El ministro de Justicia ha recompuesto la relación con los sectores jurídicos, pero deja importantes cuestiones pendientes.
Justicia digital, reformas procesales y respuesta legal al desafío sobereanista, objetivos del Ministerio en el último periodo de gestión.
SI SE EXCLUYE la batalla descomunal contra la crisis económica y el proceso soberanista en Cataluña, la Justicia ha sido una de las piedras más molestas en el zapato del Gobierno de Mariano Rajoy durante la X Legislatura.
La llegada de Rafael Catalá al caserón de la calle de San Bernardo, en septiembre de 2014, tras la retirada del proyecto de ley de aborto ordenada por Rajoy, supuso un giro de moderación en el Ministerio de Justicia. El nuevo ministro orientó sus esfuerzos a recomponer las relaciones con los sectores profesionales irritados por las decisiones que el equipo de Alberto Ruiz Gallardón había impuesto durante los tres años anteriores sin escucharles. Pero no ha terminado de conseguirlo.
Rafael Catalá retiró inmediatamente las tasas judiciales como prenda del acuerdo que se comprometió alcanzar con todos los sectores de la Administración de Justicia: abogados, jueces, fiscales, registradores, notarios, secretarios, procuradores y comunidades autónomas.
El antiguo secretario de Estado del Ministerio con los gobiernos de Aznar era posiblemente la persona idónea para afrontar esa tarea: conocía los problemas desde dentro y al máximo nivel; contaba con un nuevo bagaje de gestión económica como secretario de Estado de Infraestructuras en el Ministerio de Fomento; y disfrutaba de hilo directo con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
En menos de un año, Catalá ha logrado reconvertir el programa legislativo enviado a las Cortes por su antecesor e impulsar nuevos objetivos políticos: avanzar en la implantación de la Justicia digital, reorganizar la administración judicial, moderar las reformas procesales y responder con firmeza al desafío soberanista catalán.
El nuevo ministro ha contribuido a la intensidad legislativa de este final de Legislatura mucho más de lo que cabía esperar de un equipo recién llegado. Catalá ha dirigido o participado en la aprobación de 12 de las 16 leyes orgánicas, 9 de las 48 leyes ordinarias y 2 de los 11 decretos-leyes promulgados hasta la disolución de las Cámaras y la convocatoria de las elecciones del 20 de diciembre.
En total, 23 normas con rango legal frente a las 25 que protagonizó su antecesor en los tres años anteriores.
La X Legislatura ha acabado con 245 leyes promulgadas: 41 de carácter orgánico, 128 ordinarias y 76 decretos-leyes hasta el día de la disolución de las Cámaras. El Ministerio de Justicia ha participado en 19 de las 41 leyes orgánicas promulgadas en la Legislatura (46%). Y ha sido protagonista en 17 leyes ordinarias y 7 decretos-leyes, dos de ellos tramitados después como proyectos de ley. En total, ha patrocinado unas 45 normas con rango de ley. Además, ha intervenido en la redacción del Texto refundido de los derechos de las personas con discapacidad, uno de los nueve decretos legislativos sancionados en estos cuatro años.
El giro político no ha afectado de la misma forma a las leyes en las que Justicia comparte responsabilidad con otros ministerios. La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, refuerza las penas de los delitos más graves y despenaliza los más leves, las faltas, que pasan a considerarse infracciones administrativas.
El nuevo Código está marcado por la implantación de la prisión permanente revisable, que suscita gran debate doctrinal, aunque se acompaña de medidas de refuerzo contra los delitos de corrupción, incitación al odio y la violencia.
Esta ley orgánica se promulgaba el mismo día que la Ley 2/2015, que modificaba el mismo código para tipificar los nuevos delitos de terrorismo individual y suicida y de menosprecio o humillación de las víctimas, fruto del pacto contra el yihadismo que el Gobierno había firmado con el Partido Socialista en forma de proposición de ley.
La pugna entre seguridad y derechos afloró de forma nítida en la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. El ministerio del Interior presentó a través del Grupo Parlamentario Popular del Congreso una enmienda para regular el “rechazo” de los inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, corregida parcialmente
en el Senado tras los serios reparos jurídicos que suscitó y que pese a ello se mantienen.
Las facultades de sanción administrativa conferidas a la policía sobre los excesos en manifestaciones y protestas han llevado a calificar esta norma de “Ley mordaza”, y finalmente prendieron en el Gobierno que, sin renunciar a ellas, se vio obligado a incluir en el proyecto una cláusula de protección de los derechos y libertades constitucionales.
Justicia ha participado también activamente en la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, y en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Estas dos normas complementarias definen nuevos derechos sustantivos de los menores y garantizan su tutela judicial.
Justicia también tuvo parte en dos reales decretos. En el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, que eliminó las tasas judiciales y volvió a revisar la Ley Concursal para modificar las retribuciones de los administradores e incluir la figura del mediador concursal. Y en el Real Decreto-ley 3/2015, de 22 de marzo, por el que se prevé una oferta de empleo público extraordinaria y adicional se autorizaban 160 plazas de secretarios judiciales, en línea con el incremento de recursos que el ministerio ha conseguido movilizar también para convenios con las comunidades autónomas en materia de medios electrónicos.
Con ese mismo objetivo de optimizar los recursos humanos y técnicos de la Justicia, Catalá comenzó por negociar con jueces, secretarios y abogados el texto que se ha plasmado en la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
La ley reorganiza la administración judicial, consagra el expediente electrónico y la colegiación de la función jurisdiccional, precisando las competencias de los jueces de adscripción territorial; prorroga la edad de retiro de jueces y fiscales y refuerza el Consejo General del Poder Judicial. La misma norma eleva el papel de los secretarios judiciales, que adoptan la denominación de “letrados de la Administración de Justicia” y les encomienda la dirección de la oficina judicial.
