaciones.

De conformidad con la reforma operada por la Ley 39/2015 , de 1 de octubre del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre  de Régimen Jurídico del Sector Público ; en relación con la Ley 34/2015 , de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

En relación a los principios, derechos y garantías constitucionales en los procedimientos de aplicación a los tributos y en definitiva, todos los principios que deben presidir el sistema Tributario, es importante destacar la manera en la que inciden las recientes leyes 39/2015 y 40/2015 en cada uno de ellos.

Actualmente, para reforzar el principio de seguridad jurídica, la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas;  contempla, entre otras medidas, en su artículo 21.1 la obligación de la Administración de dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. Además el mismo artículo en su apartado segundo recoge el plazo máximo de resolución que no podrá exceder de seis meses, salvo lo previsto en otra norma con rango de Ley.

También garantiza en su art.24, que en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma que se haya previsto  y una vez que haya transcurrido el plazo máximo para resolver sin haberse producido, el interesado podrá entender su solicitud estimada por silencio administrativo, salvo lo dispuesto en otra norma.  Como mecanismo de defensa de los derechos y obligaciones de los obligados tributarios se establece que por lengua oficial de todos los procedimientos se entenderá el castellano, siendo posible la compatibilidad de las lenguas cooficiales de cada Comunidad Autónoma ( art. 15) y por supuesto se establece la obligación de colaboración entre el interesado y la Administración, facilitando a la misma toda clase de informes, inspecciones y otros actos de investigación que requieran para el ejercicio de sus competencias (art. 18).

De igual manera, en su artículo 20, la Ley 39/2015, afirma que las unidades Administrativas y el personal que tengan a su cargo resoluciones o despacho de asuntos tendrán el deber y la responsabilidad de adoptar cuantas medidas sean oportunas para remover cuantos obstáculos impidan su correcto funcionamiento. De hecho los obligados podrán exigir el cumplimiento de esta obligación. 

En lo que se refiere a los principios de la Ley General Tributaria, del artículo 3.2 de la Ley General Tributaria, con esta última Ley 39/2015 se introducen reformas destacables relacionadas con la proporcionalidad, eficacia y la limitación de los costes indirectos, en tanto que se establece un único procedimiento común y se eliminan múltiples procedimientos especiales, además de la creación de un procedimiento administrativo “rápido” para supuestos de menor complejidad. De igual forma, se prescinde, como norma general, de la solicitud de documentos originales y fotocopias, pues con el envío electrónico será suficiente, por tanto se creará un registro electrónico general para la recepción de escritos, con independencia de la Administración destinataria de los mismos. También se simplifican los requisitos de identificación y de firma electrónica.

Relacionado también con la eficacia y la limitación de los costes indirectos se crea un registro electrónico de apoderamientos, tal y como versa el art. 6 de esta Ley, por el que se detalla el procedimiento a seguir en caso de apoderamientos de carácter general otorgados “apud acta” pertenecientes a todas y cada una de las Administraciones, siendo estas perfectamente interoperables entre sí de manera que quede garantizada su conexión y facilidad de trabajo; obligación que se hace extensiva también para los registros de la propiedad y mercantiles.

 Es importante también destacar la ampliación que produce ésta Ley  en todos los procedimientos administrativos  de la opción de reducir el importe de las sanciones por pronto pago o por reconocimiento de la responsabilidad.

Se incluyen novedades en cuanto a la iniciativa legislativa para incrementar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos. Entre otras medidas, la Administración divulgará un Plan Anual Normativo en el que se recogerán todas las propuestas con rango de ley o de reglamento que vayan a ser elevadas para su aprobación el año siguiente. Además se impone la obligación de evaluar periódicamente la aplicación de las normas en vigor, con el objeto de comprobar si han cumplido los objetivos perseguidos y si el coste y cargas derivados de ellas estaban justificados y adecuadamente valorados.

Especial mención merece, una de las reformas de la nueva Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, revisada el 12 de octubre del presente año en curso. Nos referimos al principio de transparencia de la Hacienda Pública que se ha implantado a través del art. 95 bis  por el que se establece la publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias.

Ante la fuerte demanda de aumentar la vigilancia y que se establezca una mayor vigilancia sobre los obligados tributarios que eluden su responsabilidad tributaria para con la Hacienda Pública, y en un momento como el que nos ocupa, con la revisión de esta Ley y la inclusión del art. 95 bis, se pretende establecer un mecanismo extra para velar por el correcto funcionamiento del Sistema Tributario español, puesto que es notable la necesidad de regular los procedimientos de gestión tributaria actualmente utilizados y concentrar la excesiva dispersión de la normativa tributaria. Además impera la necesidad de adecuar el funcionamiento de la Administración a las nuevas tecnologías.

Tal y como se expresa en la Exposición de motivos de la Ley General Tributaria, se notaba la necesidad de una revisión en profundidad de diversos apartados de la misma, con el objetivo de reforzar las garantías de los contribuyentes y la seguridad jurídica, impulsar la unificación de criterios en la actuación administrativa, posibilitar la utilización de las nuevas tecnologías y modernizar los procedimientos tributarios,  todo ello estableciendo mecanismos que refuercen la lucha contra el fraude, el control tributario y el cobro de las deudas tributarias, para disminuir los niveles actuales de litigiosidad en materia tributaria.

En virtud de este nuevo artículo, la Administración Tributaria publicará listados periódicos de deudores por sanciones o deudas con la Hacienda Pública; siempre y cuando el total de la deuda supere el millón de euros y no se haya satisfecho en período voluntario.

En dichos listados aparecerán identificados tanto la persona física deudora como la jurídica, además se especificarán la cantidad debida.

Esta publicación de listados se limita a tributos Estatales sin delegar, por el momento, función alguna a las Comunidades Autónomas. Para estar incluido en el listado se tomará como referencia el 31 de diciembre del año anterior a la publicación.

El procedimiento que se seguirá será en primer lugar la propuesta de inclusión al listado, que deberá comunicarse al menos una vez de forma fehaciente al deudor. Acto seguido, se abre un plazo de 10 días para presentar alegaciones.  Transcurrido dicho trámite, la Administración podrá acordar la rectificación del listado. Una vez practicadas las rectificaciones oportunas, se dictará el acuerdo de publicación. La notificación del acuerdo se entenderá producida con su publicación y la del listado. Mediante Orden Ministerial se establecerán la fecha de publicación, que deberá producirse en todo caso durante el primer semestre de cada año, y los correspondientes ficheros y registros.

Los listados dejarán de ser accesibles por medios informáticos a los 3 meses de su publicación, además dicha publicación está sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos. La publicación del listado pone fin a la vía Administrativa.

Con esta y las demás reformas practicadas sobre la Ley General Tributaria, se consigue una aproximación cada vez mayor a las normas generales del derecho administrativo, con el consiguiente incremento de la seguridad jurídica en la regulación de los procedimientos tributarios.

(1)  Véase, con carácter general: ASOREY, R. O., “El principio de seguridadjurídica en el Derechotributario”, Civitas. Revistaespañola de DerechoFinanciero. n.º 66, 1990; CALVO GARCÍA, M. “Los límites de la seguridadjurídica: principiosjurídicos y certeza del derecho”, en Jornadas de Estudiosobre el Títulopreliminar de la Constitución. Ministerio de Justicia, Madrid. 1988; GARCIA NOVOA, C. El principio de seguridadjurídica en materiatributaria. Edit. Marcial Pons. Madrid. 2000.

"Mecanismos de defensa del contribuyente. Los derechos y garantías en la normativa tributaria."

Dr. Joaquín Moya- Angeler Sánchez