El Gobierno aprovecha la misma ley para hacer otra rectificación a Ruiz Gallardón: el encargo del Registro Civil a los registradores. La desjudicialización de los registros, establecida hace cuatro años en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, se aplaza dos años más sin resolver qué cuerpo sustituirá a los jueces en su llevanza. De ahí que la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil se promulgue unos días antes creando la subasta electrónica en el BOE y un nuevo procedimiento de obtención de la nacionalidad por residencia. Pero limitándose en materia de registro a implantar la tramitación electrónica de nacimientos y defunciones desde los centros sanitarios.
LEYES ORGÁNICAS EN MATERIA DE JUSTICIA DE LA X LEGISLATURA
2012:
- LO 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
2013:
- LO 1/2013, de 11 de abril, sobre el proceso de renovación del CGPJ, por la que se suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
- LO 4/2013, de 28 de junio, de reforma del CGPJ, por la que se modifica la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
2014:
- LO 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón.
- LO 4/2014, de 11 de julio, complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
- LO 5/2014, de 17 de septiembre, por la que se autoriza la ratificación de las Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, relativas a los crímenes de guerra y al crimen de agresión, hechas en Kampala el 10 y 11 de junio de 2010.
- LO 6/2014, de 29 de octubre, complementaria de la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE, por la que se modifica la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
2015:
- LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
- LO 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo.
- LO 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
- LO 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la LECRIM y la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales.
- LO 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
- LO 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
- LO 10/2015, de 10 de septiembre, por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal.
- LO 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo.
- LO 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la LECRIM para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.
- LO 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar.
- LO 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la LO 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho.
- LO 16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España.
Durante la primera mitad del año, el nuevo equipo de Justicia revisó y retocó ligeramente los proyectos más técnicos que se encontraban en trámite y que se han convertido después en la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, relativa al derecho a la interpretación y traducción en procesos penales; la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria; Ley 16/2015, de 7 de julio, por la que se regula el estatuto del miembro nacional de España en Eurojust; la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil; la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar; y la Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros.
Entre estas seis leyes destaca la de Jurisdicción Voluntaria, que regula la opción por notarios, registradores o secretarios judiciales para resolver asuntos civiles y mercantiles en los que no exista controversia. Y los nuevos letrados de la Administración de Justicia incrementan sus competencias en los procesos con sede judicial en los que se limita la necesidad de abogados y procuradores.
La reorganización de funciones de los operadores jurídicos ha culminado al final de la legislatura en las nuevas leyes procesales civiles y penales. La Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil implanta en este orden los procedimientos electrónicos, encargando a los procuradores nuevo trámites y la responsabilidad colegial del servicio de notificaciones y comunicaciones procesales.
Además, Catalá ordenó incluir en él los aspectos no conflictivos del Proyecto de Ley de reforma de la Asistencia Jurídica Gratuita, iniciativa que se deja decaer ante el rechazo frontal de la Abogacía. La redacción final amplía el derecho de justicia gratuita a determinados colectivos sociales; reforma la composición de las comisiones de asistencia jurídica gratuita y remite a una comisión mixta el desarrollo normativo para que los graduados sociales accedan al sistema de asistencia jurídica gratuita.
El mismo 5 de octubre, el BOE publicaba leyes de reforma de Enjuiciamiento Criminal en las que el Gobierno no ha sabido encontrar finalmente el consenso que denodadamente ha buscado con los sectores judiciales que deben aplicarlas. Y en ello ha jugado muy negativamente la falta de más tiempo para su elaboración.
La Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales limita la duración de la instrucción a unos plazos que jueces y fiscales
siguen considerando irreales, también la Abogación ha mostrado su desacuerdo, y que de aplicarse podrían producir impunidad en muchos casos, según las asociaciones judiciales.
La norma establece nuevas reglas de conexidad para evitar la acumulación de delitos en la misma causa, retira del ámbito judicial la mayoría de los atestados policiales sin autor conocido, regula un proceso monitorio para delitos menores como los de tráfico y refuerza las garantías procesales de los detenidos incomunicados.
Su hermana, la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, cambia la figura de “imputado” por la de “investigado”, prohíbe la intervención de las comunicaciones entre investigados y sus abogados defensores y autoriza la prórroga por cinco días más de la prisión incomunicada para delitos terroristas.
La entrada en vigor el 5 de diciembre de estas reformas constituye una auténtica revolución de efecto difícilmente predecible que amenaza el entendimiento logrado por Rafael Catalá con el Poder Judicial y agrava su desencuentro con el Ministerio Fiscal. La carrera fiscal ha visto cómo se truncaba el proyecto de asumir la dirección de la instrucción y no se ha recuperado del malestar por las tensiones con el Gobierno que provocaron la dimisión del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, en diciembre de 2014.
Uno de los factores de aquella renuncia fue la actuación de los fiscales frente al sucedáneo de referéndum soberanista en Cataluña. Para asegurar sus recursos legales en esta cuestión política de primer orden, el Gobierno ha entablado su última batalla legislativa de la Legislatura reforzando los poderes de ejecución del Tribunal Constitucional frente a autoridades y funcionarios.
La Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del TC como garantía del Estado de Derecho se presentó a través de una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, con carácter urgente y eludiendo los dictámenes de los organismos consultivos.
Con el mismo procedimiento, se había puesto en marcha la reforma que frustró la carrera del ministro Ruiz Gallardón, la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo, una de las últimas leyes de esta X Legislatura de las Cortes Generales.
Revista del Consejo Generlas de la Abogacía "ABOGADOS" Nº94. Julio Fernández López.
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